Una mujer que había solicitado la residencia en Estados Unidos fue deportada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber argumentado que su vida corría peligro si regresaba a su país de origen. Según sus abogados, fue enviada a una zona de África aún no identificada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero y seguridad.

La mujer, cuya identidad permanece reservada, vivía en la República Democrática del Congo. Desde los 14 años fue obligada a convertirse en la sexta esposa de un político influyente, como parte del pago de una deuda familiar. Tras ese acuerdo forzado, presenció el asesinato de su padre y sufrió múltiples abusos físicos y sexuales durante años. En ese contexto tuvo cuatro hijos y vivió bajo condiciones que sus defensores describen como las de una “rehén doméstica”.

De acuerdo con los documentos legales, la mujer había advertido que su supuesto esposo la esperaba en su país para matarla. La deportación, por tanto, representa una emergencia humanitaria, ya que la expone directamente a un escenario de violencia extrema.

ICE y el endurecimiento de la política migratoria
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria durante la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el gobierno prometió deportar a un millón de migrantes indocumentados por año, intensificando operativos y ampliando la capacidad de detención.

El ICE dice que desempeñará un papel clave en la seguridad del Mundial 2026REUTERS
En los primeros 50 días de gobierno, ICE arrestó a más de 32 mil migrantes sin estatus legal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas acciones se ejecutaron bajo programas como el Programa de Extranjeros Criminales, la iniciativa 287(g) y operativos generales, que permitieron a autoridades locales colaborar directamente con ICE.

Muertes en custodia y críticas a ICE
La política de confrontación tuvo consecuencias graves. En 2026, las muertes de migrantes en centros de detención alcanzaron su nivel más alto en dos décadas. Reportes oficiales revelaron que varias personas fallecieron bajo custodia en los primeros días del año, lo que convirtió a la administración Trump en la más mortal para presos de ICE en comparación con gobiernos anteriores.

El caso de Renee Good, quien murió tras un enfrentamiento con un agente en Mineápolis, se convirtió en un símbolo de las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos señalaron que las condiciones en los centros de detención eran precarias, con falta de atención médica y hacinamiento.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses.AFP
Tecnología y resistencia comunitaria
La intensificación de las redadas provocó respuestas innovadoras en comunidades migrantes. Una de ellas fue la creación de la aplicación ICEBlock, diseñada para alertar sobre operativos de deportación en tiempo real. El gobierno de Trump calificó la herramienta como un “sabotaje a la seguridad nacional” y amenazó con procesar a sus desarrolladores. Para las comunidades migrantes, sin embargo, ICEBlock representó un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Las políticas de ICE desencadenaron protestas masivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Manifestantes exigieron la abolición de la agencia, denunciando que sus prácticas criminalizaban la migración y violaban derechos humanos básicos.

Las marchas se caracterizaron por consignas como “Abolish ICE” y por la participación de organizaciones civiles, estudiantes y líderes comunitarios. En paralelo, algunos gobiernos locales declararon sus ciudades como “santuarios”, limitando la cooperación con ICE y ofreciendo protección a migrantes indocumentados. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

La Santa Sede no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al ser cuestionado por medios de comunicación.

Al término de un encuentro celebrado en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin explicó que el Vaticano declina la invitación debido a la “naturaleza particular” de la Santa Sede, la cual, subrayó, “evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”. Recordó que el pasado 21 de enero el Vaticano había informado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta se encontraba entonces en evaluación.
Parolin señaló que han tomado nota de que Italia acudirá como observador y agregó que, en el planteamiento, hay aspectos que generan dudas y que requerirían precisiones. “Hay puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”, afirmó. Si bien pareció relevante que existan esfuerzos para impulsar una respuesta, insistió en que para la Santa Sede persisten cuestiones que deben resolverse.

De acuerdo con la convocatoria, la Junta de Paz para Gaza celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la asistencia de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudita y Egipto. En cambio, países como Francia, España y Suecia rechazaron la invitación.

En Italia, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, defendió este martes la participación de su país al sostener que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”, aunque no precisó quién encabezará la delegación italiana en la reunión prevista para el jueves.

Parolin realizó estas declaraciones en el marco de un encuentro con motivo del 97 aniversario de los Pactos Lateranenses, suscritos en 1929 entre el entonces papa Pío XI —representado por el cardenal Pietro Gasparri— y el dictador italiano Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Dichos acuerdos dieron origen al Estado de la Ciudad del Vaticano y pusieron fin a la llamada “cuestión romana”. Al acto asistieron también el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.

El 7 de enero de 2026, el régimen talibán en Afganistán puso en vigor un nuevo Código de Procedimiento Penal firmado por Hibatullah Akhundzada, el mismo fue elevado a nivel de “Ley de la Sharia”, que es la ley religiosa dictada por su creador y que en caso de desobedecer o cuestionar, el castigo es, literalmente, la muerte. Como obviedad a que dentro de ciertas religiones, hay modelos políticos que no caben, en ese lugar la democracia no existe y por lo tanto, no hubo deliberación pública ni parlamento ni discusión social. Pero aun si lo hubiese habido, las mujeres no habrían podido votar ni opinar ni participar de alguna manera y de hecho, rehusarse es equiparado con una ofensa a la ley religiosa y la consecuencia, de nuevo, es la muerte. Tan solo hubo un decreto intrínsecamente injusto y la certeza de que el derecho es herramienta de opresión y también un instrumento de subordinación a creencias religiosas que en este caso, están compuestas por humanos contemporáneos, elevados al mismo nivel que su profeta.

