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Un tesoro arqueológico enterrado en San Jerónimo Tecuanipan

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Pisar la zona arqueológica de “Los Frailes” es imaginar cómo fue la aldea que hace cuatro mil años existió en lo que ahora es territorio del municipio de San Jerónimo Tecuanipan y donde sus restos están sepultados por grandes cantidades de ceniza, lava volcánica y piedra pómez que el volcán Popocatépetl lanzó en las dos etapas de su historia que hizo erupción.

Fue en los años 2014 y 2015 cuando especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por el paso de la obra del Gasoducto Integral Morelos en este punto del Altiplano mexicano, efectuaron las primeras exploraciones en el sitio y hallaron remanentes de viviendas como partes de cimientos de piedra bola, pisos de tierra quemada, hornos para cocción de alimentos, pedazos de vasijas, así como osamentas humanas.

También ubicaron una cancha de juego de pelota, plazas ceremoniales y montículos agrupados.

Sin embargo, descubrieron que el asentamiento fue ocupado en dos ocasiones por habitantes, cuyas culturas todavía no se identifican. El primer registro data del año 2000 del periodo preclásico, es decir, antes de Cristo. Y el segundo habría ocurrido en el año 900, de esta era.

“Este sitio, con miles de años de antigüedad, fue sepultado por la actividad volcánica y representa un caso muy importante para saber cómo eran las aldeas de esa época (…) hay restos que se conservan intactos y además es un caso interesante porque ilustra bien la actividad volcánica que ha tenido el Popocatépetl”, afirma el investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, Miguel Medina Jaen.

Detalla que la historia del poblado prehispánico, que a finales del siglo XlX tomó el nombre de “Los Frailes” porque algunos vecinos de la zona asemejaron varios peñascos con el porte de los religiosos, refiere que fue un territorio extenso localizado en la parte oriente del coloso y al lado del río Nexapa.

La primera vez que el Popocatépetl enterró este sitio fue aproximadamente en el año 50 de nuestra era. Arrojó ceniza, piedra pómez y su lava quemó todo a su paso y lo cubrió por completo.

Posteriormente hay indicios de una recuperación del espacio porque pobladores construyeron casas, basamentos piramidales y plazas ceremoniales sobre el área siniestrada. En esta etapa emplearon aplanados de cal y lodo cocido y usaron acabados.

Para el año 900 se presume que el volcán volvió a lanzar ceniza y piedra pómez en enormes cantidades y sepultó por segunda ocasión el asentamiento, pero de ahí no hay registro de otro regreso de personas, añade.

“El paso del gasoducto provocó las primeras exploraciones porque la obra pasaría cerca del sitio y para conservarlo fue necesario que el trazo de la tubería se modificara en el municipio de Tecuanipan, pues esta aldea es la segunda que se descubre en la región de Cholula, ya que la primera está en San Nicolás de los Ranchos, que es otro asentamiento enterrado por la caída de materiales volcánicos”, subraya.

El investigador del INAH reconoce el interés que el edil de Tecuanipan, Ángel Cuanalo Aponte, y otros pobladores de la zona, como Abundio Sandre y Eduardo León, muestran para conservar este sitio arqueológico, que en la segunda etapa de ocupación habitacional abarca más de cinco kilómetros cuadrados, aunque se prevé que en sus inicios era más extensa el área.

Puntualiza que el último asentamiento que desapareció en el año 900 de esta era por la actividad volcánica del Popocatépetl refleja un orden y organización en su integración al existir montículos agrupados, trazo de barrios y plazas ceremoniales enfocadas hacia el coloso.

Por ello se pronuncia por proteger este sitio, ya que actualmente existe explotación de la piedra volcánica para emplearla en la construcción o elaboración de artesanías y eso puede afectar o destruir los vestigios enterrados, así como fomentar el tráfico o venta ilegal de piezas, pues eso daña la historia de la región y el patrimonio de México.

