Derivado de las acciones orientadas a fortalecer el orden y la gobernabilidad en los espacios de readaptación social de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo el traslado de dos personas privadas de la libertad hacia otros centros de reclusión, tras ser señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, en la capital poblana.

A través de un posicionamiento oficial, la dependencia estatal detalló que la reubicación de los internos se concretó con base en un riguroso análisis técnico y criminológico. Este procedimiento evaluó de manera integral los antecedentes, el comportamiento reciente y los factores de riesgo de los involucrados, además de verificar la capacidad operativa y los esquemas de seguridad de los penales receptores antes de ejecutar la medida.

En el mismo contexto, la institución se pronunció respecto a diversos materiales audiovisuales que circularon recientemente en plataformas digitales, los cuales exhibían supuestas problemáticas al interior del reclusorio. Al respecto, la SSP puntualizó categóricamente que dichos videos no corresponden a la realidad actual del centro penitenciario, por lo que deslindó los registros difundidos de la operación vigente de las instalaciones.

Las autoridades estatales recordaron que, como parte de la estrategia permanente para inhibir la introducción de sustancias y artículos prohibidos, durante los últimos periodos se han intensificado los operativos coordinados de supervisión y control con la participación de fuerzas federales, incluyendo a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Finalmente, la dependencia reiteró que el gobierno del estado mantiene un monitoreo constante sobre los centros de reinserción social en territorio poblano, con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad de la población interna, el personal administrativo y los visitantes, garantizando el cumplimiento de los protocolos de legalidad y seguridad institucional.

MLC

Una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad se registró en la capital poblana tras suscitarse una explosión al interior del establecimiento conocido como Baños Providencia, un incidente que dejó un saldo preliminar de personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en inmuebles colindantes. Elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos acordonaron la zona para realizar las labores de rescate y remoción de escombros, mientras peritos en siniestros iniciaron las indagatorias para determinar el origen exacto de la deflagración.

De acuerdo con los primeros reportes de la autoridad municipal, la explosión habría estado vinculada con una acumulación de gas LP en el área de calderas del negocio, lo que provocó una onda expansiva que cimbró las calles aledañas y generó pánico entre los vecinos de la zona. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada, reportando diversos grados de quemaduras y afectaciones por inhalación de humo.

Propietarios y administradores del establecimiento se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades y verificar si el negocio contaba con las licencias de funcionamiento vigentes, las bitácoras de mantenimiento de los tanques estacionarios y los dictámenes de protección civil requeridos por el Código Reglamentario Municipal. Vecinos del sector denunciaron que en repetidas ocasiones habían solicitado revisiones a este tipo de negocios ante el temor de accidentes por manejo de gas.

Las autoridades municipales hicieron un llamado enérgico a los dueños de establecimientos comerciales que operan con calderas o sistemas de gas de alto consumo para extremar las medidas preventivas y someterse a inspecciones periódicas obligatorias. La tragedia en los Baños Providencia reaviva el debate sobre la necesidad de endurecer la supervisión de riesgos en giros comerciales ubicados en zonas habitacionales de alta densidad en la capital poblana.

La tensión y la inseguridad en los complejos habitacionales del municipio de Coronango volvieron a acaparar la atención pública tras la denuncia formal interpuesta por una conductora de servicio de transporte por aplicación, quien fue víctima de una presunta agresión física y verbal por parte de un elemento de seguridad privada en el fraccionamiento Misiones de San Francisco. De acuerdo con los testimonios recabados, el conflicto se desató cuando la trabajadora del volante intentó ingresar al conjunto habitacional para recoger a un pasajero, momento en el cual el vigilante le negó el acceso de forma prepotente.

La situación escaló rápidamente de la discusión verbal a los golpes, cuando el guardia de seguridad presuntamente arremetió contra la unidad y agredió físicamente a la conductora, causándole diversas lesiones y daños materiales al vehículo. Conductores de diferentes plataformas digitales que operan en la zona metropolitana se movilizaron de inmediato en solidaridad con su compañera, bloqueando parcialmente los accesos al fraccionamiento para exigir justicia, la detención inmediata del agresor y el respeto al libre tránsito en las vialidades internas.

Representantes de los colonos y de la administración de seguridad privada del fraccionamiento señalaron que existen estrictos protocolos de control de acceso para evitar la entrada de vehículos ajenos al conjunto habitacional; sin embargo, recalcaron que bajo ninguna circunstancia se justifica el uso de la violencia física contra los prestadores de servicios o visitantes. Por su parte, la empresa de seguridad privada se vio presionada a iniciar una revisión interna para deslindar responsabilidades y colaborar con las autoridades ministeriales en las indagatorias correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal de Coronango y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar de los hechos para calmar los ánimos de los transportistas inconformes y escoltar al presunto agresor ante la agencia del Ministerio Público. Las autoridades locales hicieron un llamado a la cordura y al diálogo, comprometiéndose a dar seguimiento puntual a la denuncia para garantizar que el caso no quede en la impunidad y se establezcan mejores mecanismos de convivencia en las zonas habitacionales masivas.