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se elevan estímulos fiscales complementarios a todos los combustibles

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En su segunda semana de implementación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los montos del estímulo fiscal complementario que se le otorga a las gasolinas, ello luego de la escalada de precios que se ha observado en los últimos días.

Para la semana del 12 al 18 de marzo se activó el estímulo fiscal complementario a todos los combustibles, es decir, a la gasolina Magna, Premium y el diésel, esto luego de que el gobierno les concediera 100% del estímulo fiscal ya existente.

Con esto, por la gasolina Magna se dejará de recaudar 5.4917 pesos por litro de IEPS, al tiempo que se otorgará un estímulo fiscal complementario por 3.8741 pesos por litro.

En tanto, por la gasolina Premium, que por primera vez tiene un estímulo fiscal de 100%, se dejará de recaudar 4.6375 pesos por litro, y el beneficio complementario significará 2.7480 pesos.

En lo que se refiere al diésel, se dejarán de recaudar 6.0354 pesos por litro, mientras que el estímulo fiscal complementario costará 5.2380 pesos.

Hace unos días, Hacienda implementó un nuevo mecanismo para evitar que el aumento del precio internacional del petróleo –ocasionado por la invasión de Rusia a Ucrania– repercuta en los bolsillos de los consumidores de gasolina.

“Durante las primeras semanas del 2022, los precios han tenido incrementos adicionales debido a las tensiones geopolíticas en Europa del Este y en el Medio Oriente. Los precios de los combustibles automotrices se encuentran relacionados con los precios internacionales de los combustibles y el crudo, así como con el tipo de cambio, por lo que el incremento de estos elementos ha propiciado el aumento de los estímulos aplicables a estos combustibles, pudiendo alcanzar 100% de las cuotas”, señaló el decreto.

Este estímulo complementario estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, durará lo que resta de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se activará cada vez que el estímulo fiscal al IEPS alcance una tasa de 100 por ciento.

De acuerdo con lo publicado, el monto del estímulo fiscal, correspondiente a la totalidad de litros de combustibles enajenados, se podrá acreditar contra el ISR a cargo del contribuyente en los pagos provisionales o bien, acreditar contra el IVA e, incluso, poder alcanzar una devolución en caso de que exista un excedente que no se haya acreditado.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha revelado estimaciones de lo que este nuevo estímulo complementario podría costarle al erario público; no obstante, algunos especialistas han apuntado que la renuncia recaudatoria pudiera ser de 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con un análisis de Bank of America Securities, el costo para el erario del estímulo fiscal existente más el complementario podría ser de hasta 2% del PIB.

En tanto, en Banco Base prevén que el estímulo complementario tenga un costo de 330,000 millones de pesos, un monto que supera, por ejemplo, los 200,000 millones de pesos que costaría implementar un Sistema Nacional de Cuidados.

“Suponiendo que el estímulo adicional sobre la gasolina y el diésel se mantiene el resto del año, el costo estimado sería de 330,000 millones de pesos, equivalentes a 5.36% de los ingresos presupuestarios del 2022, o bien a 1.26% del PIB”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La analista agregó que se espera que este estímulo, que es otorgado a los importadores y productores, sea trasladado a lo largo de la cadena de suministro y, por lo tanto, resulte en menores precios para los consumidores; sin embargo, esto dependerá al final de las estructuras de mercado y la competencia.

En lo que va del año, ante las tensiones geopolíticas existentes y la aún recuperación económica luego de los impactos de Covid-19, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ha encarecido 47.23 por ciento.

Al cierre del año pasado, la mezcla se vendía en 71.29 dólares por barril; en tanto el viernes cotizó en 104.96 dólares.

En promedio, la mezcla mexicana se ha vendido en 86.71 dólares por barril en lo que va del año, lo cual supera la estimación de la Secretaría de Hacienda de 55.1 dólares, por lo que se espera que se obtengan excedentes de ingresos petroleros este año.

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Fue homicidio, concluye forense sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos de ICE

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La versión oficial del Departamento de Seguridad Interior ha sido puesta en duda por testimonios y videos que contradicen la narrativa de «defensa propia». Familiares y organizaciones exigen una investigación independiente ante la falta de confianza en las autoridades federales.

Por: HMX

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, ha escalado a un conflicto de alto nivel tras la reciente determinación de la oficina del médico forense del condado de Harris, en Texas. El reporte oficial ha clasificado el deceso como homicidio, dictaminando que la causa principal fue una herida de bala en el torso, disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La contradicción: ¿Defensa propia o ejecución?

