Familiares, amigos e integrantes de colectivas feministas alzaron la voz para exigir justicia por el feminicidio de María Cristina, una economista de 26 años egresada de la Universidad Cristóbal Colón, quien falleció a causa de asfixia mecánica tras ingresar en estado de extrema gravedad a las instalaciones de la Cruz Roja en el estado de Veracruz. La víctima perdió la vida tras sufrir agresiones presuntamente perpetradas por su pareja sentimental, el empresario gasolinero Jorge Eduardo N.

De acuerdo con el testimonio de los allegados a la joven, fue el propio acusado quien la trasladó al nosocomio cuando ya presentaba un cuadro médico irreversible. Los padres de María Cristina señalaron que no fueron notificados de manera directa por el sospechoso, sino por los progenitores de este, lo que impidió que alcanzaran a ver a la víctima con vida en el centro asistencial. Tras confirmarse el deceso, personas cercanas denunciaron que la víctima sufría un patrón sistemático de violencia de pareja.

Las investigaciones en torno al caso derivaron en la ejecución de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de Jorge Eduardo N., imputado formalmente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Colectivos de acompañamiento como Las Brujas del Mar destacaron la conducta evasiva del señalado, quien no se presentó a las exequias ni a los servicios funerarios realizados en memoria de la joven economista.

Antes de su detención por las autoridades ministeriales, el imputado difundió un video a través de sus redes sociales donde intentó desligarse de las acusaciones de feminicidio. En el material audiovisual, el cual borró horas más tarde, admitió la existencia de un noviazgo conflictivo, pero rechazó categóricamente haber atentado contra la vida de María Cristina, realizando declaraciones que causaron indignación entre los familiares de la víctima debido a la estigmatización vertida sobre la relación que sostenían.

Ante la gravedad del caso y en demanda de un proceso judicial imparcial y sin favoritismos para la familia del presunto agresor, diversas organizaciones civiles y allegados a la víctima programaron movilizaciones ciudadanas. Entre las acciones emprendidas destaca una concentración pacífica en el emblemático reloj del Paseo Bravo, conocido como El Gallito, en la ciudad de Puebla, con el firme propósito de visibilizar el caso y exigir una condena ejemplar contra el responsable.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutaron la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con el feminicidio de Yasmín, una adolescente de 15 años de edad cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Tehuacán. La detención se logró tras el desarrollo de investigaciones de campo, análisis de cámaras de vigilancia y testimonios recabados por agentes ministeriales.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juez de Control para que se determine su situación jurídica en las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público formulará la imputación por el delito de feminicidio. Las autoridades reservaron los datos personales de los detenidos para no vulnerar el debido proceso durante la fase de investigación complementaria.

El hallazgo de la menor generó profunda indignación entre colectivos feministas, familiares y habitantes de la región del Valle de Tehuacán, quienes realizaron movilizaciones locales para exigir justicia celeridad en las investigaciones. Organizaciones civiles reiteraron la urgencia de fortalecer los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres y adolescentes desaparecidas en la zona.

La Fiscalía del Estado ratificó su compromiso de dar seguimiento riguroso al caso hasta obtener las sentencias correspondientes contra los responsables. Por su parte, la familia de la víctima solicitó a las autoridades judiciales que el proceso se conduzca con perspectiva de género y la máxima penalidad prevista por la ley.

Un percance vehicular sobre la autopista México-Puebla generó intensa movilización de los servicios de emergencia, luego de que un taxi impactara por alcance a una camioneta que transportaba cargamento de verduras.

El choque ocurrió debido a que una de las unidades redujo su velocidad abruptamente, lo que provocó que el vehículo de alquiler no pudiera frenar a tiempo, colisionando en la parte posterior del transporte de carga. Parte de la mercancía quedó esparcida en la carretera.

Como saldo del percance se registraron cuantiosos daños materiales en ambos vehículos y al menos dos mujeres recibieron atención médica por parte de los servicios de socorro en el lugar del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras hicieron presencia en el tramo afectado para abanderar la zona, evitar nuevos incidentes y coordinar las tareas del peritaje correspondiente.

Posteriormente, las unidades involucradas fueron retiradas mediante grúas hacia el encierro oficial, logrando liberar la circulación de la vía de comunicación de manera segura.