WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricción de visados orientada a sancionar a personas que interfieran o retrasen intencionadamente los procesos legales para el retorno de niños o niñas sustraídos por uno de sus progenitores hacia su país de residencia habitual. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca reforzar la efectividad de las órdenes judiciales y proteger los intereses de los menores estadounidenses retenidos en el extranjero.

La normativa se aplicará bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y podrá alcanzar no solo a los padres responsables del traslado irregular, sino también a familiares directos, así como a funcionarios públicos, jueces o agentes de seguridad de otros países que entorpezcan deliberadamente la ejecución de los marcos legales internacionales. De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la corporación ha intervenido en 145 casos de sustracción parental internacional desde 2024, por lo que esta disposición busca dotar al gobierno norteamericano de una herramienta de presión diplomática y migratoria frente a dilaciones injustificadas en la restitución de menores.

CIUDAD DE MÉXICO. — Durante su participación en el North Capital Forum 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, definió al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como una estructura difícil de reemplazar, dada la profunda integración económica y de cadenas de suministro alcanzada por los tres países de la región.

El diplomático destacó que la estrecha relación comercial construida a lo largo de décadas trasciende las administraciones gubernamentales y genera certidumbre para la inversión en América del Norte. En ese sentido, resaltó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo intergubernamentales para consolidar el bloque regional frente a los mercados globales.

Dentro del foro, Johnson enfatizó que la competitividad económica debe acompañarse de esquemas de seguridad fronteriza modernos, proponiendo la adopción de inteligencia artificial para agilizar el cruce legal de mercancías. Asimismo, se pronunció a favor de fortalecer el uso de sanciones financieras para desarticular el flujo de recursos que nutre a las organizaciones delictivas transnacionales.

En el encuentro participaron también el embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, y el embajador canadiense Cameron MacKay. Los representantes coincidieron en la necesidad de dirimir controversias comerciales de forma constructiva, consolidando la interdependencia económica para elevar los índices de desarrollo y estabilidad regional.

La cadena minorista Walmart emitió un comunicado oficial en el que garantizó que no utiliza ni utilizará información personal, ingresos ni historial de compras de sus clientes para personalizar o modificar los precios de sus productos en anaquel. La aclaración busca disipar las inquietudes surgidas tras el despliegue masivo de etiquetas digitales en sus sucursales.

El director ejecutivo de la compañía, John Furner, enfatizó que la implementación de pantallas electrónicas en las repisas no tiene como finalidad aplicar «precios dinámicos» basados en la capacidad de pago del consumidor o en la hora del día. Detalló que las fluctuaciones en los costos responderán únicamente a cambios en los costos de transporte, insumos o promociones generales transferidas a los clientes.

La tecnología de etiquetas digitales sustituye a las impresiones de papel tradicionales y permite modificar la información en estantería mediante un sistema centralizado. Según datos de la empresa, esta modalidad ya opera en más de 2 mil 300 tiendas en Estados Unidos y se prevé extender a toda su red minorista para optimizar los tiempos de trabajo de sus empleados.

Asimismo, la empresa extendió estas garantías a sus herramientas de asistencia de compras impulsadas por inteligencia artificial, como su plataforma Sparky. Walmart aseguró que el sistema no recopilará datos para encarecer productos ni para ocultar opciones de menor precio a los usuarios que realicen búsquedas en su catálogo digital.

El pronunciamiento se da en un contexto de escrutinio por parte de reguladores como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), organismo que advirtió sobre los riesgos éticos y legales de que las corporaciones utilicen algoritmos para fijar precios individualizados basados en la vulnerabilidad o urgencia del comprador.