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24 feminicidios en Puebla contabiliza observatorio en 2022

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Con el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la IBERO Puebla contabiliza 24 feminicidios en la entidad, en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) por su parte, reportó hasta abril, sólo siete asesinatos de mujeres por razón de género.

En enero la Fiscalía de Puebla integró dos carpetas de investigación por feminicidio; en febrero, tres y en marzo y abril, abrió una más. De acuerdo con los comunicados de prensa emitidos por la institución, solo en tres de estos crímenes hay personas detenidas.

Cabe aclarar que el OVSG no contabilizó como feminicidio la ejecución de una mujer ocurrida la madrugada del 3 de marzo en el municipio de Ciudad Serdán, donde también fueron privados de la vida tres hombres.

En su momento, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta declaró que este multihomicidio estaba relacionado con narcomenudeo, pero el 14 de abril la FGE anunció la detención de Benjamín N. y Juan Manuel N. alias “El Chéspiro”, supuestos responsables de este multihomicidio, que fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado de los tres varones y el feminicidio de la mujer.

Por otra parte, el OVSG enlistó como feminicidio el caso de María Luisa Pérez Sayaz, la mujer de 49 años de edad reportada como desaparecida en Tecamachalco y días después hallada sin vida y con signos de violencia al fondo de una barranca en el mismo municipio. Si bien en este crimen también hay dos personas detenidas, la FGE informó que se trató de un secuestro debido a que la familia de la víctima recibió mensajes con la exigencia de entregar medio millón de pesos para liberarla.

Los feminicidios en el presente año

Liliana Lozada de Jesús encabeza la lista de feminicidios ocurridos este 2022. La mujer de 33 años de edad era madre de dos menores de 10 y 7 años. Desapareció el 3 de enero al salir de su domicilio en la ciudad de Puebla y 18 días después fue encontrada sin vida y semienterrada en la comunidad de Tenextepec, en los límites de los municipios de Atlixco y Huaquechula.

El principal sospechoso de este crimen es un asesor financiero de la región, que incluso fue citado a declarar pero al que las autoridades dejaron libre y cuando quisieron aprehenderlo ya había huido.

María Isabel tenía apenas 10 años de edad y el lunes 17 de enero desapareció en el municipio de San Pablo Zoquitlán cuando se dirigía a la casa de una vecina, a quien acompañaba todas las tardes. La mañana del día siguiente fue localizada sin vida y con signos de abuso sexual en el barrio de Coyotzonga.

Antes de la desaparición, familiares y vecinos notaron la presencia de varios hombres que ingerían bebidas embriagantes afuera de una tienda.

Mayra Martínez, de 36 años de edad, desapareció al salir de su domicilio en la colonia 16 de marzo, de Tehuacán. La mañana del 15 de enero, habitantes de la comunidad de La Magdalena Tetela, Acajete, hallaron su cuerpo desnudo y con signos de violencia en un lote baldío.

María Engracia Jiménez de la Cruz tenía 38 años de edad y desapareció el 27 de enero al salir de su domicilio en Nauzontla. El 3 de febrero fue localizada sin vida y con signos de violencia en un terreno baldío de Zoquiapan. Su hija reportó a las autoridades que el mismo día de su desaparición un hombre desconocido llegó a su casa, porque supuestamente pensó que ahí había una tienda.

Irene Ferrer Bazán, de 42 años, fue asesinada a balazos por su exesposo en el municipio de Francisco Z. Mena. El homicida la atacó cuando ella estaba en su negocio dedicado a la venta de productos de limpieza; luego huyó a bordo de una camioneta pero en un paraje de la localidad de La Reforma, en el municipio de Álamo, ya en el estado de Veracruz, se suicidó.

El 2 de marzo, el cadáver de una mujer fue localizado en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Clavijero, en la ciudad de Puebla. El cuerpo presentaba huellas de ahorcamiento, por lo que se aplicaron los protocolos para casos de feminicidio. La mujer fue anotada en calidad de desconocida.

Karina Bernardo Durán, de 26 años, desapareció el 27 de febrero en el municipio de Palmar de Bravo y la noche del 2 de marzo fue encontrada sin vida al fondo de una cisterna. Aunque el OVSG lo catalogó como posible feminicidio, no se precisó si fue víctima de este delito o cayó de forma accidental.

El 14 de marzo una mujer de 25 años de edad, cuya identidad se desconoce, fue hallada sin vida, con golpes en la cabeza, abdomen y signos de estrangulamiento en una barranca de la colonia Santa Lucía, también en la ciudad de Puebla.

