El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos recibió autorización por parte del Pentágono para realizar pruebas y evaluar la posible implementación del Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), una tecnología de uso militar comúnmente conocida como «rayo de calor», destinada a su análisis en zonas limítrofes con México.
De acuerdo con un memorando oficial firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la medida contempla un préstamo temporal del dispositivo por un periodo de siete meses al DHS. Durante este lapso, las autoridades de seguridad fronteriza serán las encargadas de determinar su viabilidad operativa, así como de desarrollar las tácticas y protocolos necesarios en caso de considerar su empleo futuro en las garitas y franjas divisorias.
El dispositivo militar no utiliza proyectiles ni rayos láser visibles, sino que opera mediante la emisión de un haz invisible de ondas electromagnéticas capaz de alcanzar distancias cercanas a un kilómetro. Al entrar en contacto con la piel humana, estas ondas provocan un calentamiento superficial instantáneo que genera una intensa sensación de ardor, descrita por personal militar de forma similar al efecto de exponerse al calor extremo de un horno.
Aunque el gobierno estadounidense clasifica este sistema dentro de la categoría de armas no letales diseñadas para disuadir e inducir a las personas a alejarse del área de radiación, el proyecto ha generado múltiples cuestionamientos éticos y legales. Diversos especialistas e instituciones han advertido sobre el riesgo potencial de provocar quemaduras graves en exposiciones prolongadas, así como los peligros colaterales de causar pánico y accidentes en zonas geográficas complejas.
Antecedentes sobre el uso de esta tecnología apuntan a que administraciones estadounidenses previas ya habían analizado su aplicación en las zonas fronterizas; sin embargo, en ocasiones anteriores la propuesta fue descartada debido a las dudas sobre su eficacia, legalidad y repercusiones humanitarias. Por ahora, las autoridades federales enfatizan que el acuerdo actual se limita a una fase de evaluación técnica y desarrollo de procedimientos, sin que exista una confirmación de su uso operativo permanente en contra de migrantes o transeúntes.