“El INAH colabora con la población de San Jerónimo Tecuanipan y los invita a fomentar la conservación de esta zona, porque a un metro de profundidad hay vestigios que deben ser resguardados por el municipio y el INAH, y este lugar no sólo es un sitio arqueológico más en el país, también refleja los momentos que vivieron los primeros habitantes del altiplano mexicano”, anota Miguel Medina Jaen.

Asimismo, manifiesta que el sitio “Los Frailes” representa los efectos de la actividad del volcán Popocatépetl (la gran montaña que humea) e indica que la población actual debe estar alerta de lo que es vivir cerca de uno de los colosos más peligrosos del mundo, no por su actividad, sino por los millones de personas que viven en sus alrededores y de la importancia de evitar más asentamientos humanos y obras civiles en su radio.

Desde la cima de uno de los montículos del sitio arqueológico “Los Frailes” es observable la grandeza territorial de los asentamientos ya descritos en este punto y que, en la actualidad, el presidente municipal de Tecuanipan, Ángel Cuanalo Aponte, quiere que locales y visitantes aprecien como un atractivo natural e histórico.

Señala donde estaba la cancha de juego de pelota y un centro ceremonial con vista al Popocatépetl y luego revela parte de los cimientos de viviendas que quedaron al descubierto cuando se hicieron los primeros sondeos arqueológicos.

“Como pobladores conocíamos desde hace mucho tiempo esta zona, pero ya el arqueólogo (Miguel Medina) nos dio la historia y (el) por qué dejaron de habitar y pues vemos que el volcán Popocatépetl desde siempre ha estado presente y ahora provee a este municipio, que es una zona muy buena para producir granos y verduras”, asienta el alcalde.

Sobre el proyecto que involucra el sitio “Los Frailes”, el edil comparte que la intención es habilitar un museo municipal o comunitario en el kiosco del zócalo, donde se exhiban las 400 piezas arqueológicas halladas por diferentes habitantes.

Se gestiona el apoyo del INAH para que la propuesta se materialice y se cuente con el seguimiento por parte de sus especialistas.

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Confirma García Parra la separación de diez funcionarios del gobierno estatal rumbo al proceso de 2027

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El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, dio a conocer que al menos diez funcionarios de la administración estatal presentaron su separación del cargo. Este movimiento en la estructura gubernamental abarca a titulares de secretarías de Estado y a diversos mandos medios que decidieron dejar sus responsabilidades operativas.

El reacomodo interno se genera tras la difusión de las normas y convocatorias del partido Morena para coordinar los trabajos políticos de cara a las elecciones programadas para el año 2027. Las salidas se hicieron efectivas conforme a los plazos internos del partido para dar certidumbre al proceso de selección de perfiles.

García Parra enfatizó que las renuncias y licencias presentadas no van a interferir en el desarrollo cotidiano ni en el cumplimiento de los programas prioritarios del gobierno poblano. Para evitar afectaciones en la atención ciudadana, en cada una de las dependencias involucradas se designaron encargados de despacho que asumieron el control administrativo.

En sus declaraciones a los medios, el coordinador de Gabinete descartó categóricamente cualquier aspiración personal de figurar en las boletas electorales del próximo periodo contencioso. Afirmó que continuará concentrado en sus funciones institucionales de seguimiento y coordinación al interior del equipo gubernamental.

La reestructuración del gabinete se completará paulatinamente en los próximos días conforme se analicen las ternas para nombrar a los nuevos titulares definitivos en cada una de las secretarías que quedaron acéfalas tras la salida de sus anteriores responsables.

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Agua de Puebla se deslinda del proyecto y el conflicto social por la perforación de pozo en Xoxtla

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La empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos se deslindó públicamente de las obras de perforación que se llevan a cabo para la habilitación de un nuevo pozo en San Miguel Xoxtla. Asimismo, la firma privada rechazó tener responsabilidad en las tensiones y choques sociales registrados recientemente entre la población de dicha demarcación y los cuerpos de seguridad.

