Luego de 30 años en prisión por el asesinato del candidato a la presidencia del país, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el autor material, Mario Aburto Martínez podría quedar en libertad, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo decide.
Este miércoles, en la Primera Sala de la SCJN se dará el voto faltante para aplicar o no el amparo por el que Mario Aburto dejaría la prisión; la decisión, el voto decisivo, recaerá sobre la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Dicho amparo busca que al asesino de Colosio se le juzgue bajo la ley local que en 1994, año del magnicidio, gobernaba en Baja California. De acuerdo con el estatuto de entonces, el homicidio se castigaba con 30 años de cárcel, mismos que se cumplieron este 2024.
Tras su captura, Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ya que fue juzgado bajo el ámbito federal y no el local.
Abogado de Aburto asegura que él no mató a Colosio
El 24 de enero de 2024, en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, el abogado Jesús González Schmal, defensor de Mario Aburto señaló que su cliente no fue el asesino del entonces candidato presidencial por el PRI, sino un chivo expiatorio de Raúl y Carlos Salinas de Gortari.
Refirió que, por órdenes de los hermanos, Manlio Fabio Beltrones (entonces gobernador de Sonora) cometió tortura contra su cliente para obligarlo a confesar el crimen, cuestión que logró.
Explicó que el hermano del entonces presidente del país tenía relación y tratos directos con integrantes del Cartel del Golfo, por lo que el cambio que proponía Luis Donaldo Colosio en el sistema político mexicano dificultaba sus prácticas, razón que motivó el atentado y muerte.
“Con la investigación encontré que Raúl Salinas estaba de manitas calientes con el Cártel del Golfo, eso sucedió en 1994. Colosio los mandó al carajo. Iba a ser un verdadero cambio lo que proponía Luis Donaldo”, señaló en entrevista.
Durante el programa también habló sobre un segundo tirador a quien identificó como “El Ruco”, que sería el verdadero asesino de Colosio y de acuerdo con las palabras de Schmal, fue asesinado un día después del atentado en Lomas Taurinas.
“No fue casualidad que el presidente Salinas le pidiera a Manlio Fabio que viajara a Baja California. Cuando sucede lo de Colosio, al otro día mataron al verdadero asesino en un taller de Tijuana. También intentaron matar a Aburto cuando lo capturaron”, refirió.
El segundo tirador de Colosio
Cinco días después de las declaraciones de Schmal el tema cobró revuelo a nivel nacional, tanto que el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta y alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó un indulto para Aburto al presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa denegada por el entonces titular del Ejecutivo federal.
Ese mismo 29 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que sí hubo un segundo tirador implicado en el asesinato del excandidato del PRI a la presidencia de la república en 1994; se trató de Jorge Antonio S., exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), encargado de proteger al candidato durante el mitin de Lomas Taurinas.
“Existen pruebas de que Jorge Antonio S. disparó un arma al momento que sucedió el crimen”, señaló la FGR en comunicado.
Informaron que el hombre huyó del sitio y quedó libre de investigaciones debido a que tuvo protección del entonces es titular del organismo, Genaro García Luna, a quien en días pasados le dieron una sentencia de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Reapertura del caso por tortura, amparo y posible libertad
Durante 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Aburto como víctima de tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso penal, actos que en su momento autoridades conocieron y omitieron, por lo que el organismo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el caso y volver a investigarlo, cosa que sucedió en 2022.
En octubre de 2023, se solicitó un amparo en favor de Mario para que se redujera 15 años la condena de prisión impuesta bajo las leyes federales, ya que el crimen de homicidio y posesión de arma sin permiso por el que se le acusó se castigaba bajo las leyes estatales de Baja California (BJ) con solo 30 años de cárcel.
Los litigantes señalaron que la resolución fue equivocada, ya que cuando existe relación de delitos federales y locales debe aplicarse la norma del estado; por ello un Tribunal Colegiado Federal resolvió que la pena debía modificarse y reducirse.
Sin embargo,la FGR turnó un recurso de revisión a los pocos días contra el amparo interpuesto por la defensa para la reducción de condena, razón por la que se llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis y posterior aceptación o cancelación, en una discusión pactada para el 13 de marzo de 2024.
El 26 de febrero de 2024 la FGR informó que no encontró pruebas que demostraran los presuntos actos de tortura por funcionarios o agentes públicos contra Aburto en las acciones tomadas tras el asesinato de Colosio, el 23 de marzo de 1994, por lo que declaró el no ejercicio de acción penal contra los señalados como responsables del presunto delito de tortura contra el condenado.
Cuando llegó el 13 de marzo la SCJN aplazó indefinidamente la discusión sobre el amparo, por lo que técnicamente quedó invalidado hasta que los ministros del Poder Judicial dialoguen sobre él, situación que sucederá este mismo miércoles.
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