NUEVA YORK, EE. UU. — En el marco de los trabajos del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las representaciones diplomáticas de México y Francia reafirmaron su alianza estratégica para promover la limitación voluntaria del derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad. La iniciativa busca evitar que este recurso sea utilizado por los miembros permanentes del organismo en situaciones donde se registren atrocidades masivas, tales como crímenes de guerra, genocidios o crímenes de lesa humanidad.

Presentada originalmente por ambos países en el año 2015, la propuesta multilateral ha acumulado un notable respaldo en la arena internacional, sumando hasta el momento la adhesión de 128 Estados miembros. Las autoridades diplomáticas destacaron que durante los últimos cuatro meses se integraron 21 nuevas naciones provenientes de África, América Latina, el Caribe y Asia, lo que refleja un consenso creciente sobre la necesidad de reformar el funcionamiento del órgano internacional de seguridad.

Un hito de relevancia dentro del encuentro ministerial celebrado en Nueva York fue la adhesión formal del Reino Unido a esta declaración política. Con esta decisión, el gobierno británico se convierte en la segunda potencia con asiento permanente en el Consejo de Seguridad —junto a Francia— en comprometerse a no utilizar su facultad de veto cuando el pleno del organismo deba tomar decisiones operativas ante crisis humanitarias de gran magnitud.

Las delegaciones parlamentarias y diplomáticas de México y Francia subrayaron que el abuso recurrente del derecho de veto por parte de potencias globales ha paralizado en múltiples ocasiones la capacidad de respuesta de las Naciones Unidas. Esto ha dejado desprotegidas a poblaciones civiles en medio de conflictos armados, socavando la efectividad de las misiones de paz y la aplicación estricta del derecho internacional humanitario.

Ambas naciones acordaron dar continuidad a sus labores de cabildeo diplomático a nivel global para invitar a más gobiernos a sumarse a la iniciativa. El objetivo final es consolidar una mayoría calificada que presione políticamente a los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que adopten la restricción del veto, priorizando la protección de los derechos humanos y la prevención de tragedias comunitarias en el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO. — Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un vehemente posicionamiento dirigido a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general, instando a no normalizar la crisis de inseguridad que afecta a diversas regiones del país. En el manifiesto titulado “La paz es tarea de todos”, la representación eclesiástica enfatizó la urgente necesidad de articular esfuerzos conjuntos entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para reconstruir el tejido social y restaurar la tranquilidad en el territorio nacional.

El organismo religioso remarcó que la paz verdadera trasciende la simple ausencia de enfrentamientos armados o actos delictivos visibles, pues debe traducirse en garantías reales para que la población ejerza su vida cotidiana con plena seguridad, certeza jurídica y libertad. Los obispos expresaron su constante preocupación por el impacto devastador que fenómenos como los homicidios, las desapariciones forzadas, el desplazamiento interno de comunidades y la extorsión sistemática siguen generando sobre miles de familias mexicanas.

En su pronunciamiento, el Episcopado recordó de manera especial el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín C. Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, trágico hecho ocurrido en junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Este acontecimiento se constituyó como un hito trágico que impulsó la creación del «Diálogo Nacional por la Paz», una iniciativa de articulación social promovida desde el sector eclesiástico para formular propuestas integrales en materia de seguridad y justicia comunitaria.

La Iglesia hizo un llamado explícito a las autoridades competentes a asumir cabalmente su responsabilidad constitucional en el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el blindaje del Estado de derecho. No obstante, señalaron que la solución a la violencia estructural no recae únicamente en la acción policial o gubernamental, sino que requiere de un compromiso civil activo centrado en el diálogo, la mediación comunitaria y la solidaridad.

Para concluir su mensaje, los integrantes de la CEM manifestaron su convicción de que el país cuenta con los recursos morales y sociales necesarios para revertir los índices delictivos. Hicieron hincapié en que únicamente a través de la colaboración estrecha entre las familias, los líderes comunitarios, las iglesias y los organismos estatales será posible frenar el deterioro social y establecer condiciones duraderas de pacificación a lo largo de la República.

Un juez de control vinculó a proceso a Yanet “N”, una ciudadana estadounidense imputada por su probable responsabilidad en la introducción ilícita a territorio nacional de más de cinco mil cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución judicial fue emitida tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora.

La detención de la señalada se llevó a cabo en las instalaciones del recinto fiscal de la aduana en San Luis Río Colorado, Sonora, cuando pretendía ingresar a México procedente del estado de Arizona, Estados Unidos. El aseguramiento ocurrió durante una inspección de rutina realizada por elementos de la Guardia Nacional y personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes detectaron irregularidades en la unidad en la que se transportaba.

Durante la revisión minuciosa al vehículo —una camioneta tipo Jeep Wrangler—, los agentes federales localizaban ocultos bajo los asientos un total de 5 mil 445 cartuchos útiles calibre 7.62 × 39 milímetros, munición utilizada comúnmente para fusiles de asalto. Tras el hallazgo de la carga bélica, las autoridades procedieron al arresto inmediato de la conductora y al aseguramiento tanto del armamento como del automotor para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En la audiencia inicial, el juez federal calificó como legal la detención y determinó dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Yanet “N” por el delito de introducción clandestina de cartuchos de uso exclusivo militar. Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando que la imputada permanezca privada de la libertad en un centro penitenciario mientras se desahoga el procedimiento penal.

Finalmente, el impartidor de justicia fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR mantendrá abiertas las indagatorias correspondientes con el propósito de recabar mayor evidencia sobre el origen de las municiones, la ruta empleada en el traslado fronterizo y su eventual destino dentro de las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la región norte del país.