La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jesús Daniel «N» y Jesús Alberto «N», identificados por las autoridades como presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como «Los Chapitos». Ambos sujetos permanecían bajo custodia tras haber sido capturados al concluir un despliegue operativo en territorio poblano.

Los hechos se derivan del enfrentamiento armado registrado la tarde del pasado miércoles 26 de agosto en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, en coordinación con corporaciones locales, ubicaron a los imputados quienes se habrían trasladado a la entidad con el fin de ocultarse tras huir de Sinaloa.

Durante el operativo táctico se registraron al menos 25 detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes de la zona. Como resultado del intercambio de disparos, un presunto agresor perdió la vida en el lugar al interior de un vehículo Chevrolet Chevy de color gris, mientras que los dos detenidos resultaron lesionados antes de ser asegurados por las fuerzas de seguridad.

A la par de su judicialización por los hechos ocurridos en Cholula, las investigaciones vinculan a Jesús Daniel «N» y Jesús Alberto «N» con el homicidio del influencer César «N», acontecido el pasado 4 de agosto en Culiacán. Por esta razón, su aprehensión formaba parte de los objetivos prioritarios de los órganos de inteligencia de la federación.

Finalmente, en el marco de la audiencia inicial celebrada el sábado 29 de agosto, el juez local a cargo del caso decretó la declinación de competencia de la causa hacia el fuero federal. Con esta resolución, serán los tribunales de la federación quienes continúen con el proceso legal en contra de ambos presuntos criminales.

El costo del gas licuado de petróleo (LP) se mantendrá sin variaciones en la capital poblana y su zona metropolitana para el periodo del 30 de agosto al 5 de septiembre, según el reporte de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Para esta semana, el precio por kilo se fijó en 18.87 pesos con IVA incluido, lo que sitúa el litro en 10.19 pesos y el tanque tradicional de 20 kilogramos en 377.40 pesos.

Estos costos corresponden a la Región 154, que abarca a Puebla capital y municipios conurbados clave como:

Amozoc

Atlixco

Cuautlancingo

San Andrés Cholula

San Martín Texmelucan

San Nicolás de los Ranchos

Tianguismanalco

Tlahuapan

Huejotzingo

Comportamiento a la baja tras semanas de volatilidad
Esta es la primera ocasión desde finales de julio que el hidrocarburo logra estabilizar su costo por más de una semana consecutiva. Tras el inicio de agosto, el mercado experimentó altibajos que llevaron el precio a uno de los puntos más económicos del año, previo a registrar un repunte temporal y estabilizarse finalmente en su tarifa actual.

Panorama en el resto del estado
El reporte de la CNE divide a la entidad en 17 regiones operativas con variaciones en sus tarifas máximas:

Los precios más altos se registran en la Región 200 (Chichiquila, Chilchotla y Quimixtlán), donde el tanque de 20 kilos alcanza los 401.80 pesos (20.09 pesos por kilo). Le sigue la Región 149 (Acatlán y la Mixteca) con 389.40 pesos por cilindro.

Los precios más accesibles se localizan en la Región 84 (Honey, Pahuatlán y Tlaxco), donde el tanque se cotiza en 370.80 pesos (18.54 pesos por kilo), y en la Región 197 (San José Chiapa, Nopalucan) con 371.60 pesos.

En la zona centro-oriente (Región 155, que incluye Tehuacán, Tepeaca y Tecamachalco), el tanque de 20 kilos se mantiene en 376.40 pesos (18.82 pesos por kilo).

La diputada poblana sostiene que sus comentarios fueron sacados de contexto y denuncia ser víctima de violencia política de género junto con Nayeli Salvatori.

La diputada local Graciela Palomares Ramírez reapareció en la Comisión Permanente del Congreso de Puebla para hacer frente a las críticas tras sus controversiales comentarios sobre los adultos mayores. Lejos de retraerse, la legisladora minimizó el impacto de sus dichos asegurando que existen faltas más severas dentro de Morena que no reciben la misma atención mediática ni sanción pública.

La controversia se originó a raíz de los comentarios difundidos en el espacio digital «Las Descasadas», conducido junto con la legisladora Nayeli Salvatori Bojalil, en los cuales se refirieron a los adultos mayores señalando que «huelen a baúl» y «ya se están pudriendo». Dichas declaraciones generaron un inmediato rechazo social y político, motivando un pronunciamiento formal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que condenó enérgicamente el uso de lenguaje discriminatorio contra sectores vulnerables por parte de representantes populares.

Al fijar su postura, Palomares defendió el tono de la emisión al señalar que «estás viendo a otras personalidades incurrir en faltas graves y al final van a seguir en la boleta», cuestionando la contundencia de las sanciones internas en el partido.

Asimismo, la diputada arremetió contra el impacto mediático del caso añadiendo que «hay otros personajes que no han sido responsables y su actuar opaca los excelentes resultados de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo», al tiempo que denunció que la ola de ataques y exigencias de sanción en su contra corresponden a un linchamiento digital y actos de violencia política de género.

• Palomares argumentó que sus expresiones —emitidas en el espacio digital “Las Descasadas” junto con la legisladora Nayeli Salvatori Bojalil— responden a un formato de entretenimiento y sátira similar al de programas como La Casa de los Famosos, por lo que no deberían juzgarse como posturas de agenda legislativa.
• Señalamientos a la interna del partido: Palomares cuestionó la doble moral dentro del movimiento, afirmando que hay figuras con «faltas graves» que continúan en las listas electorales sin consecuencias, mientras que la controversia alrededor de su caso busca opacar los avances del gobierno federal.

El caso ha derivado en señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manteniendo abierta la polémica sobre los límites del discurso público de los representantes populares en plataformas de entretenimiento digital.