Lidia González Trejo era una maestra jubilada y la mañana del 17 de marzo fue hallada sin vida al interior de su domicilio ubicado en Zacatlán. El cuerpo de la mujer de 57 años presentaba golpes y su familia informó que tenía problemas legales con su expareja, un hombre identificado como Ramón Miguel N, director de una escuela primaria en el mismo Pueblo Mágico.

Rosa María López Moreno tenía 15 años de edad y desapareció el 20 de marzo al salir de su domicilio localizado en el barrio de Cuapech, perteneciente al municipio de Cuetzalan. Cinco días después fue localizada sin vida y aunque se desconocen detalles al respecto, en redes sociales su familia exigió justicia.

Celestina Mora, de 41 años de edad, la privó de la vida su propio esposo en el municipio de Hueytamalco. El feminicidio ocurrió el 13 de abril en la localidad de Tilapa, cuando el hombre la acusó de haberle sido infiel; tomó un arma de fuego calibre 9 milímetros y le disparó en dos ocasiones.

Olga Lidia Medrano, de 35 años de edad, también fue asesinada por su esposo. El 11 de abril en un inmueble en La Joya, municipio de NopalucanDiego Armando N le disparó y la apuñaló. Luego intentó quitarse la vida y atacó a los policías que lo detuvieron. Aunque ingresó a un hospital para su atención médica, se quedó en prisión y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Camila tenía 21 años de edad y fue asesinada por su primo, Adrián Alejandro, de 22 años. Fue el 31 de marzo cuando, según las investigaciones de la Fiscalía de Puebla, el detenido, bajo los influjos de la droga mató a su tío Alán de 29 y a su prima en su vivienda ubicada en San Baltazar Campeche, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El crimen habría ocurrido por supuestas diferencias familiares y el presunto responsable fue vinculado a proceso por homicidio calificado y feminicidio.

Luisa Vivaldo murió tras ser golpeada brutalmente por su esposo. El feminicidio se registró el 3 de mayo en el municipio de Huaquechula y desde Estados Unidos las hermanas de la víctima exigieron justicia. Aunque el responsable está plenamente identificado, no ha sido detenido.

Rocío la mató su expareja sentimental la madrugada del 11 de mayo cuando regresaba de celebrar el Día de las Madres en la Feria de Puebla, junto a una amiga. La víctima era madre de dos menores y el feminicidio ocurrió en San Baltazar Tetela, nuevamente en la ciudad de Puebla. El presunto responsable fue identificado como Carlos N y está prófugo.

Linda tenía 29 años, era madre de una niña de 11, estudiaba enfermería y la madrugada del mismo 11 de mayo fue asesinada en un domicilio ubicado en Tehuacán. Su mamá declaró que la golpearon en la cabeza y otras partes del cuerpo hasta que le reventaron los órganos internos, pero los peritos le dijeron que falleció por sobredosis. El principal sospechoso es un hombre identificado como Juan Carlos M, de 40 años de edad, quien era su pareja sentimental.

Marcela, su pareja sentimental la mató de un disparo en la cabeza la madrugada del 17 de mayo en San Salvador Chachapa, Amozoc. Vecinos escucharon que la pareja discutía; luego el disparo. El agresor fue identificado como Gerardo N, quien también huyó tras cometer el crimen.

Este fin de semana se dio a conocer el hallazgo del cadáver de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, de 32 años de edad que fue encontrada sin vida en una cisterna tras un mes de haber sido privada de la libertad.

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Inicia en Puebla la construcción de conjunto habitacional con 512 viviendas para derechohabientes de menores ingresos

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Con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible, el gobierno estatal y federal anunciaron el arranque oficial de la construcción de un nuevo conjunto habitacional en el estado de Puebla. Este ambicioso proyecto contempla la edificación de 512 viviendas destinadas específicamente a los derechohabientes de menores ingresos, buscando reducir la brecha de desigualdad en el acceso al patrimonio propio.

Las autoridades señalaron que este desarrollo inmobiliario contará con todos los servicios básicos necesarios, áreas verdes y espacios de convivencia comunitaria para asegurar una excelente calidad de vida a las familias beneficiadas. La planeación urbana de este complejo prioriza la sustentabilidad y la cercanía con vialidades principales, facilitando el traslado diario de los trabajadores hacia sus centros laborales.

