La crisis política y de gobernabilidad en el municipio de Atlixco ha escalado de manera significativa en los últimos días. El Partido Acción Nacional (PAN) en la demarcación exigió formalmente la separación temporal del cargo de la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, así como del tesorero municipal, Juan Francisco García Martínez. Esta solicitud surge a raíz de los recursos de amparo promovidos por ambos funcionarios ante la justicia federal para evitar posibles órdenes de aprehensión, situación que coincide con la reciente detención y vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad Pública local.
Los hechos que detonaron este revuelo político comenzaron el pasado 14 de agosto, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) capturaron a Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El exfuncionario policial fue aprehendido sobre la autopista Puebla-Atlixco bajo los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Tras su captura, un juez determinó su vinculación a proceso, por lo que permanece recluido en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias complementarias.
Lejos de calmarse las aguas tras el arresto del mando policial, la tensión aumentó cuando trascendió que la alcaldesa Ariadna Ayala y el tesorero municipal recurrieron al Poder Judicial de la Federación en busca de protección legal. De acuerdo con los registros de los juzgados federales, Francisco García tramitó el amparo bajo el expediente 923/2026, el cual fue admitido tras concedérsele una suspensión provisional. Por su parte, la presidenta municipal intentó tramitar un recurso similar bajo el expediente 914/2026, aunque su demanda inicial presentó omisiones formales sobre las autoridades responsables que pretendía señalar.
Ante este escenario, la representación municipal del PAN emitió un posicionamiento enérgico en el que advirtió que Atlixco no puede mantenerse bajo un gobierno marcado por la «incertidumbre, el silencio oficial y la sospecha». El partido opositor reconoció que cualquier ciudadano o servidor público tiene el derecho constitucional a defenderse mediante los canales legales disponibles; sin embargo, puntualizaron que al tratarse de posibles omisiones o delitos en el ejercicio del servicio público, el tema trasciende el ámbito personal y vulnera la confianza institucional y la gobernabilidad del Pueblo Mágico.
La exigencia de licencia o separación temporal no solo se limita al ámbito partidista local, sino que ha llamado la atención de las autoridades estatales. El titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, se pronunció respecto a los amparos solicitados por la administración atlixquense y señaló que corresponderá enteramente a los funcionarios explicar las razones detrás de sus acciones legales, bajo la premisa de que «el que nada debe, nada teme». Asimismo, el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, solicitó que las investigaciones ministeriales se profundicen para indagar si existió algún grado de omisión o encubrimiento por parte de la alcaldesa hacia las acciones del exsecretario de seguridad.
Mientras la presión política continúa incrementándose y las actividades públicas de la alcaldesa se han pausado temporalmente tras ausentarse de eventos institucionales recientes, el futuro político del municipio permanece en el aire. Las determinaciones que adopten los juzgados federales en torno a los amparos interpuestos, sumadas a los avances de las indagatorias ministeriales a cargo de la Fiscalía de Puebla, definirán el rumbo administrativo de Atlixco en las próximas semanas.