Con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que da luz verde a la denominada “Ley Antimemes”, enviada originalmente como iniciativa por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, estableciendo sanciones severas para quienes utilicen indebidamente logotipos u obras protegidas. Durante la sesión, la discusión estuvo marcada por fuertes advertencias de la oposición sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la sátira política.
La normativa contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso, reproducción o imitación no autorizada de símbolos y logotipos oficiales del Gobierno de México. Asimismo, impone sanciones de cuatro a diez años de cárcel y multas de hasta 20 mil días de Unidad de Medida (equivalentes a más de 226 mil pesos) a quienes difundan obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial. Adicionalmente, en materia de reparación del daño, se prevén indemnizaciones que podrían alcanzar hasta los 5 millones 865 mil 500 pesos dependiendo de la gravedad de la conducta.
El debate legislativo escaló rápidamente cuando los legisladores trasladaron a la tribuna confrontaciones verbales directas, destacando el choque entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Diversos oradores de la oposición recordaron episodios históricos y declaraciones recientes para recriminar posturas pasadas y actuales, mientras que los legisladores de la bancada oficialista defendieron la medida argumentando la necesidad de proteger los derechos de autor y evitar el uso indebido de insignias oficiales.
Durante el desarrollo de la plenaria, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano recriminaron que el texto carezca de excepciones expresas para salvaguardar el ejercicio periodístico, las caricaturas, las parodias y los tradicionales memes. Señalaron que la falta de salvaguardas claras podría dar pie a interpretaciones judiciales ambiguas que inhiban la crítica pública contra figuras de autoridad. Por su parte, la bancada mayoritaria rechazó estas acusaciones e insistió en que el espíritu de la ley busca frenar la piratería y el aprovechamiento ilegal de propiedad intelectual y gubernamental.
Tras el aval en lo general, los legisladores procedieron a la discusión en lo particular de las 179 reservas presentadas por distintas fuerzas políticas. Los grupos parlamentarios de oposición anunciaron que insistirían en incorporar modificaciones para blindar la libertad de expresión y proteger las expresiones satíricas. Se prevé que el debate continúe de manera prolongada mientras la asamblea define el futuro de los artículos reservados antes de su remisión definitiva para los efectos legales conducentes.
