Tras intensas jornadas de negociación y protestas que habían mantenido paralizada una de las vías de comunicación más importantes del centro del país, se logró un avance significativo para destrabar el conflicto en la zona limítrofe. Representantes de los Pueblos Originarios, en coordinación con autoridades del gobierno estatal y municipal, establecieron los primeros acuerdos orientados a restablecer la movilidad vehicular sobre la Carretera Federal México–Puebla.
Las pláticas de concertación contaron con la participación directa de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, y funcionarios del Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta, quienes dialogaron con los manifestantes inconformes por la operación de un relleno sanitario en la región. Como resultado de estos consensos, se concretó la apertura inmediata de un carril a la circulación, previendo la liberación total de la vialidad en ambos sentidos conforme avancen los compromisos pactados.
Las autoridades estatales y municipales reconocieron que el conflicto tiene raíces profundas derivadas de omisiones en administraciones pasadas, las cuales otorgaron concesiones para la operación de centros de disposición de residuos sin una adecuada evaluación previa de los riesgos ambientales ni una planeación territorial responsable. Lo anterior, señalaron, generó los graves daños ecológicos que hoy motivaron la protesta social y la afectación directa a miles de automovilistas, transportistas y comerciantes cotidianos.
Como parte de los puntos acordados en las mesas de trabajo, los gobiernos local y estatal asumieron tareas específicas orientadas a mitigar las demandas de las comunidades, condicionando la exigencia de que la empresa privada responsable, identificada como Pro Faj Hidro Limpieza, cubra los costos operativos, materiales y de saneamiento derivados de la contingencia ambiental generada en la zona de influencia.
Finalmente, la administración municipal de San Pedro Cholula refrendó su apertura al diálogo permanente para atender las demandas sociales de la población, buscando un equilibrio entre la garantía del libre tránsito para la ciudadanía y el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales por parte de los entes privados, evitando de esta manera que se repitan afectaciones de gran magnitud a la economía y la vida cotidiana de la región.
