El DIF proyecta que durante el ejercicio fiscal 2026 se entregarán más de 300 mil despensas destinadas a personas en situación de alta vulnerabilidad.

El director del organismo descentralizado, Alejandro Cortés Carrasco, precisó que la meta es brindar apoyo alimentario a quienes no cuenten con recursos suficientes para cubrir la alimentación de sus familias. En ese contexto, la presidenta del DIF, MariElise Budib, implementó el programa Alimentación Imparable.

Reveló que la distribución de tres mil despensas se basó en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y en el análisis del cinturón de pobreza de la administración del alcalde José Chedraui Budib, con el fin de definir los criterios de entrega.

Actualmente, el padrón del DIF municipal supera las 70 mil personas que reciben una despensa mensual; no obstante, en algunos periodos esta cifra aumenta debido a la mayor demanda del apoyo.

En ese sentido, reiteró que la instrucción de la presidenta del patronato del DIF es garantizar que el beneficio llegue a todas las zonas de la capital poblana.

Comentó que el año anterior se entregaron más de 250 mil despensas, en beneficio del mismo número de personas, como parte de las acciones para combatir la pobreza.

Un grupo de trabajadores pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Puebla se manifestó este viernes 17 de abril frente al edificio divisional ubicado en la 25 Poniente, para expresar su inconformidad por la reforma constitucional que elimina las llamadas pensiones doradas en las entidades públicas.

Los inconformes advirtieron que esta medida vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica para quienes ya concluyeron su vida laboral, al considerar que sus pensiones fueron obtenidas de manera legítima tras más de 30 años de servicio.

Desde temprana hora, alrededor de las 8:00 de la mañana, los extrabajadores se concentraron en el inmueble portando pancartas con mensajes como: “Dimos luz a la nación, respeto a la jubilación”, “La ley no es retroactiva, mi pensión se queda viva” y “Justicia al jubilado por lo que hemos trabajado”, con los que exigieron respeto a sus ingresos y condiciones de retiro.

La pensión es el resultado de años de esfuerzo brindados a una empresa
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Eduardo Pérez Cuéllar, jubilado tras 32 años de servicio en la CFE y uno de los organizadores de la protesta, sostuvo que la reforma atenta contra el Estado de derecho. En entrevista, enfatizó que las pensiones no son privilegios, sino el resultado de décadas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Participamos en emergencias, acudimos a huracanes y sismos para restablecer la energía eléctrica. No podemos permitir que nuestros derechos sean pisoteados. Si se vulneran contratos, no habrá certeza jurídica para nadie
expresó.
Asimismo, indicó que el movimiento busca evitar que se afecten sus ingresos en una etapa de vida en la que son más vulnerables, al tratarse de personas de la tercera edad, muchas de ellas con padecimientos de salud.
Por su parte, Sergio Licea Lugo, también jubilado, hizo un llamado a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de la reforma. Señaló que este tipo de medidas envían un mensaje de desconfianza no solo a los trabajadores, sino también a las empresas y a la sociedad en general.

¿Qué certeza jurídica va a haber en el país? Pedimos que se respeten los derechos que ganamos legalmente. Cumplimos con más de 30 años de servicio y fuimos jubilados conforme a la ley; no nos dejen en estado de indefensión en esta etapa de nuestra vida
anifestó.
En tanto, Óscar Hernández aclaró que los manifestantes no forman parte de los altos mandos con pensiones elevadas, sino que en su mayoría se desempeñaron en áreas operativas y mandos medios, realizando labores como reconexiones, facturación, contrataciones y restablecimiento del servicio eléctrico.

“No tenemos esas pensiones altas. Nuestra indignación es que se nos pretendan quitar derechos adquiridos desde hace más de 30 años. No es procedente”, puntualizó.

Representantes del sector cañero en la región rechazaron la iniciativa que busca garantizar seguridad social durante todo el año a los cortadores de caña, al advertir que la medida elevaría significativamente los costos de producción.

El dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Javier Sánchez Chávez, explicó que actualmente el acceso al IMSS se otorga únicamente durante la zafra, por lo que extenderlo implicaría una carga económica difícil de sostener para los productores.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Eduardo Castillo López, plantea que los trabajadores mantengan la cobertura médica más allá del periodo de cosecha. Sin embargo, el sector considera que su aplicación sería inviable en las condiciones actuales.

Sánchez Chávez señaló que los productores ya enfrentan presiones económicas importantes, como el pago de cuotas al IMSS que ronda los 680 millones de pesos, además del bajo precio de la caña, el encarecimiento de insumos y la competencia de azúcar importada.

De aprobarse la iniciativa a nivel nacional, el gasto podría elevarse hasta entre mil 200 y mil 400 millones de pesos, lo que impactaría a las 47 zonas cañeras del país.