La selección mexicana de levantamiento de pesas se encuentra totalmente lista para competir por los primeros lugares del podio en el Campeonato Panamericano Juvenil 2026. La sede oficial del encuentro continental será la ciudad de Tepic, Nayarit, del 4 al 8 de octubre, donde la delegación nacional buscará ratificar el talento de sus jóvenes deportistas frente a la élite internacional.

El certamen contará con la participación de aproximadamente 300 halteristas provenientes de 22 países de toda la región americana. Más allá de las medallas en disputa, la competencia cobra una relevancia estratégica para todas las delegaciones participantes, puesto que forma parte directa del segundo proceso de clasificación hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la rama femenina, la escuadra mexicana estará encabezada por deportistas consolidadas en el plano internacional como Lidett Miramontes, quien obtuvo medalla de bronce en envión durante el Mundial Junior de Egipto. A ella se suman Kenia Germayoni May, subcampeona panamericana junior, y Kelly Alexandra López Ponciano, quien hizo historia al proclamarse campeona mundial en la división de los 49 kilogramos de la categoría U17 en Perú.

Por el lado varonil, el equipo tricolor destaca por la presencia del nayarita Leonardo Nicolás Torres, medallista de plata en Cali, Colombia; Fernando Xool Pech, flamante campeón nacional 2026; y Luis Alpuche Yah, deportista con trayectoria en certámenes mundiales juveniles. En conjunto, la delegación tricolor integra a 16 competidores provenientes de estados como Yucatán, Nuevo León, Campeche, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Quintana Roo y Nayarit.

El evento reunirá a atletas de potencias deportivas y países hermanos como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros. Con este sólido grupo de halteristas, México aspira a afianzarse en los puestos de honor y asegurar los boletos necesarios para representar al país en la magna cita continental de Lima 2027.

La disputa legal entre los organismos rectores del fútbol internacional escaló tras la presentación de un escrito de 21 páginas por parte de la FIFA ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. En el documento, la defensa de la federación internacional acusó a la UEFA de promover acciones de acoso y actuar de mala fe en contra de su presidente, Gianni Infantino, solicitando la desestimación de peticiones judiciales para la entrega de documentos en Estados Unidos.

El conflicto se relaciona con las acciones emprendidas por la UEFA en tribunales norteamericanos para recabar testimonios e información sobre el proyecto comercial FIFA Forward Enterprise (FFE). Dicha propuesta buscaba la creación de una filial y la venta del 20% de los derechos comerciales futuros de la FIFA por un estimado de 4,200 millones de dólares a un grupo inversor privado, iniciativa que fue descartada pocos días después de su divulgación.

La confederación europea sostiene que la transacción buscaba favorecer intereses particulares fuera de las condiciones de mercado y ha preparado documentación con el fin de promover una denuncia penal por mala gestión financiera en Suiza. Por su parte, los representantes de la FIFA negaron cualquier beneficio personal para Infantino y vincularon las demandas legales de la UEFA con maniobras políticas de cara al próximo proceso de elección de la presidencia del organismo.

El caso ha generado movimientos estructurales al interior de la FIFA, incluyendo la renuncia de asesores de alto nivel y el cuestionamiento de directivos de operaciones. Tras la cancelación del proyecto, Infantino reconoció fallas en la gestión del acuerdo y propuso la implementación de una auditoría externa e independiente sobre la gobernanza de la institución para transparentar los procesos de inversión futuros.

Una comisión independiente designada por la Premier League dictaminó que el Manchester City es responsable de 114 de los 115 cargos presentados en su contra por presuntas irregularidades financieras. Tras la conclusión de un extenso proceso legal iniciado a principios de 2023, el dictamen abre la puerta a una nueva fase en la que el organismo rector del fútbol inglés deberá determinar los castigos correspondientes para la institución.

El expediente judicial abarca indagatorias sobre las operaciones del club entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Durante dicho período, la escuadra británica incurrió en la entrega de información financiera inexacta respecto a sus ingresos comerciales, contratos de patrocinio y esquemas de pago a entrenadores y futbolistas, contraviniendo las normativas de Fair Play Financiero de la UEFA y las reglas internas de la liga.

La resolución también contempló sanciones por la falta de cooperación del Manchester City con las investigaciones conducidas por las autoridades deportivas entre 2018 y 2023. Aunque el fallo representa un duro revés para la entidad, la directiva del club reafirmó su postura de inocencia e informó que ejercerá su derecho a apelar la decisión ante las instancias correspondientes.

Hasta el momento no se han fijado las sanciones definitivas, las cuales podrían variar desde amonestaciones públicas y multas económicas hasta la deducción de puntos en la tabla general o la expulsión de la competencia. A pesar de que la investigación abarca una época de múltiples títulos nacionales para el equipo, la Premier League no ha determinado la anulación de trofeos ni la aplicación de castigos retroactivos inmediatos.