Este programa forma parte de una estrategia nacional más amplia orientada a atender el déficit de vivienda popular en zonas urbanas y metropolitanas con alta demanda. Mediante esquemas de financiamiento accesibles y tasas preferenciales, se busca que los trabajadores con percepciones económicas más bajas puedan adquirir un hogar sin comprometer su estabilidad financiera familiar.

El inicio de estas obras representa un importante detonante económico para la región, ya que se prevé la generación de cientos de empleos directos e indirectos durante las diferentes etapas de construcción. Asimismo, las instancias participantes reiteraron su compromiso de supervisar que los trabajos se realicen bajo estrictos estándares de calidad y en los tiempos establecidos para la entrega de las primeras viviendas.

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Inicia gobierno estatal rehabilitación de la Calle 4 Oriente en la capital poblana

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PUEBLA, Pue. — Como parte del programa de Pavimentación de 100 Vialidades 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició la rehabilitación de la Calle 4 Oriente que es la continuación de la 12 Oriente recientemente intervenida, entre las privadas 2 y 4 Oriente, comienzan los trabajos a la altura de la 14 Norte, con un tramo total de intervención de 1.20 kilómetros.

Bajo la visión integral de recuperar las vías de comunicación en la entidad, la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier realiza esta obra equivalente a la pavimentación de 32 vialidades. Esta acción impactará de manera directa y positiva en la movilidad y calidad de vida de 52 mil 849 habitantes de 14 colonias de la capital.

A través de las unidades operativas de los Módulos de Pavimentación y cuadrillas de personal, la dependencia estatal comenzó las maniobras de fresado de la carpeta asfáltica existente y el retiro de residuos. Posteriormente, se llevará a cabo la colocación de una nueva capa asfáltica de 5 centímetros de espesor, así como la instalación de señalamiento vertical y horizontal para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

En alineación con la estrategia «Senderos de Paz», impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y gracias a la donación de insumos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en reconocimiento a los avances del estado en el combate al huachicol, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirma el compromiso de trabajar diariamente en el fortalecimiento de la infraestructura vial para el bienestar de las y los poblanos.

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SEP federal notifica el cierre definitivo de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla; alumnos serán reubicados

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Puebla, Pue. – La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal confirmó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), con sede en la capital poblana, ha sido notificada oficialmente sobre su cierre definitivo, por lo que no podrá abrir sus puertas ni operar durante el próximo ciclo escolar 2026-2027.

La medida forma parte de una directriz nacional instruida por el titular de la SEP federal, Mario Delgado, y coordinada a través de Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación, tras una revisión exhaustiva a los planteles con esquemas castrenses en el país —movilizada a raíz de casos críticos como el ocurrido en Tamaulipas con la menor Dafne.

Irregularidades legales y fin del modelo castrense
Las autoridades educativas determinaron que la modalidad de «escuela militarizada» no existe en la legislación educativa mexicana ni cuenta con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para impartir adoctrinamiento o disciplina de carácter militar en educación básica y media superior.

Aunque el plantel contaba con un Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) limitado estrictamente al nivel bachillerato, operaba fuera del marco legal permitido al promocionarse y regirse bajo esquemas castrenses. Ante esto, el procedimiento administrativo contempla la suspensión de actividades, la revocación de la autorización para prestar servicios educativos y la clausura operativa del inmueble ubicado en el barrio de San Matías.

Garantías para los estudiantes y padres de familia
Para salvaguardar los derechos de la comunidad estudiantil, la SEP federal y la representación estatal establecieron lineamientos de protección inmediata:

Validez de estudios previos: Se confirmó que todos los certificados escolares, así como los documentos emitidos en generaciones pasadas y cursados hasta el momento, conservan su validez oficial, por lo que los alumnos graduados o en activo no sufrirán afectaciones en su historial.

Reubicación escolar: La SEP de Puebla brindará acompañamiento técnico y administrativo para canalizar a los estudiantes afectados hacia otras instituciones, garantizando la continuidad de sus trayectorias académicas sin contratiempos.

Reembolso de pagos: La institución educativa quedó legalmente obligada a devolver los recursos económicos correspondientes a inscripciones, reinscripciones o colegiaturas que los padres de familia hayan cubierto de manera anticipada para el ciclo escolar que se avecina.

Con estas acciones, las autoridades federales y estatales cerraron cualquier posibilidad de que el plantel continúe operando bajo otro nombre o bajo el mismo esquema irregular, reiterando que no se tolerarán prácticas que vulneren la dignidad y los derechos humanos de la infancia y la juventud.

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