Horas después del incidente ocurrido el pasado martes, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió un comunicado asegurando que sus agentes actuaron en defensa propia, alegando que Salgado intentó embestirlos con su vehículo.

Sin embargo, esta versión se ha desmoronado ante la evidencia presentada por la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) y los testimonios de tres trabajadores de construcción que viajaban en la camioneta de Salgado. Según el abogado Hugo Balderas Ibarra, quien representa a los testigos:

  • Posición de los agentes: Los oficiales se encontraban a los costados del vehículo, no al frente ni detrás, lo que descarta físicamente la posibilidad de un atropello.
  • La versión de los testigos: Los trabajadores aseguran que el tiroteo inició en el momento en que Salgado descendió de su unidad tras atender las instrucciones de los oficiales.
  • Evidencia de video: Grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, obtenidas por LULAC, muestran una persecución por parte de vehículos sin insignias oficiales que cerraron el paso a la camioneta de Salgado antes del desenlace fatal.

Un llamado a la justicia independiente

La falta de credibilidad hacia la versión federal ha provocado que la sociedad civil y las autoridades locales exijan mayor transparencia. El alcalde de Houston, John Whitmire, ha solicitado una investigación paralela a cargo de la policía metropolitana, compartiendo sus hallazgos con el FBI y el DHS. Asimismo, la Fiscalía del condado de Harris mantiene su propia línea de indagación a través del fiscal Sean Teare.

No obstante, tanto los familiares de la víctima como activistas de LULAC han expresado su desconfianza absoluta en el FBI y el DHS, temiendo que estas instituciones protejan a sus propios agentes. Mientras tanto, en San Antonio, más de un centenar de personas se manifestaron frente al centro de gobierno exigiendo una investigación totalmente independiente.

Un perfil sin antecedentes

Lorenzo Salgado era un hombre de familia y empresario. Durante 35 años residió en Houston sin antecedentes penales, era padre de tres ciudadanos estadounidenses y dueño de una pequeña empresa de construcción. El propio ICE admitió, tras el incidente, que Salgado no era el objetivo de su operativo; el encuentro fue fortuito en un vecindario de clase trabajadora.

El dolor de la familia se ha visto agravado por amenazas de odio dirigidas contra el hijo mayor de la víctima, quien ha sido blanco de acoso en medios de comunicación.

Amenaza contra testigos

A la tragedia se suma una denuncia crítica: organizaciones civiles han alertado sobre un presunto plan para deportar a los trabajadores que presenciaron el homicidio. Esta acción, de concretarse, eliminaría a los testigos clave que sostienen la versión contraria a la oficial, complicando aún más el camino hacia la justicia.

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Hacienda pide 46 mdp por uso de Campo Marte antes que termine el Fan Fest

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Un oficio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estimó en 46.1 millones de pesos el costo por usar los 40 mil metros cuadrados del Campo Militar Marte durante todo el Mundial de fútbol de la FIFA.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda le solicitó a Defensa la acreditación del pago por el uso del lugar antes de que concluya el Mundial. Hasta antes de eso, la empresa organizadora del festival Campo Marte 26 Santander, The Mates Contents, había obtenido el aprovechamiento de las instalaciones militares sin tener que pagar un solo peso, como reveló MCCI con el contrato firmado el 19 de febrero de 2026 entre la compañía The Mates Content y las secretarías de Defensa y Turismo.

El documento pide acreditar el pago antes de que termine el torneo, pues cuando se firmó el contrato inicial entre la empresa organizadora y las secretarías de Defensa y Turismo se estableció que por la utilización del Campo Marte no habría contraprestación a cargo de las partes. Es decir, que por el aprovechamiento comercial del recinto, The Mates Contents no pagaría ningún monto.

Después de que se dio a conocer que la empresa privada firmó el contrato con las secretarías de Defensa y Turismo para explotar de manera gratuita el Campo Marte con la celebración del fan fest mundialista denominado Campo Marte 26 Santander, las autoridades hacendarias determinaron que sí debía haber un pago por el uso del recinto, como informó Reforma el 14 de junio. Para realizar la estimación del monto, Defensa respondió sobre el aforo y características del evento.

