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se elevan estímulos fiscales complementarios a todos los combustibles

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En su segunda semana de implementación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los montos del estímulo fiscal complementario que se le otorga a las gasolinas, ello luego de la escalada de precios que se ha observado en los últimos días.

Para la semana del 12 al 18 de marzo se activó el estímulo fiscal complementario a todos los combustibles, es decir, a la gasolina Magna, Premium y el diésel, esto luego de que el gobierno les concediera 100% del estímulo fiscal ya existente.

Con esto, por la gasolina Magna se dejará de recaudar 5.4917 pesos por litro de IEPS, al tiempo que se otorgará un estímulo fiscal complementario por 3.8741 pesos por litro.

En tanto, por la gasolina Premium, que por primera vez tiene un estímulo fiscal de 100%, se dejará de recaudar 4.6375 pesos por litro, y el beneficio complementario significará 2.7480 pesos.

En lo que se refiere al diésel, se dejarán de recaudar 6.0354 pesos por litro, mientras que el estímulo fiscal complementario costará 5.2380 pesos.

Hace unos días, Hacienda implementó un nuevo mecanismo para evitar que el aumento del precio internacional del petróleo –ocasionado por la invasión de Rusia a Ucrania– repercuta en los bolsillos de los consumidores de gasolina.

“Durante las primeras semanas del 2022, los precios han tenido incrementos adicionales debido a las tensiones geopolíticas en Europa del Este y en el Medio Oriente. Los precios de los combustibles automotrices se encuentran relacionados con los precios internacionales de los combustibles y el crudo, así como con el tipo de cambio, por lo que el incremento de estos elementos ha propiciado el aumento de los estímulos aplicables a estos combustibles, pudiendo alcanzar 100% de las cuotas”, señaló el decreto.

Este estímulo complementario estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, durará lo que resta de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se activará cada vez que el estímulo fiscal al IEPS alcance una tasa de 100 por ciento.

De acuerdo con lo publicado, el monto del estímulo fiscal, correspondiente a la totalidad de litros de combustibles enajenados, se podrá acreditar contra el ISR a cargo del contribuyente en los pagos provisionales o bien, acreditar contra el IVA e, incluso, poder alcanzar una devolución en caso de que exista un excedente que no se haya acreditado.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha revelado estimaciones de lo que este nuevo estímulo complementario podría costarle al erario público; no obstante, algunos especialistas han apuntado que la renuncia recaudatoria pudiera ser de 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con un análisis de Bank of America Securities, el costo para el erario del estímulo fiscal existente más el complementario podría ser de hasta 2% del PIB.

En tanto, en Banco Base prevén que el estímulo complementario tenga un costo de 330,000 millones de pesos, un monto que supera, por ejemplo, los 200,000 millones de pesos que costaría implementar un Sistema Nacional de Cuidados.

“Suponiendo que el estímulo adicional sobre la gasolina y el diésel se mantiene el resto del año, el costo estimado sería de 330,000 millones de pesos, equivalentes a 5.36% de los ingresos presupuestarios del 2022, o bien a 1.26% del PIB”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La analista agregó que se espera que este estímulo, que es otorgado a los importadores y productores, sea trasladado a lo largo de la cadena de suministro y, por lo tanto, resulte en menores precios para los consumidores; sin embargo, esto dependerá al final de las estructuras de mercado y la competencia.

En lo que va del año, ante las tensiones geopolíticas existentes y la aún recuperación económica luego de los impactos de Covid-19, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ha encarecido 47.23 por ciento.

Al cierre del año pasado, la mezcla se vendía en 71.29 dólares por barril; en tanto el viernes cotizó en 104.96 dólares.

En promedio, la mezcla mexicana se ha vendido en 86.71 dólares por barril en lo que va del año, lo cual supera la estimación de la Secretaría de Hacienda de 55.1 dólares, por lo que se espera que se obtengan excedentes de ingresos petroleros este año.

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La presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se realicen todas las investigaciones sobre el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan. La mandataria confirmó que su administración ya da seguimiento al caso en coordinación con el Gobierno de Puebla.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes desde Quintana Roo, Sheinbaum informó que conoció los hechos durante la reunión del Gabinete de Seguridad, donde recibió un reporte sobre el homicidio del también abogado y docente.

La titular del Ejecutivo señaló que existe comunicación permanente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien también instruyó el desarrollo de una investigación que considere todos los elementos relacionados con el crimen.

Además, la presidenta hizo referencia al video difundido en redes sociales tras el asesinato de Martínez Contreras. En esa grabación, el comunicador denunció presuntas amenazas por parte del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de cuestionar el manejo de recursos públicos y exigir transparencia a las autoridades.

En el mensaje, «El Jaguar» sostuvo que las presiones no modificarían su labor informativa y aseguró que continuaría trabajando por su comunidad. También rechazó acusaciones sobre un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, para lo cual mostró comprobantes de pago con el fin de desmentir esos señalamientos.

Armenta pide denunciar amenazas
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía tomará en cuenta el contenido del video dentro de las indagatorias. Asimismo, precisó que el periodista no solicitó protección a las autoridades estatales antes del ataque y exhortó a las y los comunicadores a denunciar cualquier amenaza o acto de intimidación.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez Contreras y le dispararon alrededor de las 08:00 horas del 16 de julio, a escasos metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El periodista dirigía la página Noticias Texmelucan y combinaba esa actividad con su profesión como abogado y maestro.

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Detienen en México a exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible

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Autoridades de seguridad de México detuvieron este jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo, dijo la FGR.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el arresto en el municipio de Ensenada, agregó la institución.

Ruffo, de 74 años, es un político conocido en México. En 1989, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía en sus manos la presidencia y todos los gobiernos estatales, se convirtió en el primer gobernador de oposición tras ganar el cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Gobernó Baja California hasta 1995 y después ocupó otros cargos públicos, como senador y diputado federal. Antes, entre 1986 y 1989, fue alcalde de Ensenada.

Administrador de formación y empresario del sector pesquero, todos los puestos de elección popular que ha ganado los ha obtenido bajo las siglas del PAN. Milita en esa fuerza política desde 1985, según su semblanza publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

La detención de Ruffo se produce en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y contrabando de combustible, un delito popularmente conocido como “huachicol” y que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas, según autoridades federales.

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Sheinbaum ordena revisar el caso de Brenda Quevedo, acusada en el caso Wallace

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La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el proceso judicial de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva cerca de dos décadas privada de la libertad y sin recibir una sentencia definitiva por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria anunció tres acciones para atender el caso: solicitar una revisión jurídica en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las áreas federales de derechos humanos; gestionar que la Fiscalía General de la República reciba a las abogadas de Quevedo Cruz, y hacer un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para analizar las posibles irregularidades y demoras en el proceso.
“Me comprometo a tres cosas”, expresó Sheinbaum al responder a un planteamiento sobre la situación jurídica de Brenda Quevedo. La presidenta señaló que las instituciones correspondientes deberán estudiar el expediente y escuchar directamente a su equipo de defensa.

¿Quién es Brenda Quevedo y por qué está detenida?

Brenda Quevedo Cruz fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005. Fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y posteriormente extraditada a México, donde quedó sujeta al proceso penal iniciado por el llamado caso Wallace.

Su defensa sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren su participación y que la investigación se construyó a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Quevedo también ha denunciado haber sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante su reclusión.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria debido a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable. El organismo internacional pidió al Estado mexicano remediar su situación y garantizarle una reparació

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