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Solo faltan 4 votos para que el Congreso avale la despenalización del aborto

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Son cuatro votos los que faltarían para que el Congreso del Estado avale la despenalización del aborto, señaló la diputada Mónica Silva Ruiz, quien llamó a los legisladores que representan la mayoría a abordar el tema para el cual “ya se agotó el diálogo”, en tanto que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, se dijo dispuesto a recibir a las colectivas que impulsan el tema.

Luego de las marchas y protestas del pasado miércoles, en el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, el presidente del Congreso del Estado afirmó que está dispuesto a recibir a las colectivas que pugnan por la esta causa, a pesar de que la sede legislativa fue protegida con madera para evitar daños a la fachada por parte de las mujeres.

“Nunca he dicho lo contrario, revisen, revisen las entrevistas, nunca he dicho que estoy en contra o a favor, yo me he mantenido en un tema neutral, de respeto, con todas las diputadas y diputados”, declaró brevemente.

Incluso, cuestionado sobre si existe bloqueo por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en torno a este tema, respondió que no existen frenos sino diferentes formas de pensar en torno a la interrupción legal del embarazo.

Por su parte, la diputada Mónica Silva declaró en entrevista que ya no hay justificación para no despenalizar el aborto, toda vez que el diálogo en torno a ello ya ha sido suficientemente agotado, sin embargo, solo hay 18 legisladores comprometidos a apoyar la Reforma al Código Penal de Puebla para tal fin y se necesita del voto a favor de al menos cuatro más.

En este sentido, refirió que es indispensable que los integrantes de la bancada de Morena, que son la mayoría, se comprometan con esta causa, que al momento tiene sumada a toda la bancada del PT y recientemente consiguió el apoyo de una diputada del PAN.

Silva dijo que deben quedar atrás los temores a posibles votos de castigo de cara al proceso electoral del 2024, ya que por primera vez la entidad tiene a representantes emanados de la izquierda que son mayoría, aunque independientemente de los partidos políticos los legisladores deben cumplir con velar por los derechos humanos.

“No debería de haberlo, siempre estamos pensando en un voto de castigo y estamos en un momento electoral, lo pienso y de verdad estoy convencida, hoy estamos en el primer gobierno de izquierda en este estado, lo que significa que la mentalidad progresista de la población en esta entidad ya es de izquierda, lo que tenemos que ir pensando es cuáles son los derechos que demanda una sociedad de izquierda y justamente uno de ellos es la no criminalización de las mujeres ante una situación de interrumpir sus embarazos”, sentenció.

La diputada aplaudió el hecho de que la Secretaría de Gobernación del Estado haya abierto la puerta a la sociedad civil que demanda la despenalización del aborto, sin embargo insistió en que para que el Congreso cumpla con la premisa de ser cercano a la gente debe abordar el tema y atender la demanda social de la no criminalización.

Aunado a lo anterior, Silva sentenció que actualmente Puebla es la tercera entidad a nivel nacional en cuanto a número de mujeres que acuden a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo y existen estadísticas que refieren que a menos 10 mujeres diariamente están buscando a asociaciones civiles para obtener apoyo en este mismo sentido.

“Esa demanda social tiene nombres, tiene apellidos, tiene realidades y tiene víctimas y esas víctimas hoy también merecen que les podamos reconocer esos derechos y por eso es que invitó a nuestros aliados naturales a que ya podamos verlo, somos mayoría, podemos hacerlo y la invitación es que lo hagamos a la brevedad porque la discusión ya se agotó”, consideró.

La legisladora presentó un exhorto para que la Secretaría de Salud cumpla con el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México 2022, a fin de que las mujeres tengan acceso a este procedimiento tal como establece la NOM-046-SSA2/2005.

“Se garantice que las instituciones de salud pública en el Estado de Puebla, cuenten con personal de salud no objetor de conciencia y de un protocolo o mecanismo que permita referir de inmediato a la usuaria a una unidad médica que cuente con dicho personal; así como servicios de salud física y mental post aborto, lo anterior bajo perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, juventudes y justicia reproductiva, a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y el acceso al servicio de aborto seguro“, dicta el documento.

Es importante precisar que en Puebla no se ha legislado a favor de la interrupción legal del embarazo, a pesar de que es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de que los congresos de 12 entidades del país ya han trabajado para adecuar en este sentido su código penal.

En el actual periodo legislativo se han impulsado dos iniciativas para la despenalización del aborto, la última de ellas fue promovida por la diputada Monica Silva Ruíz en junio pasado, aunque todavía no prospera para ser analizada y discutida en el pleno.

Dicha propuesta plantea reformar diversos artículos del Código Penal y la Ley de Salud del Estado, para establecer que comete delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima cuarta semana de gestación y que los servicios de salud deben proceder a realizar este procedimiento cuando la mujer embarazada lo solicite, ya que actualmente esto último no está considerado y la ley considera que el aborto es la muerte del producto en cualquier momento de la preñez.

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DIF Puebla capital proyecta entregar más de 300 mil despensas en 2026 

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El DIF proyecta que durante el ejercicio fiscal 2026 se entregarán más de 300 mil despensas destinadas a personas en situación de alta vulnerabilidad.

El director del organismo descentralizado, Alejandro Cortés Carrasco, precisó que la meta es brindar apoyo alimentario a quienes no cuenten con recursos suficientes para cubrir la alimentación de sus familias. En ese contexto, la presidenta del DIF, MariElise Budib, implementó el programa Alimentación Imparable.

Reveló que la distribución de tres mil despensas se basó en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y en el análisis del cinturón de pobreza de la administración del alcalde José Chedraui Budib, con el fin de definir los criterios de entrega.

Actualmente, el padrón del DIF municipal supera las 70 mil personas que reciben una despensa mensual; no obstante, en algunos periodos esta cifra aumenta debido a la mayor demanda del apoyo.

En ese sentido, reiteró que la instrucción de la presidenta del patronato del DIF es garantizar que el beneficio llegue a todas las zonas de la capital poblana.

Comentó que el año anterior se entregaron más de 250 mil despensas, en beneficio del mismo número de personas, como parte de las acciones para combatir la pobreza.

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Un grupo de Pensionados de CFE Puebla protestan contra reforma que elimina pensiones doradas

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Un grupo de trabajadores pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Puebla se manifestó este viernes 17 de abril frente al edificio divisional ubicado en la 25 Poniente, para expresar su inconformidad por la reforma constitucional que elimina las llamadas pensiones doradas en las entidades públicas.

Los inconformes advirtieron que esta medida vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica para quienes ya concluyeron su vida laboral, al considerar que sus pensiones fueron obtenidas de manera legítima tras más de 30 años de servicio.

Desde temprana hora, alrededor de las 8:00 de la mañana, los extrabajadores se concentraron en el inmueble portando pancartas con mensajes como: “Dimos luz a la nación, respeto a la jubilación”, “La ley no es retroactiva, mi pensión se queda viva” y “Justicia al jubilado por lo que hemos trabajado”, con los que exigieron respeto a sus ingresos y condiciones de retiro.

La pensión es el resultado de años de esfuerzo brindados a una empresa
Reforma deja intactas pensiones doradas en Puebla: 72 exburócratas seguirán con altos pagos
Eduardo Pérez Cuéllar, jubilado tras 32 años de servicio en la CFE y uno de los organizadores de la protesta, sostuvo que la reforma atenta contra el Estado de derecho. En entrevista, enfatizó que las pensiones no son privilegios, sino el resultado de décadas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Participamos en emergencias, acudimos a huracanes y sismos para restablecer la energía eléctrica. No podemos permitir que nuestros derechos sean pisoteados. Si se vulneran contratos, no habrá certeza jurídica para nadie
expresó.
Asimismo, indicó que el movimiento busca evitar que se afecten sus ingresos en una etapa de vida en la que son más vulnerables, al tratarse de personas de la tercera edad, muchas de ellas con padecimientos de salud.
Por su parte, Sergio Licea Lugo, también jubilado, hizo un llamado a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de la reforma. Señaló que este tipo de medidas envían un mensaje de desconfianza no solo a los trabajadores, sino también a las empresas y a la sociedad en general.

¿Qué certeza jurídica va a haber en el país? Pedimos que se respeten los derechos que ganamos legalmente. Cumplimos con más de 30 años de servicio y fuimos jubilados conforme a la ley; no nos dejen en estado de indefensión en esta etapa de nuestra vida
anifestó.
En tanto, Óscar Hernández aclaró que los manifestantes no forman parte de los altos mandos con pensiones elevadas, sino que en su mayoría se desempeñaron en áreas operativas y mandos medios, realizando labores como reconexiones, facturación, contrataciones y restablecimiento del servicio eléctrico.

“No tenemos esas pensiones altas. Nuestra indignación es que se nos pretendan quitar derechos adquiridos desde hace más de 30 años. No es procedente”, puntualizó.

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Productores de caña en Izúcar frenan propuesta de IMSS permanente para cortadores

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Representantes del sector cañero en la región rechazaron la iniciativa que busca garantizar seguridad social durante todo el año a los cortadores de caña, al advertir que la medida elevaría significativamente los costos de producción.

El dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Javier Sánchez Chávez, explicó que actualmente el acceso al IMSS se otorga únicamente durante la zafra, por lo que extenderlo implicaría una carga económica difícil de sostener para los productores.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Eduardo Castillo López, plantea que los trabajadores mantengan la cobertura médica más allá del periodo de cosecha. Sin embargo, el sector considera que su aplicación sería inviable en las condiciones actuales.

Sánchez Chávez señaló que los productores ya enfrentan presiones económicas importantes, como el pago de cuotas al IMSS que ronda los 680 millones de pesos, además del bajo precio de la caña, el encarecimiento de insumos y la competencia de azúcar importada.

De aprobarse la iniciativa a nivel nacional, el gasto podría elevarse hasta entre mil 200 y mil 400 millones de pesos, lo que impactaría a las 47 zonas cañeras del país.

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