En el nuevo oficio del INDAABIN, enviado el 8 de junio de 2026, las autoridades determinaron que dadas las características del evento debían pagarse 46 millones 71 mil 827 pesos en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Este plazo se cumplió el martes 7 de julio.

El documento, identificado con el número de oficio DGUI/SGUAI/0843/2026 no demuestra que el pago se haya realizado. Tampoco precisa si el monto debía ser cubierto por la empresa privada que explotó comercialmente el evento, por la propia Defensa o mediante algún convenio de reembolso que no ha sido publicado.

El desglose del monto
El cálculo de INDAABIN considera 39 días, del 10 de junio al 19 de julio de 2026, para la realización de “Campo Marte 2026”, incluido el evento gastronómico “México de mis sabores”.

El monto fue dividido en cuatro rubros.

11 mil 575 metros cuadrados para actividades gastronómicas, con un cobro de 23 millones 40 mil pesos, incluido IVA.

4 mil 151 metros cuadrados para expo-arte, por 2 millones 441 mil pesos.

3 mil 41 metros cuadrados para actividades deportivas, por 2 millones 338 mil pesos.

21 mil 233 metros cuadrados para actividades recreativas y musicales, por 18 millones 251 mil pesos.

En conjunto, el uso de 40 mil metros cuadrados del inmueble federal fue valuado en 39 millones 717 mil pesos antes de IVA, o 46 millones 71 mil pesos con el impuesto incluido.

El oficio fue dirigido a Óscar Alencastre Cruz, subdirector administrativo de la Dirección General de Ingenieros de Defensa. El INDAABIN señaló que el cálculo se realizó a partir de información proporcionada por los militares y de un dictamen valuatorio genérico emitido en julio de 2025.

El documento no acredita el pago
La investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Defensa y Turismo permitieron a una empresa privada utilizar gratuitamente el Campo Marte para un negocio durante el Mundial, pues no sería de acceso gratuito, sino con boletos desde 400 hasta 24 mil pesos y una expectativa de ingresos superior a 500 millones de pesos.

La cláusula tercera del contrato firmado el 19 de febrero de 2026 señala que «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES‘». Este hecho, junto con la omisión de presentar el Programa Especial de Protección Civil ante la alcaldía, fueron parte de los elementos principales que activaron una disputa jurídica encabezada por vecinos de la zona de Polanco y del Bosque de Chapultepec, que promovieron diversos amparos a partir del 20 de mayo de 2026.

El documento de Hacienda donde se determinó que sí debía pagarse por el uso del inmueble público, así como el monto, se emitió hasta que el caso se difundió ante la opinión pública.

El oficio no está dirigido a The Mates Contents, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco incluye una línea de captura, recibo de pago, transferencia bancaria o constancia de entero a la Tesorería de la Federación.

MCCI envió un cuestionario a The Mates Contents vía correo electrónico con preguntas sobre el contenido de esta nota y se comunicó vía telefónica para dar aviso del mismo, al cierre no hubo respuesta.

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Niega el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch que el gobierno oculte a Rocha Moya en instalaciones militares

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió este miércoles las versiones que aseguraban que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraba oculto en instalaciones del Ejército Mexicano y sostuvo que el gobierno federal no brinda protección especial a ningún exfuncionario señalado por autoridades estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que Rocha Moya permanece en Sinaloa y descartó que esté resguardado en instalaciones militares o bajo custodia de alguna dependencia del Gabinete de Seguridad. «El gobierno no protege a nadie», afirmó al responder a los cuestionamientos sobre el paradero del exmandatario estatal.

García Harfuch explicó que Rubén Rocha no cuenta con escoltas asignados por el Gobierno federal ni ha solicitado medidas de protección a las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, precisó que, en caso de disponer de un esquema de seguridad, éste corresponde a corporaciones del ámbito estatal, como ocurre con otros exgobernadores.

Las declaraciones del titular de la SSPC se producen en medio de las investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos contra diversos exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, situación que ha generado versiones sobre la ubicación y el resguardo de Rocha Moya.

Harfuch reiteró que cualquier procedimiento legal deberá seguir los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países y las disposiciones del marco jurídico vigente.

El secretario insistió en que las instituciones federales continúan concentradas en las acciones de combate a la delincuencia organizada y subrayó que las investigaciones y eventuales órdenes judiciales deberán resolverse conforme al debido proceso, sin privilegios ni excepciones para ningún servidor o exservidor público.

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