La Cámara de Diputados aprobó con mayoría de votos un dictamen que reforma la legislación electoral y constitucional para restringir de manera estricta el acceso a cargos de elección popular a personas con doble nacionalidad. La disposición establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a las gubernaturas de los estados deberán poseer únicamente la ciudadanía mexicana por nacimiento.

Durante el acalorado debate en el pleno, los legisladores que respaldaron la propuesta argumentaron que la medida busca salvaguardar la soberanía nacional y evitar potenciales conflictos de interés en los niveles más altos de toma de decisiones del Estado mexicano. Sostuvieron que quienes ejerzan la titularidad del Ejecutivo federal o estatal deben mantener una lealtad institucional sin ambigüedades jurídicas.

Por su parte, las bancadas de oposición criticaron el fallo al considerarlo una medida regresiva que vulnera los derechos políticos y civiles de millones de mexicanos que viven en el extranjero o que cuentan con doble nacionalidad por ascendencia. Diversos diputados señalaron que el veto contraviene tratados internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de oportunidades.

Pese a los cuestionamientos, la reforma superó la votación en la cámara baja y fue turnada al Senado de la República para su posterior discusión y eventual ratificación. En caso de concretarse, los candidatos con múltiples nacionalidades deberán renunciar formalmente a cualquier otro vínculo de ciudadanía ante las instancias diplomáticas antes de formalizar sus registros electorales.

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla acusó la existencia de un rezago sustancial y falta de acompañamiento institucional por parte de las autoridades locales en la atención a las carpetas de investigación por personas desaparecidas en la entidad. El partido opositor señaló que las familias de las víctimas enfrentan trabas burocráticas y omisiones constantes al acudir ante las instancias encargadas de la procuración de justicia.

Durante un pronunciamiento público, los representantes del blanquiazul puntualizaron que el estado continúa registrando cifras alarmantes en materia de desapariciones, sin que se observen avances sustanciales en los protocolos de búsqueda inmediata ni en la asignación de recursos suficientes para las comisiones especializadas. Sostuvieron que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

El partido instó a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Búsqueda a transparentar los avances en los registros de casos, así como a garantizar la participación activa de los colectivos de familiares en el diseño de las brigadas en campo. Hicieron un llamado para priorizar la coordinación tecnológica y humana entre el estado y las demarcaciones municipales.

Finalmente, la dirigencia panista adelantó que presentará iniciativas desde el Congreso del Estado para normar la obligatoriedad de respuestas expeditas y dotar de mayor presupuesto a los organismos dedicados a la localización e identificación forense, a fin de evitar que las investigaciones permanezcan archivadas.

PUEBLA, Pue. — La viabilidad financiera para la construcción e implementación del tren interurbano que busca conectar la capital del estado con San Pedro Cholula y Atlixco continúa bajo estricto escrutinio por parte de la administración estatal. El proyecto no cuenta aún con un dictamen definitivo ni con luz verde para su ejecución debido a que las cotizaciones planteadas hasta el momento representan montos de inversión considerablemente altos que comprometerían los presupuestos públicos si no se gestionan adecuadamente.

Durante una comparecencia pública, el coordinador de Gabinete del Ejecutivo Estatal, José Luis García Parra, detalló que los esquemas técnicos presentados ante las dependencias correspondientes superan los presupuestos previstos. Específicamente, el primer escenario estimado contempla un desembolso cercano a los 42 mil millones de pesos, mientras que una segunda alternativa técnica fija el costo por encima de los 30 mil millones de pesos. Ambos panoramas han obligado a las autoridades a pausar la toma de decisiones definitivas hasta contar con proyecciones económicamente sostenibles.

Ante este escenario de alta exigencia presupuestal, el Gobierno del Estado tomó la resolución de esperar la presentación de un tercer proyecto técnico y financiero. Esta nueva propuesta busca ofrecer un equilibrio entre el costo de la infraestructura de transporte y la capacidad operativa real del estado. De esta forma, las autoridades contarán con un punto de comparación claro para determinar la factibilidad real de la obra y evaluar si se deben modificar las especificaciones originales o el trazado de la ruta.

Asimismo, García Parra señaló que dentro de las opciones contempladas se evalúa la implementación de un esquema de participación mixta, en el cual intervengan aportaciones del sector privado. La incorporación de inversión empresarial permitiría aligerar la carga sobre el erario estatal y facilitaría la concreción de una obra de movilidad clave para la zona metropolitana y la región del Valle de Atlixco, sin poner en riesgo las finanzas públicas de la entidad.

Por el momento, el proyecto ferroviario interurbano permanece formalmente en fase de estudio y análisis técnico. Las autoridades locales reiteraron que no se asumirá ningún compromiso financiero ni se dará inicio a licitaciones directas hasta que se reciban los resultados de la tercera propuesta de evaluación y se garantice una estructura de financiamiento sólida y conveniente para los ciudadanos de la entidad.