CIUDAD DE MÉXICO. — Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un vehemente posicionamiento dirigido a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general, instando a no normalizar la crisis de inseguridad que afecta a diversas regiones del país. En el manifiesto titulado “La paz es tarea de todos”, la representación eclesiástica enfatizó la urgente necesidad de articular esfuerzos conjuntos entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para reconstruir el tejido social y restaurar la tranquilidad en el territorio nacional.

El organismo religioso remarcó que la paz verdadera trasciende la simple ausencia de enfrentamientos armados o actos delictivos visibles, pues debe traducirse en garantías reales para que la población ejerza su vida cotidiana con plena seguridad, certeza jurídica y libertad. Los obispos expresaron su constante preocupación por el impacto devastador que fenómenos como los homicidios, las desapariciones forzadas, el desplazamiento interno de comunidades y la extorsión sistemática siguen generando sobre miles de familias mexicanas.

En su pronunciamiento, el Episcopado recordó de manera especial el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín C. Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, trágico hecho ocurrido en junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Este acontecimiento se constituyó como un hito trágico que impulsó la creación del «Diálogo Nacional por la Paz», una iniciativa de articulación social promovida desde el sector eclesiástico para formular propuestas integrales en materia de seguridad y justicia comunitaria.

La Iglesia hizo un llamado explícito a las autoridades competentes a asumir cabalmente su responsabilidad constitucional en el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el blindaje del Estado de derecho. No obstante, señalaron que la solución a la violencia estructural no recae únicamente en la acción policial o gubernamental, sino que requiere de un compromiso civil activo centrado en el diálogo, la mediación comunitaria y la solidaridad.

Para concluir su mensaje, los integrantes de la CEM manifestaron su convicción de que el país cuenta con los recursos morales y sociales necesarios para revertir los índices delictivos. Hicieron hincapié en que únicamente a través de la colaboración estrecha entre las familias, los líderes comunitarios, las iglesias y los organismos estatales será posible frenar el deterioro social y establecer condiciones duraderas de pacificación a lo largo de la República.

Un juez de control vinculó a proceso a Yanet “N”, una ciudadana estadounidense imputada por su probable responsabilidad en la introducción ilícita a territorio nacional de más de cinco mil cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución judicial fue emitida tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora.

La detención de la señalada se llevó a cabo en las instalaciones del recinto fiscal de la aduana en San Luis Río Colorado, Sonora, cuando pretendía ingresar a México procedente del estado de Arizona, Estados Unidos. El aseguramiento ocurrió durante una inspección de rutina realizada por elementos de la Guardia Nacional y personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes detectaron irregularidades en la unidad en la que se transportaba.

Durante la revisión minuciosa al vehículo —una camioneta tipo Jeep Wrangler—, los agentes federales localizaban ocultos bajo los asientos un total de 5 mil 445 cartuchos útiles calibre 7.62 × 39 milímetros, munición utilizada comúnmente para fusiles de asalto. Tras el hallazgo de la carga bélica, las autoridades procedieron al arresto inmediato de la conductora y al aseguramiento tanto del armamento como del automotor para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En la audiencia inicial, el juez federal calificó como legal la detención y determinó dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Yanet “N” por el delito de introducción clandestina de cartuchos de uso exclusivo militar. Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando que la imputada permanezca privada de la libertad en un centro penitenciario mientras se desahoga el procedimiento penal.

Finalmente, el impartidor de justicia fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR mantendrá abiertas las indagatorias correspondientes con el propósito de recabar mayor evidencia sobre el origen de las municiones, la ruta empleada en el traslado fronterizo y su eventual destino dentro de las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la región norte del país.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió un aviso formal tras detectar indicios de una posible exposición masiva de información confidencial en un sistema presuntamente vinculado a la aerolínea Aeroméxico.

De acuerdo con la dependencia federal, el hallazgo se produjo a través de labores de monitoreo digital en las que se identificó una oferta publicada en la plataforma Telegram el pasado 18 de septiembre de 2026. En dicho mensaje, un usuario asegura comercializar una base de datos atribuible a la compañía aérea.

Según detalló la autoridad anticorrupción, la base de datos en venta estaría compuesta por más de 15 millones de registros y tendría un tamaño aproximado de 1.10 GB. Entre la información comprometida se incluirían datos personales como:

• Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono fijo y número celular, Fecha de nacimiento, Fecha de alta en el sistema

«Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas», precisó la institución federal.

Ante esta situación, la Secretaría de Buen Gobierno garantizó que analizará a fondo la información recopilada durante el rastreo digital para iniciar una investigación de oficio. El objetivo será determinar la responsabilidad legal sobre el manejo de los datos comprometidos, con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, la dependencia reafirmó su compromiso institucional con la protección efectiva de la privacidad y la defensa de los derechos de la ciudadanía que confía su información a entidades privadas. Añadió que, en caso de formalizarse el procedimiento legal correspondiente, actuará con estricto apego a derecho y en resguardo del interés público.

Aeroméxico descarta afectaciones financieras y operativas

Por su parte, Aeroméxico informó que puso en marcha un protocolo de verificación e investigación exhaustiva con el fin de confirmar la autenticidad de las publicaciones en redes y medir el verdadero alcance de cualquier posible vulneración.

La empresa mexicana enfatizó que, tras las primeras revisiones, los datos financieros de sus usuarios se encuentran a salvo:

«Con base en la información disponible, no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards. Asimismo, esta situación no ha generado afectación alguna en nuestras operaciones», sostuvo la línea aérea mediante un comunicado oficial.

La compañía agregó que colaborará estrechamente con las autoridades federales a lo largo de las indagatorias e informará de manera oportuna sobre cualquier avance relevante.

Finalmente, como medida preventiva y siguiendo las buenas prácticas de ciberseguridad, Aeroméxico recomendó a sus clientes mantenerse alerta ante eventuales correos electrónicos, llamadas o mensajes sospechosos que intenten solicitar información personal o bancaria.