El director general de la empresa, Jordi Bosch, aclaró que la ejecución del proyecto de infraestructura hídrica corre íntegramente a cargo del Gobierno del Estado de Puebla. El directivo enfatizó que el organismo concesionado no sostiene ningún tipo de intervención ni participación operativa directa en las maniobras que se han venido desarrollando en los predios de esa municipalidad.

Bosch reconoció la complejidad del escenario que se vive en Xoxtla, pero expresó su confianza en que los canales de mediación institucionales establecidos por las autoridades estatales permitan alcanzar acuerdos constructivos con los habitantes. Subrayó además que el planteamiento técnico de la obra responde a la necesidad de fortalecer la distribución del servicio y garantizar una mejora sustancial en el abastecimiento hídrico a nivel local.

El distanciamiento de la concesionaria ocurre en un contexto de alta incertidumbre social en San Miguel Xoxtla, donde los pobladores han denunciado el arribo constante de fuerzas policiacas alrededor de los terrenos destinados a la extracción. El temor de la comunidad reside en una eventual disminución de los caudales disponibles para el consumo doméstico de los propios residentes.

Debido al rechazo ciudadano, los trabajos físicos de la perforación han tenido que pausarse momentáneamente a la espera de que concluyan las mesas de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los comités comunitarios. La continuidad o cancelación definitiva del proyecto dependerá de los acuerdos sobre los permisos correspondientes y la viabilidad técnica del acuífero [cite: https://www.diariocambio.com.mx/2026/puebla/agua-de-puebla-se-deslinda-de-perforacion-del-pozo-en-xoxtla-y-generar-el-conflicto-social/, https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/7/habitantes-de-xoxtla-frenan-excavacion-de-pozo-pese-a-operativo-policiaco-de-armenta-video-381437.html].

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Demandan a fiscalías estatales y a la FGR por omisiones en el Banco Nacional de Datos Forenses

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Un conjunto de colectivos integrados por familias de personas desaparecidas promovió una acción legal masiva contra los titulares de las 32 fiscalías generales de las entidades federativas, incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos. El recurso de amparo responde al incumplimiento sistemático en la interconexión tecnológica e inmediata de los registros locales con la plataforma del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta fundamental para la localización e identificación de personas a nivel nacional.

La demanda expone que las instituciones ministeriales han omitido enviar en tiempo real información crucial relativa a perfiles genéticos, huellas dactilares y registros de cadáveres o restos humanos no identificados. Esta falta de sincronización impide que los sistemas centralizados puedan realizar cruces de información eficaces entre diferentes estados, lo cual obstaculiza directamente los avances en los expedientes de búsqueda y ralentiza la restitución de los restos a sus familias.

Los colectivos señalaron que, a pesar de que en diciembre de 2022 se firmaron las bases de colaboración obligatorias y de que el BNDF inició sus operaciones de manera oficial en 2023, la falta de transparencia sobre la operatividad del sistema sigue prevaleciendo. Debido a esta desconexión, cientos de cuerpos localizados en fosas comunes o resguardados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continúan sin poder ser cotejados de forma oportuna con los expedientes de búsqueda activos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó que hasta el mes de agosto ha logrado la entrega de 160 cuerpos identificados a sus familiares mediante la implementación de su programa de identificación humana y la difusión en su micrositio de consulta. La dependencia precisó que la mayoría de los restos correspondían a personas originarias de la entidad poblana, aunque también se registraron casos de víctimas provenientes de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México.

A pesar de estos avances aislados, las familias buscadoras recalcaron que la demanda busca sentar un precedente para obligar a los mandos locales a homologar sus bases tecnológicas de forma definitiva. La exigencia central radica en garantizar la actualización automática de la información forense para que el derecho a la búsqueda y a la verdad no dependa de trámites burocráticos entre dependencias estatales.

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