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24 feminicidios en Puebla contabiliza observatorio en 2022

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Con el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la IBERO Puebla contabiliza 24 feminicidios en la entidad, en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) por su parte, reportó hasta abril, sólo siete asesinatos de mujeres por razón de género.

En enero la Fiscalía de Puebla integró dos carpetas de investigación por feminicidio; en febrero, tres y en marzo y abril, abrió una más. De acuerdo con los comunicados de prensa emitidos por la institución, solo en tres de estos crímenes hay personas detenidas.

Cabe aclarar que el OVSG no contabilizó como feminicidio la ejecución de una mujer ocurrida la madrugada del 3 de marzo en el municipio de Ciudad Serdán, donde también fueron privados de la vida tres hombres.

En su momento, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta declaró que este multihomicidio estaba relacionado con narcomenudeo, pero el 14 de abril la FGE anunció la detención de Benjamín N. y Juan Manuel N. alias “El Chéspiro”, supuestos responsables de este multihomicidio, que fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado de los tres varones y el feminicidio de la mujer.

Por otra parte, el OVSG enlistó como feminicidio el caso de María Luisa Pérez Sayaz, la mujer de 49 años de edad reportada como desaparecida en Tecamachalco y días después hallada sin vida y con signos de violencia al fondo de una barranca en el mismo municipio. Si bien en este crimen también hay dos personas detenidas, la FGE informó que se trató de un secuestro debido a que la familia de la víctima recibió mensajes con la exigencia de entregar medio millón de pesos para liberarla.

Los feminicidios en el presente año

Liliana Lozada de Jesús encabeza la lista de feminicidios ocurridos este 2022. La mujer de 33 años de edad era madre de dos menores de 10 y 7 años. Desapareció el 3 de enero al salir de su domicilio en la ciudad de Puebla y 18 días después fue encontrada sin vida y semienterrada en la comunidad de Tenextepec, en los límites de los municipios de Atlixco y Huaquechula.

El principal sospechoso de este crimen es un asesor financiero de la región, que incluso fue citado a declarar pero al que las autoridades dejaron libre y cuando quisieron aprehenderlo ya había huido.

María Isabel tenía apenas 10 años de edad y el lunes 17 de enero desapareció en el municipio de San Pablo Zoquitlán cuando se dirigía a la casa de una vecina, a quien acompañaba todas las tardes. La mañana del día siguiente fue localizada sin vida y con signos de abuso sexual en el barrio de Coyotzonga.

Antes de la desaparición, familiares y vecinos notaron la presencia de varios hombres que ingerían bebidas embriagantes afuera de una tienda.

Mayra Martínez, de 36 años de edad, desapareció al salir de su domicilio en la colonia 16 de marzo, de Tehuacán. La mañana del 15 de enero, habitantes de la comunidad de La Magdalena Tetela, Acajete, hallaron su cuerpo desnudo y con signos de violencia en un lote baldío.

María Engracia Jiménez de la Cruz tenía 38 años de edad y desapareció el 27 de enero al salir de su domicilio en Nauzontla. El 3 de febrero fue localizada sin vida y con signos de violencia en un terreno baldío de Zoquiapan. Su hija reportó a las autoridades que el mismo día de su desaparición un hombre desconocido llegó a su casa, porque supuestamente pensó que ahí había una tienda.

Irene Ferrer Bazán, de 42 años, fue asesinada a balazos por su exesposo en el municipio de Francisco Z. Mena. El homicida la atacó cuando ella estaba en su negocio dedicado a la venta de productos de limpieza; luego huyó a bordo de una camioneta pero en un paraje de la localidad de La Reforma, en el municipio de Álamo, ya en el estado de Veracruz, se suicidó.

El 2 de marzo, el cadáver de una mujer fue localizado en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Clavijero, en la ciudad de Puebla. El cuerpo presentaba huellas de ahorcamiento, por lo que se aplicaron los protocolos para casos de feminicidio. La mujer fue anotada en calidad de desconocida.

