La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, detalla una red de sobornos a cambio de facilitar el tráfico de drogas además de brindar protección institucional al Los Chapitos.

A cambio de sobornos, los acusados han colaborado presuntamente con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, razón por la que se les acusa de asociación delictuosa.

Uno de los señalados en la acusación es el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general en el gobierno de Rubén Rocha y presuntamente se reunió con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de Los Chapitos, para planear la protección, por parte del gobierno estatal, al cártel a cambio de favores.

Tanto Inzunza Cázarez, como Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa hasta 2024, ayudaron a los líderes de Los Chapitos a colocar a funcionarios en cargos específicos para traficar drogas.

Rubén Rocha Moya es señalado en una acusación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a Los Chapitos
Supuestamente, Díaz Vega les proporcionó a los líderes del cártel una lista con nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran amenazados y se retiraran de la contienda electoral.

Además, la acusación del gran jurado indica que los implicados le han proporcionado al crimen organizado información sobre procesos judiciales, investigación en contra de sus miembros, así como información sensible sobre militares y autoridades.

“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias”, dice la acusación.

En las pruebas que se presentan en la acusación hay una lista de los pagos del jefe de plaza de Culiacán a funcionarios del estado. El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, se encuentra bajo el alias de “Culiacán Regio”, y recibía 200 mil pesos mensuales.

Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía estatal hasta 2022, recibía 300 mil pesos al mes, al igual que su reemplazo, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien estuvo a cargo de la PDI hasta febrero de 2026.

“Entre otros aspectos, Contreras Núñez ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”, señala la acusación.
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, recibió un millón 754 mil 300 pesos a cambio de notificar a los Chapitos sobre redadas en los laboratorios de drogas para que los miembros del cártel trasladaran sus equipos a otra ubicación.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector de la Policía de Sinaloa de 2017 a 2022, recibía 100 mil pesos mensuales y también es señalado por informar a los Chapitos sobre operativos que presuntamente se realizarían en su contra.

Las acusaciones señalan filtración de operativos, protección al crimen organizado y participación en delitos que incluyen narcotráfico, armas de alto poder y secuestro con resultado de muerte

“Tuvo involucramiento en la notificación previa a los Chapitos de las operaciones de las fuerzas del orden público contra ellos, de modo que los miembros de los Chapitos pudieran evadir la detención y la detección y tomar medidas para protegerse antes de dichas operaciones”, señala la acusación.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, policía municipal de Culiacán, recibía 30 mil pesos mensuales y es señalado ayudar a sicarios a secuestrar a Alexander Meza León, informante de la DEA, quien posteriormente fue asesinado.

En total, la acusación señala cinco cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.