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Nuevo reporte revela que son más de mil Equipos de Criptominería incautados en la Sierra Norte de Puebla Tras Cateo de la Semar

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TLAOLA, Pue. — Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Estatal de Puebla, la Policía Municipal de Huauchinango y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un total de mil 32 equipos de cómputo presuntamente dedicados a la minería de criptomonedas durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Tlaola, ubicado en la Sierra Norte del estado.

La intervención federal aclaró las cifras iniciales emitidas días antes, puntualizando que el hallazgo preliminar de aproximadamente 300 unidades correspondió a las primeras inspecciones del sitio el pasado 3 de septiembre. La contabilización formal durante el cateo del viernes 11 de septiembre confirmó que el predio albergaba más de un millar de procesadores tipo ASIC Miners, especializados en el procesamiento continuo de activos digitales como Bitcoin, desmintiendo la existencia de un segundo inmueble en la demarcación.

Durante el operativo en la instalación, rodeada de densa vegetación para dificultar su localización, se aseguraron además 95 switches de red, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores eléctricos de alta capacidad, cableado de potencia y un compresor de aire de 80 litros utilizado para disipar el calor generado por los equipos. En el sitio también fue localizada una escopeta con doce cartuchos calibre .410.

El hallazgo derivó en acusaciones públicas por parte de la corriente disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyo dirigente Rosendo Flores señaló directamente al diputado local y líder sindical en la entidad, Miguel Márquez Ríos, de estar presuntamente vinculado al uso irregular de infraestructura eléctrica para estas granjas informáticas. En respuesta, Márquez Ríos negó categóricamente cualquier relación con el inmueble asegurado en Tlaola y afirmó no haber recibido requerimiento alguno por parte de las autoridades judiciales. Las investigaciones federales continúan para determinar la procedencia de los recursos, la fuente de suministro eléctrico y la posible presencia de grupos delictivos en la zona.

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