Karina Bernardo Durán, de 26 años, desapareció el 27 de febrero en el municipio de Palmar de Bravo y la noche del 2 de marzo fue encontrada sin vida al fondo de una cisterna. Aunque el OVSG lo catalogó como posible feminicidio, no se precisó si fue víctima de este delito o cayó de forma accidental.

El 14 de marzo una mujer de 25 años de edad, cuya identidad se desconoce, fue hallada sin vida, con golpes en la cabeza, abdomen y signos de estrangulamiento en una barranca de la colonia Santa Lucía, también en la ciudad de Puebla.

Lidia González Trejo era una maestra jubilada y la mañana del 17 de marzo fue hallada sin vida al interior de su domicilio ubicado en Zacatlán. El cuerpo de la mujer de 57 años presentaba golpes y su familia informó que tenía problemas legales con su expareja, un hombre identificado como Ramón Miguel N, director de una escuela primaria en el mismo Pueblo Mágico.

Rosa María López Moreno tenía 15 años de edad y desapareció el 20 de marzo al salir de su domicilio localizado en el barrio de Cuapech, perteneciente al municipio de Cuetzalan. Cinco días después fue localizada sin vida y aunque se desconocen detalles al respecto, en redes sociales su familia exigió justicia.

Celestina Mora, de 41 años de edad, la privó de la vida su propio esposo en el municipio de Hueytamalco. El feminicidio ocurrió el 13 de abril en la localidad de Tilapa, cuando el hombre la acusó de haberle sido infiel; tomó un arma de fuego calibre 9 milímetros y le disparó en dos ocasiones.

Olga Lidia Medrano, de 35 años de edad, también fue asesinada por su esposo. El 11 de abril en un inmueble en La Joya, municipio de NopalucanDiego Armando N le disparó y la apuñaló. Luego intentó quitarse la vida y atacó a los policías que lo detuvieron. Aunque ingresó a un hospital para su atención médica, se quedó en prisión y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Camila tenía 21 años de edad y fue asesinada por su primo, Adrián Alejandro, de 22 años. Fue el 31 de marzo cuando, según las investigaciones de la Fiscalía de Puebla, el detenido, bajo los influjos de la droga mató a su tío Alán de 29 y a su prima en su vivienda ubicada en San Baltazar Campeche, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El crimen habría ocurrido por supuestas diferencias familiares y el presunto responsable fue vinculado a proceso por homicidio calificado y feminicidio.

Luisa Vivaldo murió tras ser golpeada brutalmente por su esposo. El feminicidio se registró el 3 de mayo en el municipio de Huaquechula y desde Estados Unidos las hermanas de la víctima exigieron justicia. Aunque el responsable está plenamente identificado, no ha sido detenido.

Rocío la mató su expareja sentimental la madrugada del 11 de mayo cuando regresaba de celebrar el Día de las Madres en la Feria de Puebla, junto a una amiga. La víctima era madre de dos menores y el feminicidio ocurrió en San Baltazar Tetela, nuevamente en la ciudad de Puebla. El presunto responsable fue identificado como Carlos N y está prófugo.

Linda tenía 29 años, era madre de una niña de 11, estudiaba enfermería y la madrugada del mismo 11 de mayo fue asesinada en un domicilio ubicado en Tehuacán. Su mamá declaró que la golpearon en la cabeza y otras partes del cuerpo hasta que le reventaron los órganos internos, pero los peritos le dijeron que falleció por sobredosis. El principal sospechoso es un hombre identificado como Juan Carlos M, de 40 años de edad, quien era su pareja sentimental.

Marcela, su pareja sentimental la mató de un disparo en la cabeza la madrugada del 17 de mayo en San Salvador Chachapa, Amozoc. Vecinos escucharon que la pareja discutía; luego el disparo. El agresor fue identificado como Gerardo N, quien también huyó tras cometer el crimen.

Este fin de semana se dio a conocer el hallazgo del cadáver de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, de 32 años de edad que fue encontrada sin vida en una cisterna tras un mes de haber sido privada de la libertad.

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Sellan más de 100 accesos ilegales en autopistas de Puebla

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Puebla es el segundo estado a nivel nacional con más cierres de accesos ilegales, solo detrás de Tabasco.

