La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la existencia de indagatorias en curso en contra de un presunto objetivo prioritario identificado en la región, al tiempo que mantiene una estrecha y constante coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para el intercambio de información y el fortalecimiento de las carpetas de investigación correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades ministeriales señalaron que el trabajo conjunto con las instancias federales ha permitido dar seguimiento a diversas líneas de investigación relacionadas con actividades ilícitas en el estado, permitiendo sumar capacidades técnicas y operativas para el combate a la delincuencia organizada.

Si bien la institución ministerial confirmó que se llevan a cabo las pesquisas necesarias en torno a los probables delitos imputados a esta persona, las autoridades optaron por reservar detalles específicos sobre el número exacto de carpetas de investigación abiertas o la situación jurídica de las órdenes de aprehensión vigentes, con el objetivo de no entorpecer los operativos en curso y garantizar el debido proceso legal.

La coordinación entre la fiscalía estatal y federal forma parte de la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad para inhibir la impunidad, neutralizar a los generadores de violencia y restablecer el orden y la tranquilidad en las zonas del estado que han presentado mayores índices de conflictividad delictiva.

Derivado de los recientes diagnósticos y evaluaciones emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades estatales y municipales se encuentran analizando de manera formal el cierre y la posible reubicación de diversos penales municipales en el estado de Puebla. La medida responde a los bajos puntajes y severas deficiencias estructurales detectadas en varias instalaciones penitenciarias del interior del estado, las cuales incumplen con los estándares mínimos de gobernabilidad y respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con el informe de la CNDH, los centros de reinserción social evaluados enfrentan problemáticas críticas en rubros fundamentales como la garantía de la integridad física y moral de los internos, condiciones de estancia digna, salubridad, prevención de incidentes violentos y un adecuado control y capacitación del personal de custodia. Entre los centros que obtuvieron los puntajes más bajos a nivel estatal destaca el penal de Acatlán de Osorio, el cual fue catalogado como el peor evaluado del estado al registrar una calificación de 3.42, operando además en condiciones de sobrepoblación al albergar a 81 personas pese a contar con una capacidad diseñada para únicamente 50 internos.

A esta situación se suman las instalaciones de municipios como Huejotzingo, que obtuvo 3.84; Libres, con 4.58; Huauchinango, con 4.69; Xicotepec, con 4.74; y Tehuacán, que alcanzó un puntaje de 4.89. Estos resultados encendieron las alertas de las autoridades encargadas del sistema penitenciario, quienes reconocen que los inmuebles actuales carecen de la infraestructura física y presupuestal necesaria para garantizar una operación segura y conforme a la ley.

Ante este panorama crítico, las instancias correspondientes evalúan esquemas de reubicación de la población penitenciaria hacia centros regionales con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad, buscando transitar hacia un sistema más centralizado que permita cumplir cabalmente con los ejes de reinserción social establecidos en la normatividad vigente y salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Durante los primeros nueve meses del año, el estado de Puebla registró un repunte del 6.7 por ciento en el número de mujeres víctimas de delitos de género, acumulando un total de 12 mil 624 afectadas entre los meses de enero y septiembre. De acuerdo con datos de Georreferenciación de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE), diversas ilícitos presentaron incrementos considerables en comparación con el mismo periodo anterior.

Entre los delitos que registraron las alzas más pronunciadas se encuentran las lesiones tumultuarias con un incremento del 20 por ciento, la violencia familiar equiparada con el 15.4 por ciento y el hostigamiento sexual con el 14.3 por ciento. Asimismo, la cifra de víctimas reflejó repuntes en homicidio doloso con 11.3 por ciento, violencia familiar con 10 por ciento, violación con 9.7 por ciento, abuso sexual con 5.2 por ciento y violación a la intimidad sexual (Ley Olimpia) con el 3 por ciento.

En contraste, el reporte oficial de la institución procuradora de justicia reportó disminuciones significativas en la incidencia de otros ilícitos cometidos contra mujeres. Entre los rubros que mostraron reducciones destacan la tentativa de violación equiparada con un descenso del 100 por ciento, la trata de personas con el 58.3 por ciento, la tentativa de violación con el 54.5 por ciento, los ultrajes a la moral pública con el 52.9 por ciento y los feminicidios con una baja del 47.4 por ciento.

De igual forma, la estadística institucional reflejó disminuciones en tentativa de homicidio doloso (-33.3%), desaparición de personas (-15%), tentativa de feminicidio (-12.5%) y acoso sexual (-2.3%). Las cifras georreferenciadas de la Fiscalía estatal permiten visibilizar la prevalencia de las conductas delictivas por razón de género en la entidad, sirviendo de base para la implementación y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres.