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Solo faltan 4 votos para que el Congreso avale la despenalización del aborto

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Son cuatro votos los que faltarían para que el Congreso del Estado avale la despenalización del aborto, señaló la diputada Mónica Silva Ruiz, quien llamó a los legisladores que representan la mayoría a abordar el tema para el cual “ya se agotó el diálogo”, en tanto que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, se dijo dispuesto a recibir a las colectivas que impulsan el tema.

Luego de las marchas y protestas del pasado miércoles, en el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, el presidente del Congreso del Estado afirmó que está dispuesto a recibir a las colectivas que pugnan por la esta causa, a pesar de que la sede legislativa fue protegida con madera para evitar daños a la fachada por parte de las mujeres.

“Nunca he dicho lo contrario, revisen, revisen las entrevistas, nunca he dicho que estoy en contra o a favor, yo me he mantenido en un tema neutral, de respeto, con todas las diputadas y diputados”, declaró brevemente.

Incluso, cuestionado sobre si existe bloqueo por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en torno a este tema, respondió que no existen frenos sino diferentes formas de pensar en torno a la interrupción legal del embarazo.

Por su parte, la diputada Mónica Silva declaró en entrevista que ya no hay justificación para no despenalizar el aborto, toda vez que el diálogo en torno a ello ya ha sido suficientemente agotado, sin embargo, solo hay 18 legisladores comprometidos a apoyar la Reforma al Código Penal de Puebla para tal fin y se necesita del voto a favor de al menos cuatro más.

En este sentido, refirió que es indispensable que los integrantes de la bancada de Morena, que son la mayoría, se comprometan con esta causa, que al momento tiene sumada a toda la bancada del PT y recientemente consiguió el apoyo de una diputada del PAN.

Silva dijo que deben quedar atrás los temores a posibles votos de castigo de cara al proceso electoral del 2024, ya que por primera vez la entidad tiene a representantes emanados de la izquierda que son mayoría, aunque independientemente de los partidos políticos los legisladores deben cumplir con velar por los derechos humanos.

“No debería de haberlo, siempre estamos pensando en un voto de castigo y estamos en un momento electoral, lo pienso y de verdad estoy convencida, hoy estamos en el primer gobierno de izquierda en este estado, lo que significa que la mentalidad progresista de la población en esta entidad ya es de izquierda, lo que tenemos que ir pensando es cuáles son los derechos que demanda una sociedad de izquierda y justamente uno de ellos es la no criminalización de las mujeres ante una situación de interrumpir sus embarazos”, sentenció.

La diputada aplaudió el hecho de que la Secretaría de Gobernación del Estado haya abierto la puerta a la sociedad civil que demanda la despenalización del aborto, sin embargo insistió en que para que el Congreso cumpla con la premisa de ser cercano a la gente debe abordar el tema y atender la demanda social de la no criminalización.

Aunado a lo anterior, Silva sentenció que actualmente Puebla es la tercera entidad a nivel nacional en cuanto a número de mujeres que acuden a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo y existen estadísticas que refieren que a menos 10 mujeres diariamente están buscando a asociaciones civiles para obtener apoyo en este mismo sentido.

“Esa demanda social tiene nombres, tiene apellidos, tiene realidades y tiene víctimas y esas víctimas hoy también merecen que les podamos reconocer esos derechos y por eso es que invitó a nuestros aliados naturales a que ya podamos verlo, somos mayoría, podemos hacerlo y la invitación es que lo hagamos a la brevedad porque la discusión ya se agotó”, consideró.

La legisladora presentó un exhorto para que la Secretaría de Salud cumpla con el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México 2022, a fin de que las mujeres tengan acceso a este procedimiento tal como establece la NOM-046-SSA2/2005.

“Se garantice que las instituciones de salud pública en el Estado de Puebla, cuenten con personal de salud no objetor de conciencia y de un protocolo o mecanismo que permita referir de inmediato a la usuaria a una unidad médica que cuente con dicho personal; así como servicios de salud física y mental post aborto, lo anterior bajo perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, juventudes y justicia reproductiva, a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y el acceso al servicio de aborto seguro“, dicta el documento.

Es importante precisar que en Puebla no se ha legislado a favor de la interrupción legal del embarazo, a pesar de que es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de que los congresos de 12 entidades del país ya han trabajado para adecuar en este sentido su código penal.

En el actual periodo legislativo se han impulsado dos iniciativas para la despenalización del aborto, la última de ellas fue promovida por la diputada Monica Silva Ruíz en junio pasado, aunque todavía no prospera para ser analizada y discutida en el pleno.

Dicha propuesta plantea reformar diversos artículos del Código Penal y la Ley de Salud del Estado, para establecer que comete delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima cuarta semana de gestación y que los servicios de salud deben proceder a realizar este procedimiento cuando la mujer embarazada lo solicite, ya que actualmente esto último no está considerado y la ley considera que el aborto es la muerte del producto en cualquier momento de la preñez.

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Fortalecen el gobierno estatal de Puebla y las fuerzas armadas la coordinación para la paz regional

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Con el objetivo de refrendar la colaboración institucional y consolidar la seguridad pública en una de las zonas estratégicas del centro del país, el gobierno del estado de Puebla y las fuerzas federales formalizaron acciones conjuntas orientadas a la pacificación y el bienestar regional.

Como parte de este compromiso de respaldo a las instituciones de seguridad nacional, el gobernador Alejandro Armenta Mier participó en la ceremonia protocolaria de toma de posesión y protesta de bandera del general Alejandro Vargas González como nuevo comandante de la VI Región Militar, nombramiento dispuesto por la administración federal.

El acto solemne, llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos ubicada en la capital poblana, fue presidido por el comandante del Ejército Mexicano, general Héctor Ávila Alcocer. Durante el evento se destacó la amplia trayectoria del nuevo mando militar, quien cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en tareas de defensa nacional, adiestramiento y dirección operativa dentro de las fuerzas armadas.

La presencia del mandatario estatal en la ceremonia subrayó la voluntad política de mantener una comunicación estrecha y permanente entre los tres órdenes de gobierno, conjuntando esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina para salvaguardar la tranquilidad de las familias poblanas.

Finalmente, las autoridades estatales señalaron que esta sinergia interinstitucional continuará impulsando operativos coordinados y estrategias de prevención del delito en coordinación con los estados vecinos de Veracruz y Tlaxcala, consolidando un frente común frente a los desafíos de gobernabilidad y seguridad que enfrenta la región.

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Aplazan sentencia contra el exgobernador Mario Marín por el caso Lydia Cacho

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La audiencia en la que se emitiría la sentencia definitiva en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue pospuesta de última hora este martes debido a fallas técnicas registradas en el sistema virtual empleado por el Poder Judicial de la Federación.

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo notificó que el diferimiento de la diligencia se originó por problemas logísticos en la plataforma Webex, la cual se utiliza para las comparecencias a distancia. Al intentar establecer conexión, la defensa de la periodista Lydia Cacho detectó que la cuenta institucional asignada se encontraba reportada como inhabilitada, impidiendo el desarrollo normal del proceso judicial.

Ante esta situación, la organización defensora de derechos humanos Artículo 19 expresó su profunda inconformidad y malestar por el contratiempo. La agrupación señaló que resulta inadmisible que, tras cumplirse 21 años de impunidad y de exigir justicia por la tortura infligida a la comunicadora, este tipo de fallas técnicas sigan provocando retrasos innecesarios en el acceso a la justicia.

Los hechos que motivan este proceso penal se remontan al mes de diciembre de 2005, fecha en la que Lydia Cacho fue detenida y trasladada por carretera desde Cancún hasta Puebla en un trayecto de más de veinte horas. De acuerdo con las investigaciones y los testimonios documentados por organizaciones civiles, durante ese traslado la periodista fue víctima de amenazas, incomunicación, agresiones verbales y graves actos de tortura física y psicológica.

Por su parte, diversas organizaciones protectoras de la libertad de expresión reiteraron que se mantendrán vigilantes y a la espera de que el juzgado federal reprograme la audiencia a la brevedad posible, con el fin de que se dicte una resolución judicial firme que cierre este emblemático capítulo de violación a los derechos humanos en México.

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Contraloría de Puebla Investiga a Dieciséis Exfuncionarios por Peculado y Desvío de Recursos

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La Contraloría Municipal de Puebla abrió un total de dieciséis expedientes de investigación administrativa en contra de diversos exfuncionarios que formaron parte de la pasada administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez. De este total, doce casos corresponden a faltas graves catalogadas como peculado y desvío de recursos públicos detectadas en áreas clave del ayuntamiento.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas del Cabildo, la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Arana, detalló que las irregularidades se concentran principalmente en dependencias estratégicas como la Sindicatura, la Tesorería y la Secretaría de Administración. Los expedientes restantes derivan de omisiones administrativas y falta de diligencia en el desempeño de las funciones oficiales.

La funcionaria explicó que los doce expedientes que presentan conductas graves ya fueron remitidos formalmente al Tribunal de Justicia Administrativa para que dicho órgano determine las sanciones correspondientes. Las penalidades contempladas contra los implicados podrían incluir multas económicas severas, destitución e inhabilitación temporal o definitiva para ocupar cargos públicos.

Las investigaciones forman parte de las auditorías permanentes implementadas para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos municipales durante el periodo de gobierno comprendido entre dos mil veintiuno y dos mil veinticuatro. Las autoridades competentes continuarán desahogando las etapas procesales para esclarecer los daños patrimoniales detectados.

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