Con el propósito de garantizar espacios escolares más seguros y libres de agresiones para niñas, niños y jóvenes, la diputada Susana Riestra ha presentado una importante iniciativa en el Congreso del Estado de Puebla enfocada en el fortalecimiento de la prevención de la violencia dentro de los planteles educativos. La propuesta surge como una respuesta urgente a las problemáticas sociales actuales que impactan directamente el desarrollo emocional y académico de la comunidad estudiantil en la entidad.

Durante su exposición, la legisladora destacó que las instituciones educativas no solo deben ser centros de enseñanza académica, sino también entornos protectores donde se fomente la cultura de la paz, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. Para lograrlo, la iniciativa plantea la necesidad de actualizar y blindar los protocolos de actuación frente a cualquier tipo de acoso o agresión, asegurando una coordinación estrecha entre directivos, docentes, padres de familia y autoridades gubernamentales.

Asimismo, la propuesta enfatiza la urgencia de implementar programas de capacitación continua orientados a la detección temprana de conductas de riesgo y brindar herramientas psicológicas adecuadas tanto a los alumnos como al personal docente. Según los planteamientos de la diputada Riestra, es indispensable involucrar a todos los sectores de la sociedad para atender las causas raíz de la violencia escolar, evitando así que los conflictos escalen dentro o fuera de las aulas.

Se espera que en los próximos días la iniciativa sea analizada y discutida en las comisiones correspondientes del Poder Legislativo poblano, donde diversas fuerzas políticas han manifestado la relevancia de sumar esfuerzos para proteger la integridad de la niñez y la juventud. Con este tipo de acciones, el Congreso busca consolidar un marco legal robusto que garantice una educación de calidad en un ambiente seguro, armónico y propicio para el aprendizaje.

PUEBLA, Pue. — Con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas organizaciones jurídicas, la activista poblana Olimpia Coral Melo impulsa una propuesta de reforma al Capítulo 19 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El objetivo principal es eliminar los vacíos legales del acuerdo comercial que impiden a las autoridades mexicanas investigar delitos virtuales y sancionar a las grandes corporaciones tecnológicas.

Durante la presentación de la campaña Derechos Digitales, encabezada por el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, Melo Cruz enfatizó que el libre comercio no puede anteponer los intereses corporativos por encima de la integridad y los derechos humanos de las mujeres y niñas.

«El libre comercio no puede ser excusa para dejar desprotegidas a las mujeres», aseveró la activista.

Los tres obstáculos del Capítulo 19 del T-MEC

La propuesta técnica, elaborada junto con especialistas del PUEDJS-UNAM, identifica tres artículos clave que actualmente perpetúan la impunidad en el entorno virtual:

• Artículo 19.12 (Ubicación de instalaciones informáticas y acceso a datos):Prohíbe a los Estados exigir a las empresas tecnológicas la instalación de servidores en territorio nacional o el acceso a datos almacenados fuera del país. En la práctica, esto impide que las fiscalías mexicanas obtengan evidencia indispensable —como chats, imágenes o registros de IP— para investigar delitos de violencia de género, trata o explotación sexual.
  • La propuesta: Obligar a las plataformas a sujetarse a la legislación local de cada país donde operen y a responder con celeridad a los requerimientos judiciales nacionales.
• Artículo 19.16 (Transparencia e información de algoritmos):Carece de reglas que obliguen a las corporaciones a transparentar sus códigos, sistemas de recomendación y políticas de moderación. Esto permite que los algoritmos amplifiquen discursos de odio o contenido no consentido sin supervisión pública.
  • La propuesta: Exigir informes periódicos sobre el funcionamiento de sus algoritmos y mecanismos de moderación, garantizando rendición de cuentas ante instituciones públicas.
• Artículo 19.17 (Inmunidad sobre contenidos de terceros):Exime a las empresas de responsabilidad legal por los contenidos publicados por sus usuarios.
  • La propuesta: Que las plataformas asuman responsabilidad directa por el impacto y la distribución amplificada de contenidos agresivos que infrinjan los derechos humanos.

Contexto y marco legal: ¿Qué es la Ley Olimpia?

La iniciativa surge en el marco de la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas aprobadas en México a partir de 2018 que tipifican y sancionan la violencia digital. La ley define este delito como toda acción realizada a través de medios tecnológicos que viole la intimidad, privacidad y dignidad de las personas.

Las sanciones abarcan no solo la difusión sin consentimiento de contenido íntimo real, sino también la producción, almacenamiento y alteración de imágenes o videos mediante Inteligencia Artificial (IA), un problema en aumento con el uso de herramientas como las deepfakes.

Exigencia ciudadana en el marco de la revisión del T-MEC

Aprovechando el proceso de revisión del T-MEC iniciado en mayo de 2026, organizaciones sociales y la ciudadanía han iniciado una movilización para presionar a la Secretaría de Economía y al Poder Legislativo mexicano a incluir la perspectiva de derechos digitales en la agenda de negociación.

A través de la plataforma Change.org, la petición «Alto a la Violencia Digital: Reformar el T-MEC // Stop Digital Violence: Reform the USMCA» supera ya las 7,800 firmas. Asimismo, el sitio web del PUEDJS-UNAM mantiene disponible para descarga un Formato de Exigencia Ciudadana para que la población remita formalmente sus peticiones a las autoridades correspondientes.

Puebla, Pue. Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo regional y la participación social, el gobierno estatal mantiene en marcha un esquema de apoyo directo a través del Programa de Obra Comunitaria. Informes recientes detallan la puesta en marcha de 74 proyectos con una inversión superior a los 22 millones de pesos, distribuidos de manera estratégica en 36 municipios de la entidad. Estas acciones buscan atender las demandas prioritarias de las distintas comunidades, destacando un importante respaldo enfocado en la capital poblana para consolidar obras de alto impacto social.

En este mismo contexto de impulso a la economía local, la administración estatal concretó la entrega de 10 proyectos productivos dirigidos a artesanas y artesanos de seis microrregiones del estado, destinando para ello una inversión de 4.5 millones de pesos. Durante un evento oficial, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que el respaldo al sector artesanal es una prioridad para preservar el patrimonio cultural de las regiones. Los recursos están diseñados para que los creadores adquieran herramientas de trabajo, insumos y desarrollen marcas que mejoren la comercialización de sus piezas.

Asimismo, el mandatario estatal instruyó a las dependencias involucradas —como las secretarías de Bienestar y de Desarrollo Turístico— a mantener una vinculación cercana con los productores locales para fomentar el consumo regional y asegurar que los apoyos lleguen de forma directa a quienes conservan técnicas tradicionales. Con estas estrategias conjuntas, que van desde la obra comunitaria hasta el fortalecimiento de microempresas artesanales, el gobierno de Puebla busca consolidar un modelo de riqueza colectiva que reactive la economía desde el nivel municipal y fomente el bienestar social en el estado.