Con el propósito de incentivar la reactivación económica y fomentar las transacciones electrónicas formales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció los detalles oficiales del Sorteo El Buen Fin 2026, el cual distribuirá una bolsa acumulada de 500 millones de pesos entre consumidores y comercios participantes.

La campaña nacional se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, periodo durante el cual miles de compradores podrán participar automáticamente por premios en efectivo sin necesidad de realizar ningún tipo de registro previo o trámite engorroso en plataformas digitales.

Para poder ser elegibles en el sorteo, los compradores deberán realizar adquisiciones iguales o superiores a los 250 pesos utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas por instituciones bancarias participantes, efectuando las operaciones exclusivamente en comercios formales debidamente registrados.

El organismo fiscal precisó que la bolsa total se dividirá para premiar tanto a los tarjetahabientes con más de 321 mil premios —destacando un galardón mayor de 250 mil pesos, además de montos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos—, como a los establecimientos comerciales adheridos a la iniciativa formal.

Los resultados con los folios de las operaciones participantes podrán consultarse a partir del próximo 27 de noviembre en los portales oficiales, mientras que la celebración del sorteo oficial tendrá lugar el 4 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas mediante transmisiones públicas.

Un movimiento telúrico de magnitud 4.0 sacudió la mañana de este miércoles las regiones costeras del estado de Chiapas, generando la movilización preventiva de los sistemas de protección civil y cuerpos de monitoreo sísmico en el sureste del territorio nacional.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el evento telúrico ocurrió exactamente a las 06:34 horas, ubicando su epicentro a 121 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las inmediaciones de la franja fronteriza con Guatemala.

Las autoridades federales detallaron que el sismo tuvo una profundidad calculada de 10 kilómetros, lo que lo clasificó como un movimiento superficial característico de la interacción geológica constante entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica en esta zona del litoral mexicano.

Tras el sismo, los comités estatales de Protección Civil activaron los protocolos de revisión rutinaria en los municipios cercanos para descartar posibles afectaciones en infraestructura urbana, escuelas u hospitales, confirmando horas más tarde saldo blanco.

Hasta el momento, las instancias de emergencia no han recibido reportes de daños materiales de consideración ni de personas heridas o fallecidas a consecuencia de este fenómeno natural, manteniéndose el monitoreo permanente ante posibles réplicas de menor intensidad.

La inseguridad y la delincuencia generaron un impacto financiero devastador para el sector privado en México, acumulando pérdidas y gastos de prevención estimados en 115 mil 100 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). Este monto, que representa el 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, refleja la pesada carga que enfrentan los establecimientos comerciales e industriales del país para mantener sus operaciones cotidianas en un entorno marcado por la violencia y el acecho de la delincuencia organizada y común.

El informe detalló que el costo económico se dividió prácticamente en partes iguales entre las pérdidas directas por la comisión de ilícitos y las inversiones destinadas a medidas de protección, tales como la instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas, blindajes y contratación de seguridad privada. Dentro de la incidencia delictiva, la extorsión se consolidó como el delito más frecuente en contra de las unidades económicas, afectando severamente la viabilidad financiera de miles de micro, pequeños y medianos empresarios que sufren constantes presiones mediante llamadas de amenaza o cobros de piso.

Consecuencia directa de esta creciente ola delictiva, el 14.5 por ciento de los negocios en el país optó por cancelar planes de expansión e inversión previstos, frenando el desarrollo económico regional y la creación de empleos formales. Asimismo, porcentajes significativos de establecimientos se vieron obligados a modificar sus dinámicas comerciales, reduciendo horarios de atención, disminuyendo el manejo físico de efectivo o cancelando rutas de distribución para evitar exponer a su personal y mercancías.

A nivel regional, la problemática mostró disparidades importantes entre las 32 entidades federativas del país. Estados como Tabasco encabezaron la lista con un 32.1 por ciento de establecimientos que decidieron frenar sus inversiones por temor a la delincuencia, seguidos de cerca por Morelos con el 27.4 por ciento y Puebla con un 23.9 por ciento de negocios que optaron por retirar o posponer capitales productivos. Estas cifras evidencian que los corredores económicos del centro y sureste experimentan un freno considerable debido al clima de vulnerabilidad imperante.

Finalmente, el estudio del INEGI reveló que la cifra negra de delitos no denunciados se mantiene en niveles críticos superiores al 90 por ciento, impulsada principalmente por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones locales y la percepción de que acudir a las autoridades representa una pérdida de tiempo. Los empresarios urgieron a los tres órdenes de gobierno a rediseñar las estrategias de procuración de justicia y combate frontal a la extorsión, única vía para recuperar la confianza y reactivar el flujo seguro de inversiones en territorio nacional.