La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó a la Policía que localice y detenga, con fines de investigación, a Jorge Glas, un exvicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 por supuesta corrupción.

En un escrito que ha circulado en redes sociales, Salazar dispone al comandante general de la Policía, César Zapata, que coordine las acciones para proceder a la «ubicación, localización, inmovilización y traslado» de Glas a la unidad de la Fiscalía de Fuero de Corte Número 2, situada en la sede del Ministerio Público en Quito.

El pedido de detención de Glas se enmarca en una investigación de carácter reservada que lleva adelante la Fiscalía, que ha pedido que la detención a Glas se la haga sin que él sea esposado y por un lapso de doce horas con fines de investigación, como determina la normativa.

Salazar invocó en el escrito el Código Orgánico Integral Penal, que en uno de sus artículos dispone que el fiscal podrá «impedir, por un tiempo no mayor de doce horas, que las personas cuya información sea necesaria o sospechosos, se ausenten del lugar» de la investigación.
Luego de conocerse versiones de que Glas habría ingresado este domingo en la Embajada de México en Ecuador, la Cancillería ecuatoriana se pronunció.

“Ante información de la presencia del señor Jorge Glas en la sede de la Embajada de México, Cancilleria realiza las acciones necesarias con ese Gobierno para que el requerimiento de la Fiscalía General del Estado, respecto del ciudadano ecuatoriano en referencia, pueda cumplirse”, posteó en X (antes Twitter).

«Ecuador exhorta a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Glas a cooperar con las autoridades policiales, y se encuentra expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto», agregó. Solicitó la urgente colaboración de las autoridades mexicanas «a fin de que se invite al citado ciudadano a abandonar dicha representación diplomática, inmediatamente».

El objetivo es que Glas «cumpla con su obligación de presentarse ante el fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional» y se someta a «varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso» y en los que «se encuentra inculpado y procesado», agregó en el escrito.

La Cancillería ecuatoriana, además, aseguró que «apreciará que la Honorable Embajada de los Estados Unidos Mexicanos le haga llegar de inmediato la información relativa a la razón de la presencia del señor Jorge Glas en la sede de esa representación diplomática».

La cancillería mexicana confirmó que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se refugió en la embajada de México en Ecuador, y detalló que se encuentra en calidad de «huésped».

«El 17 de diciembre de 2023, Jorge Glas Espinel se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal», explicaron autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Recordaron que de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para este tipo de casos, y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permitió el acceso Glas Espinel en calidad de huésped.

Detallaron que en caso de que Jorge Glas formalice una solicitud de asilo político, el Gobierno de México lo analizará.

«La analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia».

Finalmente, la cancillería expuso que este domingo, tras recibirlo como huésped, el gobierno mexicano expresó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación del Jorge David Glas Espinel.

Asilo no procede, afirma Ecuador
El gobierno ecuatoriano consideró «que no sería lícita» una eventual concesión de asilo diplomático a Glas, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que descarta ese derecho a personas que estuvieren «inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes».

Fiscalía de Ecuador y nuevo juicio contra Glas
El pasado 29 de noviembre, el juez Luis Rivera dejó en manos de la Asamblea Nacional (Parlamento), por el fuero de corte, la posibilidad de abrir un nuevo juicio contra el exvicepresidente Glas, por un caso de malversación de fondos públicos, decisión que la Fiscalía calificó de «innecesaria y dilatoria» al no ser ya un funcionario público.

Rivera había enviado a la Asamblea un escrito en el que pedía que dirima la posibilidad de iniciar un nuevo proceso legal contra Glas, quien recuperó la libertad hace un año tras haber pasado cinco en la cárcel por condenas de supuesta corrupción, que el reo consideró como una persecución política y judicial en su contra.

Glas incluso había reivindicado su inocencia en dos casos por presunta asociación ilícita y cohecho, luego de que la Justicia de Brasil anulara pruebas informáticas del entramado de corrupción de la constructora Odebrecht, que también apuntaban al exvicepresidente ecuatoriano.

El último pedido de detención de Glas por parte de la fiscal general del Estado se dio pocos días después de que la justicia ordenara la prisión preventiva del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detenido el jueves como parte del caso ‘Metástasis’, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por la supuesta infiltración y sobornos del narcotráfico.

La detención de Terán se produjo en medio de un pulso dentro de la judicatura por el proceso de selección de nuevos jueces para la Corte Nacional, así como por la posibilidad de que se inicie un juicio político en la Asamblea Nacional contra la fiscal general, Diana Salazar, acusada por detractores de usar su cargo como vehículo de persecución, extremo que ella ha negado enfáticamente.