Entre las disposiciones más alarmantes está el tratamiento de la violencia doméstica, que supongo, su reconocimiento tendría que ser tomado como mínimo progreso pero no es así. El texto reduce a penas mínimas —apenas días de prisión por 15 días— las agresiones de un marido contra su esposa, siempre que las lesiones no alcancen ciertos umbrales físicos comprobables como moretones, huesos rotos o cualquier tipo de huella física que lo haga notable ante la gente. Traducido a la vida, esa cultura y ese sistema han catalogado que si eres mujer, el dolor sin fractura es jurídicamente tolerable y es legal, válido como una corrección e implícitamente, otorga una especie de ilegítimo derecho a los hombres a golpear a sus esposas. Esa distinción me parece importante porque no es que puedan golpear a las mujeres, en general, es que las mujeres por el estado civil de “esposas” en el que a menudo son obligadas a entrar, se convierten en una subordinación de su propia ciudadanía implícita con una pérdida de derechos automática o sea que la humillación y la violencia sin huesos rotos no merece la severidad del Estado.

La carga probatoria recae, además, en una mujer que difícilmente tendrá acceso a defensa independiente en un sistema judicial controlado por quienes legislan su sometimiento.

Los sistemas jurídicos son como un círculo frente a los sistemas sociales, se moldean, influyen y regulan entre sí. Uno define al otro pero el otro moldea al primero. Es una arquitectura normativa que reordena jerarquías: la movilidad de las mujeres está supeditada al permiso marital; la clasificación social que distingue entre clérigos, élites y “clases bajas” para graduar castigos; la ampliación de facultades punitivas bajo figuras discrecionales y una jerarquía de género en el que las mujeres y niñas ocupan la parte más baja de la pirámide. El código vacía de protección a quien debería proteger pero también comienza por derrocar el mito de que “la ley es la ley” y solo por eso hay que cumplirla. Pero Afganistán realmente es el ejemplo de la atrocidad porque encima de eso, sugieren que la religión o su dios o su profeta así es como dictó que fuera.

Aquí conviene recordar el trayecto jurídico de occidente, especialmente situado en el naturalismo jurídico desde Tomás de Aquino hasta las formulaciones contemporáneas en donde se insiste que la legalidad no agota la moralidad e inclusive, que frente a leyes injustas, lo moral es incumplirlas, como Tomás Moro decía. Una norma puede ser válida en términos formales, promulgada por la autoridad que detenta el poder y, sin embargo, ser intrínsecamente injusta. Lex iniusta non est lex: una ley injusta no obliga en conciencia. El derecho positivo describe lo que el poder ordena; el derecho natural evalúa si ese mandato respeta la dignidad humana.

Solo que por esto no hay amenazas ni condenas, menos invasiones ni guerras. Tal vez, porque la violencia machista no tiene un valor económico como las drogas o el petróleo. Tal vez por eso a nadie le importa intervenir para derrocar regímenes de opresión brutal contra las mujeres.

El nuevo código afgano supera la frontera de la controversia cultural y entra en el terreno de la aberración jurídica porque erosiona principios que anteceden a cualquier Estado: la igualdad básica, la integridad física, la prohibición de tratos crueles. Ni siquiera se trata de islamofobia, pues realmente me he cuestionado si esto es resabio cultural o mi abdicación a ser inclusiva frente a otras culturas pero realmente lo que sucede en la misma línea temporal que la nuestra es inaceptable. Es peor porque el momento en que nos definimos desde países como el nuestro, sigue definiéndose a diario entre obedecer las leyes o dar rienda suelta a los deseos de aniquilar mujeres y aún castigando estas conductas, diariamente hay feminicidios y desapariciones y violencia.

Quienes defienden la soberanía normativa dirán que cada sociedad organiza su sistema conforme a sus convicciones religiosas o políticas. Pero incluso desde esa óptica, el derecho no puede convertirse en un mecanismo de impunidad estructural, no es aceptable llamarle “derecho” siquiera a una resolución de la barbarie. El poder punitivo debe estar limitado por la idea de justicia; de lo contrario, se transforma en dominación. Hay algo profundamente humano que se pierde cuando el ordenamiento jurídico deja de ser refugio o pacto y se convierte en amenaza, algo por lo que en otras eras se han librado las más cruentas guerras y revoluciones. La mujer que no puede salir sin permiso; la que sabe que su agresor enfrentará una sanción irrisoria; la que intuye que el tribunal no es un espacio de escucha sino de disciplina. La ley, que debería ser dique, se vuelve legitimadora de la violencia y al mismo tiempo contribuye con la idea de que piensan como piensan por alguna razón. No todo lo legal es legítimo. No todo decreto merece obediencia moral.

En Afganistán, el nuevo código redefine el lugar de la mujer ante el Estado y dentro de la sociedad, nombrarlo como una atrocidad y condenarlo es lo mínimo. Y al hacerlo, nos recuerda el motor de las guerras y las revoluciones: la ley puede ser escrita con tinta oficial y, aun así, estar manchada de injusticia y desobedecerla es lo justo entonces.