Las cuatro leyes secundarias al Poder Judicial, con las que se dará cumplimiento a las reformas promovidas por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso de Puebla.
En sesión ordinaria y en cuatro votaciones por separado, se dio luz verde a los cuatro ordenamientos que envió el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, por acuerdo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el pasado 22 de febrero, cuando venció su plazo de expedición.
En sus intervenciones, los diputados locales confiaron en que estos cambios garantizarán la existencia de contrapesos entre los tres poderes, se profesionalizará la impartición de justicia, se evitará la omisión legislativa y sancionarán a los magistrados corruptos.
Con 34 votos a favor se aprobó la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en la que se detallan los medios de control constitucional que pueden ser utilizados por el Poder Judicial para proteger y dar certeza jurídica sobre el respeto a la Constitución.
También delimita el actuar de la Sala Constitucional y recalca la Acción por Omisión Legislativa como mecanismo con el que se resolverán las denuncias que se emitan en contra del Congreso de Puebla por no haber legislado o atender reformas en los plazos dictados por las autoridades.
“Es interesante saber que con esta iniciativa va a haber una especie de contrapesos. (…) Hoy se va a regular el tema de la omisión legislativa y quienes pueden, en su caso, recurrir ante la omisión que tengamos, ahora o en el futuro, en este Congreso”, señaló el diputado panista Eduardo Alcántara.
La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Puebla, misma que quedó aprobada con 34 votos a favor, intentará revertir el atraso que existe en la emisión de sentencias por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
También se creará el Centro de Justicia Alternativa como órgano desconcentrado que podrá analizar la aplicación de estos métodos en procedimientos penales, civiles, familiares y mercantiles.
En tanto, con 34 votos a favor se aprobó la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, la cual contiene las acciones que garantizarán el acceso a la justicia de los poblanos.
Este ordenamiento contempla asuntos del fuero local, en materia penal, familiar, civil, laboral y de justicia cívica, “mediante la asesoría, gestión, representación, patrocinio o defensa de los intereses de las personas que lo soliciten”.
La Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla se aprobó con 35 votos a favor y servirá para regular el ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas.
Estos procesos serán vigilados a través del Consejo de la Judicatura, presidido por Carlos Palafox Galeana, que “contará con la Escuela Estatal de Formación Judicial, misma que estará dotada de autonomía técnica”, con la que se educará y actualizará a los abogados que se desempeñen como integrantes del Poder Judicial.