La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla expresó su profunda preocupación y descontento ante el impacto negativo que el comercio informal genera en las ventas formales del sector establecido durante la temporada del Buen Fin. A través de un pronunciamiento dirigido a la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), la cámara empresarial denunció que la proliferación descontrolada de vendedores ambulantes en el Centro Histórico y otras zonas comerciales inhibe la afluencia de compradores y representa una competencia desleal para los negocios que cumplen con el pago de impuestos y prestaciones laborales.

De acuerdo con el sector comercial organizado, la presencia masiva de comercio informal en la vía pública obstaculiza el libre tránsito peatonal y demerita la experiencia de compra de los consumidores que buscan aprovechar los descuentos y promociones de la campaña nacional. Pese a los operativos coordinados entre autoridades y comerciantes formales para incentivar el consumo en establecimientos autorizados, los agremiados a la Canaco manifestaron que la falta de un ordenamiento estricto limita el potencial de recuperación económica esperado para este periodo clave del año.

En respuesta a los reclamos del sector productivo, la Segom municipal indicó que se mantienen vigentes los operativos de supervisión y diálogo con los líderes de ambulantes para inhibir la invasión de espacios públicos prohibidos. Sin embargo, las autoridades reconocen que se trata de un reto complejo que requiere la combinación de estrategias de ordenamiento comercial, opciones de reubicación y acciones firmes para garantizar el respeto al Coremun (Código Reglamentario para el Municipio de Puebla).

El gremio empresarial hizo un llamado enérgico a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia durante los días de mayor afluencia comercial, subrayando que la formalidad es el pilar fundamental para la generación de empleos dignos y el desarrollo económico sostenido de la capital poblana. La Canaco reiteró su disposición para colaborar con el ayuntamiento en la búsqueda de soluciones integrales que beneficien a toda la comunidad.

En cumplimiento con los plazos establecidos por la normatividad local, el Gobierno del Estado de Puebla hizo entrega formal del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027 al Congreso local. El documento proyecta un crecimiento presupuestal del 6.4 por ciento en comparación con el año anterior, reflejando las prioridades financieras de la administración estatal en materia de desarrollo social, infraestructura, seguridad pública y fortalecimiento de los servicios de salud en las distintas regiones de la entidad.

Durante la presentación del proyecto financiero, representantes del gabinete estatal destacaron que este incremento responde a una planeación fiscal prudente y a la optimización de la recaudación local, lo que permitirá canalizar más recursos hacia los sectores más necesitados sin descuidar la estabilidad financiera de las finanzas públicas. Entre los rubros prioritarios destacan la asignación de fondos para obra pública municipal, programas de apoyo al campo poblano y la consolidación de proyectos estratégicos en materia educativa y de procuración de justicia.

Por su parte, las distintas fracciones parlamentarias representadas en el Poder Legislativo iniciaron el análisis detallado del paquete económico 2027. Los legisladores señalaron que se llevará a cabo un estudio minucioso de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos sean distribuidos de manera equitativa y transparente, priorizando el bienestar de las familias poblanas y el desarrollo económico sostenible del estado.

Se prevé que durante las próximas semanas se lleven a cabo mesas de trabajo y comparecencias con funcionarios estatales para aclarar dudas y enriquecer el proyecto antes de su votación definitiva en el pleno del Congreso. Con este paquete económico, el gobierno estatal busca sentar las bases para cerrar los compromisos de la administración y dar continuidad a las políticas públicas prioritarias para la entidad poblana.

La situación al interior de los centros penitenciarios del estado de Puebla ha vuelto a colocarse en el centro del debate público tras las recientes declaraciones sobre una eventual incursión de las autoridades federales. De acuerdo con información dada a conocer por medios estatales, la Federación intervendría directamente en el penal de San Miguel únicamente si así lo solicita la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum o las instancias competentes del gobierno estatal.

La medida busca garantizar el orden, el respeto a los derechos humanos y el control institucional dentro de uno de los centros de reclusión con mayor densidad poblacional en la región. Diversas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y las condiciones de gobernabilidad al interior del centro penitenciario, argumentando que se requieren acciones contundentes para prevenir situaciones de riesgo tanto para la población penitenciaria como para el personal administrativo y de custodia.

Por su parte, las autoridades locales han mantenido una postura de apertura institucional, reiterando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para abordar los retos en materia de seguridad pública y reinserción social. No obstante, se ha enfatizado que cualquier solicitud formal de intervención federal deberá estar fundamentada en diagnósticos precisos sobre la situación operativa del reclusorio.

Mientras se define si se concretará o no la participación directa del gobierno federal, familiares de personas privadas de la libertad continúan exigiendo mayor transparencia y garantías de seguridad. El tema permanece bajo constante seguimiento por parte de la opinión pública y los actores políticos locales, quienes evalúan el impacto que una intervención de esta magnitud tendría en la estructura del sistema penitenciario poblano.