La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de las Américas Puebla con la finalidad de generar acciones, proyectos y propuestas que permitan atender la problemática del desabasto de agua en el municipio.

Acompañada por autoridades académicas de la institución, la alcaldesa destacó la importancia de sumar esfuerzos con la academia para encontrar soluciones innovadoras en torno al recurso hídrico.

Cuautle Torres señaló que este convenio permitirá no solo contar con el apoyo de especialistas e investigadores para desarrollar propuestas y proyectos enfocados en abatir la falta de agua, sino también brindar a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en problemáticas reales que afectan a la comunidad.

Asimismo, explicó que esta colaboración contempla la realización de talleres, investigaciones y proyectos conjuntos orientados a fortalecer la cultura del cuidado del agua y generar alternativas viables ante la crisis hídrica.

La presidenta municipal subrayó que la problemática relacionada con el recurso hídrico es una situación que preocupa tanto al municipio de San Andrés Cholula como al sector académico, por lo que consideró fundamental trabajar de manera coordinada para impulsar soluciones sostenibles.

En medio de los recientes cambios impulsados al sistema notarial en Puebla, la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Atlixco quedó oficialmente sin auxiliar tras la renuncia de Alfonso González cuya patente fue cancelada por determinación del gobierno estatal.

Esa decisión está asentada en un acuerdo emitido por la Dirección General del Notariado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) documento en el que se establece el cese de funciones del exfuncionario quien argumentó “motivos personales” para dejar el cargo.
La titular de la Notaría Pública número 2, Elvia Graciela Morales Sánchez, notificó formalmente la separación de González hecho que derivó en la intervención del titular del Poder Ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, quien ordenó la cancelación de la patente correspondiente.

De acuerdo con registros del gobierno estatal González desempeñó funciones como notario auxiliar durante los últimos cinco años. Además anteriormente estuvo al frente de la propia Notaría número 2 del Distrito Judicial de Atlixco, uno de los despachos con mayor actividad jurídica en la región.

Aunque el documento oficial no profundiza en las causas específicas de la renuncia, la salida ocurre en un contexto de transformación en el sistema de selección de notarios auxiliares en Puebla luego de la reforma a la Ley del Notariado aprobada en octubre de 2022.

Con dichas modificaciones legales quienes aspiren a ocupar una notaría auxiliar deben someterse a un proceso de evaluación más estricto integrado por un examen teórico y otro práctico. Ambos son calificados por un jurado conformado por representantes de la Consejería Jurídica, titulares de notarías y un presidente designado directamente por el Poder Ejecutivo.

La vacante abierta en Atlixco obligará al gobierno estatal a emitir próximamente una nueva convocatoria para designar al próximo notario auxiliar de la demarcación.

Dentro de la estructura jurídica estatal los notarios auxiliares desempeñan un papel clave: actúan como suplentes de los titulares de las notarías durante ausencias temporales y, durante ese periodo, asumen plenamente las facultades legales y administrativas del despacho.

La salida de González Cruz marca un nuevo movimiento dentro del sistema notarial poblano, un sector que en los últimos años ha enfrentado ajustes legales, revisiones administrativas y mayores controles para el acceso a cargos públicos vinculados con la fe pública.

Sobre el caso de los funcionarios mexicanos acusados por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador, Enrique Inzunza, el presidente de la American Society of México, Larry Rubin consideró que lo mejor es que “den la cara” ante la justicia norteamericana para que allá demuestren su inocencia respecto a los cargos que se les imputan.

En conferencia de prensa para anunciar la cena de gala para celebrar los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, Rubin reconoció que los temas de seguridad siempre son un factor de incertidumbre para las inversiones bilaterales, por lo que es importante que en este caso particular los 8 políticos mexicanos sean detenidos y extraditados, como lo ha solicitado el Departamento de Justicia al gobierno de México.

“Definitivamente siempre es nuestro creer que ante este tipo de señalamientos y acusaciones lo mejor es dar la cara y estar frente a las cortes para comprobar la inocencia y definitivamente el que estos 8 acusados fueran a Estados Unidos y se declaren como quieran declararse, culpables o inocentes sería un paso importante.

“También, al mismo movimiento le quitaría tensión innecesaria y creo que esto es muy importante y particularmente como dice el dicho ‘el que nada debe, nada teme’ y creo que es muy importante lo que hicieron los dos que se entregaron ante la justicia estadounidense y el deseo de todos, es que los otros 8 se puedan entregar”

Agregó que no es noticia nueva el que hoy se den a conocer que actores políticos estén involucrados o comprometidos en acciones de narcoterrorismo.

Acompañado de Enrique Huesca, CEO de American Society Mexico, el empresario recordó que los carteles son considerados terroristas y aquí o en Estados Unidos se les está combatiendo para hacer más seguros a ambos países y con ello, los demás temas de la relación bilateral avancen de manera firme.

“Es muy importante asegurar que nadie ni nada está por encima de la ley no, y definitivamente si algún político en México o en Estados Unidos está contaminado o ha sido tocado por el narco terrorismo, pues sin duda el gobierno del presidente Trump ha sido muy claro que los someterá la justicia”.

No obstante, Larry Rubin destacó avances en México en la lucha contra estos grupos que extienden sus relaciones con políticos, no de ahora, sino desde hace por lo menos una década.

“Estados Unidos no va a parar hasta que todos los que están involucrados con el narcoterrorismo se les lleve a la justicia y creemos que mientras esto no se vea como un tema soberano sino como un tema bilateral en el que ambas naciones tienen que trabajar conjuntamente para que haya la mayor erradicación de involucrados posibles”