Las obras incluyen la colocación de muros, defensas metálicas y zanjas en tramos administrados por Capufe.

La SICT despliega un plan nacional de seguridad vehicular con inversión de 360 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — De enero a julio de 2026, las autoridades federales clausuraron 108 accesos irregulares en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) dentro del estado de Puebla, además de concretar la instalación de dos arcos carreteros inteligentes en la autopista México-Puebla, confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva, detalló que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vehicular acordado con el Gabinete de Seguridad, el cual se desarrolla en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatales.

Lucha contra las entradas ilegales en carreteras

Los accesos irregulares —puntos donde vehículos ingresan o salen de la vía federal sin autorización ni control de seguridad— representaron 806 clausuras en todo el país durante los primeros siete meses del año.

Puebla se posicionó como la segunda entidad con mayor incidencia, siendo únicamente superada por Tabasco (233) y colocándose muy por encima de estados como Sonora (84) y Querétaro (78).

Para inhabilitar estas incorporaciones no autorizadas, las brigadas delimitan el derecho de vía mediante la colocación de muros de concreto prefabricados, instalación de barreras y defensas metálicas, construcción de muros de mampostería y apertura de zanjas de inhabilitación.

Arcos inteligentes y tecnología de rastreo

Como parte de la misma estrategia, la SICT avanza en la colocación de 20 arcos carreteros inteligentes a nivel nacional, con una inversión total de 360 millones de pesos.

De los cuatro dispositivos que ya operan en el país, dos se ubican en territorio poblano, específicamente sobre la autopista México-Puebla.

Estos arcos están enlazados a los centros de comando y control (C4) y operan mediante tecnología de última generación para: Lectura de placas: Identificación en tiempo real de matrículas e interconexión con bases de datos de seguridad. Telemetría y velocidad: Detección automática de excesos de velocidad y clasificación vehicular.

Control de carga: Monitoreo de exceso de dimensiones en unidades pesadas.

Autonomía: Antenas de telepeaje e infraestructura impulsada por sistemas fotovoltaicos.

La dependencia prevé concluir en diciembre la instalación del resto de los dispositivos proyectados para tramos estratégicos como Puebla-Córdoba, Querétaro-Irapuato y Aguascalientes-Zacatecas.

Red de Paraderos Seguros para el transporte de carga

Para complementar el blindaje de las vías de comunicación, el proyecto incluye la edificación de 15 Paraderos Seguros para el autotransporte federal, distribuidos en puntos críticos del país como los libramientos de Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Obregón y la autopista México-Querétaro.Estos espacios cerrados contarán con control de acceso, vigilancia perimetral, zonas de descanso y esparcimiento, áreas médicas y áreas de alimentación para los operadores de carga.

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Derechos de las audiencias fortalecen información veraz y libertad de expresión

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El Gobierno del Estado aclara alcances de la nueva regulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra llamó a participar en la consulta pública para construir los lineamientos de la ley hasta el 21 de agosto.

PUEBLA, Pue.- Los derechos de las audiencias garantizan a las y los usuarios de radio y televisión el acceso a contenidos de calidad, información veraz, oportuna y objetiva, sin limitar la libertad de expresión, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la segunda emisión de Derecho de Réplica, espacio semanal que se transmite por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM).

Afirmó que los derechos de las audiencias comprenden las garantías que tienen las personas frente a los concesionarios de medios de comunicación, mientras que el derecho de réplica permite a toda persona física o moral aclarar o corregir información falsa, inexacta o que le cause algún perjuicio.

Ambos conceptos tienen sustento en el artículo sexto constitucional y cuentan con antecedentes en la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

García Parra señaló que, en 2017, una propuesta de contrarreforma buscó eliminar derechos y mecanismos de cumplimiento, incluso con intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabezaba la entonces ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En contraste, expuso que la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recupera y fortalece los derechos de las audiencias y establece un plazo de un año para la emisión de los lineamientos por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Ante la narrativa de una supuesta “Ley Censura”, el coordinador de Gabinete puntualizó que no existe una disposición para cerrar estaciones por emitir opiniones contrarias al Gobierno.

