Con el propósito de fortalecer el Poder Judicial mediante una reestructuración que permita garantizar el acceso a la justicia, el Pleno de la LXI Legislatura avaló el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
A través de la reforma se pretende que la Sala Constitucional, que actualmente es un órgano del Poder Judicial independiente del Tribunal Superior de Justicia, pase a formar parte de éste y se redireccione su capital humano, los recursos materiales y financieros, a fin de mejorar la atención jurisdiccional, acelerar la impartición de justicia de los órganos de segunda instancia y fortalecer su estructura, explicó la diputada Mónica Silva Ruiz.
Con lo anterior, la Sala Constitucional tendrá una reestructuración, pues se integraba por cinco magistradas y magistrados; a partir de la reforma se convertirá en la Sala Especializada en Materia Constitucional, conservará su autonomía de jurisdicción y se integrará por tres magistradas y magistrados que serán elegidos por el Consejo de la Judicatura.
En el mismo sentido, la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa tendrá una modificación en su integración para pasar de cinco a tres magistradas y magistrados, que serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, los dos restantes también formarán parte del Tribunal Superior de Justicia.
“Es así que esta reestructuración al Poder Judicial conlleva a la incorporación de cuatro magistradas y magistrados para conformar nuevas salas especializadas que permitan a la ciudadanía ver garantizado su derecho humano de acceso a la justicia”, mencionó la diputada.
Por otra parte, el Pleno de la LXI Legislatura avaló el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de implementar dispositivos tecnológicos y monitoreo remoto para vigilar que las fuentes móviles que circulen en el territorio poblano cumplan con lo establecido en la ley en la materia y su reglamento.
Como parte del dictamen, se establecen las obligaciones y límites máximos permitidos en las Normas Oficiales Mexicanas y el Programa de Verificación Vehicular, con el objetivo de controlar y reducir emisiones de dióxido de carbono. También contempla acciones para constatar el cumplimento del Programa de Verificación Vehicular, e inspeccionar las fuentes móviles directas que circulan sobre vías de jurisdicción estatal que contaminen de forma ostensible.
En sesión ordinaria, las y los diputados también aprobaron una reforma a la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes accedan a un trabajo digno y bien remunerado.
Para este fin, se reforman los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, en los que también se consideran atribuciones del Gobierno Estatal y los Municipios para implementar acciones que conlleven a erradicar todo tipo de explotación laboral.
Asimismo, las y los diputados aprobaron un acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a que realice operativos de supervisión, vigilancia y revisión para garantizar la prestación del servicio de transporte público en sus distintas modalidades a las personas con discapacidad, respetando las tarifas autorizadas y las condiciones de accesibilidad.
De igual forma, se aprobó un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, para que se instaure una campaña informativa permanente para la prevención, detección y concientización del cáncer de ovario; y se brinde la capacitación necesaria al personal médico para el diagnóstico oportuno del cáncer de ovario, que ayude a prolongar la supervivencia de las pacientes.
Finalmente, se aprobó un acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que por su conducto solicite a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Puebla, a abstenerse de requerir el juicio de interdicción para realizar trámites administrativos; en aras de salvaguardar la autonomía y derechos de las personas mayores de dieciocho años, con discapacidad, promoviendo así su plena inclusión y participación en la sociedad.
Al respecto, la diputada promovente del punto de acuerdo, Guadalupe Yamak Taja señaló que este es un acuerdo trascendental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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