El gobierno de Cuba pidió ante la Asamblea General de la ONU poner fin al embargo de Estados Unidos contra la isla, durante un debate especial en el que el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció la política de sanciones impulsada por Washington.

Durante su intervención, Rodríguez acusó al gobierno estadounidense de mantener una estrategia de presión contra Cuba, a la que calificó como una acción de carácter multidimensional y cada vez más severa en los últimos meses. También señaló que existen conversaciones diplomáticas bilaterales propuestas por Estados Unidos y aceptadas por La Habana, aunque reconoció que hasta ahora no han generado resultados.
La realización del debate especial fue aprobada con 136 votos a favor, nueve en contra y 40 abstenciones, una cifra menor al respaldo que Cuba suele recibir en las votaciones anuales de la ONU contra el embargo estadounidense. En octubre de 2025, la resolución no vinculante para exigir el levantamiento de estas medidas obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Desde 1992, la Asamblea General vota cada año una resolución que solicita el fin del embargo contra Cuba, aunque el apoyo mostró una ligera disminución en la más reciente votación. En esta ocasión, algunos países que tradicionalmente habían respaldado a la isla, como Alemania y Canadá, optaron por abstenerse.

Entre los países de América que votaron a favor de llevar el tema a debate estuvieron México, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En contraste, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay votaron en contra, mientras que Bolivia, Canadá y Ecuador se abstuvieron.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció el respaldo de los 136 países que apoyaron la discusión en la ONU y acusó presiones previas para intentar frenar el debate. Desde la postura de La Habana, cada voto a favor representó un gesto de respaldo frente a las medidas coercitivas de Washington.

Por su parte, el embajador estadounidense Mike Waltz rechazó que exista un bloqueo contra la isla y defendió que el problema central de Cuba está relacionado con su propio gobierno. Durante su intervención, pidió apoyar al pueblo cubano, pero no al régimen.

Algunos representantes internacionales también expresaron críticas a la política estadounidense hacia Cuba, aunque señalaron que la situación económica y social de la isla no puede explicarse únicamente por el embargo. El embajador de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis, apuntó a la necesidad de reformas económicas y sociales urgentes en el país caribeño.

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó de forma provisional este martes las restricciones impuestas al deporte ruso, una decisión que abre la puerta a que sus atletas vuelvan a competir en vías de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida no implica todavía la restitución plena de símbolos nacionales: el COI no ha resuelto por ahora si Rusia podrá usar bandera, himno o colores oficiales en competiciones olímpicas.

La decisión representa un giro importante después de más de cuatro años de tensiones en torno a la participación rusa en el movimiento olímpico, en el contexto de la guerra en Ucrania y de las sanciones ligadas al caso de dopaje.

Según el COI, la flexibilización busca permitir la participación de atletas rusos en competiciones deportivas internacionales, aunque varios detalles operativos quedarán sujetos a futuras definiciones del organismo y de las federaciones internacionales.

El Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamás, proyecta disolver su gobierno en la Franja de Gaza que opera desde 2007 para permitir que un comité tecnocrático palestino implemente un gobierno civil, siguiendo el plan del acuerdo de cese al fuego que se logró con Israel mediante Estados Unidos.

Esta decisión que divulgaron medios como France 24 y DW a través de una filtración de un funcionario de Hamás anónimo —señalaron—, se daría en medio de la tensión sobre la segunda fase del acuerdo que exige el desarme total del grupo político y paramilitar palestino y la salida del ejército de Israel del territorio.

«El movimiento ha decidido disolver el comité de gobierno de Gaza y nombrar a una figura de reconocimiento nacional para supervisar el trabajo del comité hasta que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma formalmente sus responsabilidades», señaló AFP, acorde con los dos medios referidos.

Esta tarde, tras mil días de genocidio contra los palestinos, la oficina de prensa de Hamás en Gaza informó que dará una rueda de prensa, aunque sin detallar respecto a qué. Esta decisión se habría comunicado con otras disidencias palestinas que la habrían secundado.

Con esta decisión permanecerán como funcionarios solo personal técnico y profesional para «garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo», señaló la fuente. Dichos empleados trabajarán bajos las órdenes del NCAG.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) que encabeza el funcionario palestino Ali Shaath se creó por la Junta de Paz, organismo que estableció Donald Trump cuando negoció el alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025 y que acorde con especialistas en geopolítica representa una alternativa impuesta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de ello, el CNAG mantiene sus bases fuera de la Franja de Gaza desde entonces debido a la negativa del estado genocida de Israel para que entre al territorio palestino donde llevaron a cabo limpieza étnica y redujeron a escombros miles de inmuebles.

El inicio de la segunda fase se estancó debido a que ambas partes no cedieron a la condición: Hamás, que un grupo tecnócrata ocupe el gobierno y el desarme total del grupo, e Israel abandonar la zona ocupada. Al contrario, avanzaron hasta ocupar el 70 por ciento del territorio históricamente considerado Palestina.