Las sanciones previstas se relacionan con tres supuestos: incumplir el código de ética, no informar quién es el defensor de las audiencias y no atender las quejas de las personas usuarias.

Precisó que los lineamientos no aplican a redes sociales ni a la prensa escrita, sino a radio y televisión. Tampoco prohíben las opiniones de conductoras, conductores o comentaristas; únicamente establecen la necesidad de distinguir entre información confirmada y opiniones, con el propósito de evitar que datos falsos se presenten como hechos.

Entre los derechos que contempla el nuevo marco se encuentran recibir información veraz, oportuna y objetiva; acceder a contenidos que respeten los derechos humanos; conocer el código de ética de cada estación de radio y televisión; y contar con una persona defensora de las audiencias ante quien puedan presentarse quejas.

García Parra señaló que estas medidas tienen referentes internacionales: en la Unión Europea existen reglas para distinguir la publicidad del contenido editorial; Argentina cuenta con una Defensoría del Público; Brasil reconoce el derecho de respuesta, y Canadá establece una separación clara entre opinión editorial e información noticiosa.

“Informar con veracidad no es prohibir opiniones: es evitar que un video o dato falso se difunda como si fuera confirmado”, explicó García Parra, al señalar que en la última semana la narrativa que acusa al Gobierno de la Cuarta Transformación de promover una supuesta “Ley Censura” registró mil 107 menciones, 610 autores distintos y un alcance de 954 mil reacciones.

El coordinador de Gabinete recordó que en 2012, durante un gobierno estatal emanado del PAN, se promovió en Puebla un decreto conocido como “Ley Mordaza”, que facultaba a la Dirección de Comunicación Social para presentar recursos legales contra periodistas a nombre del Ejecutivo.

En ese periodo, dijo, se presentaron dos denuncias contra reporteros, además de que terceros implicados podían promover denuncias, hechos que calificó como un antecedente de censura y presión contra el periodismo y los medios de comunicación.

García Parra destacó que la construcción de los lineamientos permanece abierta a la participación ciudadana mediante una consulta pública hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas, por lo que invitó a periodistas, medios de comunicación, especialistas y sociedad en general a conocer la propuesta y aportar sus opiniones a través del portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Finalmente, subrayó que como parte de esta nueva etapa, el SICOM ha transformado su operación como organismo público descentralizado, no sólo para ampliar su cobertura, sino para fortalecer la atención directa a la población mediante sus oficinas en las microrregiones.

Actualmente, se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. La siguiente fase contempla definir a su defensor de las audiencias, elaborar una propuesta a través de la plataforma del Gobierno Federal para contribuir a la construcción de los lineamientos y promover, desde sus estaciones y sedes regionales, la consulta pública, a fin de que las audiencias conozcan el proceso y participen con sus aportaciones.

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Investigaciones sobre el Museo Barroco y Acciones Sociales del Ayuntamiento

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En el ámbito de la rendición de cuentas y la gestión gubernamental, las instancias de fiscalización del estado han puesto bajo la lupa diversas obras emblemáticas heredadas de administraciones pasadas. Organismos encargados del combate a la corrupción informaron sobre el inicio de indagatorias exhaustivas enfocadas en detectar presuntos sobrecostos, irregularidades financieras y anomalías contractuales relacionadas con la construcción y operación del Museo Internacional del Barroco, así como en otros proyectos de infraestructura mayor ejecutados en el estado de Puebla. Estas acciones legales y auditorías pretenden esclarecer el uso del erario y determinar responsabilidades administrativas si fuera el caso.

En contraste con las controversias financieras del pasado, la administración municipal encabezada por el alcalde Pepe Chedraui ha mantenido una agenda enfocada en el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a los sectores más vulnerables de la capital poblana. Recientemente, el Ayuntamiento llevó a cabo la entrega formal de los donativos económicos recaudados durante la segunda edición de la carrera deportiva denominada «Mujeres Imparables».

Los recursos obtenidos gracias a la participación ciudadana fueron canalizados directamente hacia asociaciones y programas de asistencia social, consolidando la colaboración entre el gobierno local y la sociedad civil en beneficio de la comunidad.

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