Integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos inconformes manifestaron su profunda inconformidad tras darse a conocer el presunto «carpetazo» a una denuncia interpuesta en contra del exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Atlixco. Los denunciantes señalaron que la investigación fue cerrada de manera prematura sin agotar las pruebas necesarias sobre presuntos abusos de autoridad.

La denuncia original incluía diversos señalamientos relacionados con presuntas irregularidades operativas y actos de hostigamiento laboral durante la gestión del exfuncionario al frente de la corporación policial. Sin embargo, las instancias encargadas de procurar justicia determinaron el archivo temporal del expediente argumentando falta de elementos probatorios suficientes.

Los afectados calificaron la resolución como un acto de impunidad que protege a exfuncionarios públicos de alto rango, impidiendo que se esclarezcan los presuntos agravios cometidos contra elementos de tropa y ciudadanos. Por tal motivo, anunciaron que interpondrán los recursos legales necesarios para exigir la reapertura del caso y la revisión exhaustiva de las evidencias presentadas.

Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado garantizar imparcialidad en las investigaciones que involucran a servidores y exservidores públicos de la región atlixquense. La demanda central radica en evitar que los casos de abuso de poder queden en la impunidad bajo argumentos burocráticos.

El tema ha generado álgidos debates en la esfera política local, donde diversos actores exigen mayor transparencia en la evaluación del desempeño de los mandos policiales. La exigencia ciudadana de justicia y rendición de cuentas se mantiene firme en este municipio poblano.

La mañana de este día, automovilistas que transitaban por la zona metropolitana reportaron el macabro hallazgo de un cuerpo humano abandonado sobre la lateral del Periférico Ecológico. La víctima, de quien hasta el momento se desconocen sus generales, presentaba evidentes huellas de violencia física, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal y municipal acudieron como primeros respondientes para acordonar el perímetro y evitar la alteración de la escena del crimen. Los uniformados confirmaron que el cadáver se encontraba tendido a la orilla de la vialidad rápida, por lo que la circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las labores periciales correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la unidad especializada en investigación de homicidios dolosos, se apersonó en el sitio para iniciar con las diligencias de rigor. Los peritos en criminalística recabaron diversos indicios balísticos o huellas biológicas que pudieran aportar pistas sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la identidad de los presuntos responsables.

Primeras versiones ministeriales sugieren que el cuerpo pudo haber sido arrojado en el lugar durante la madrugada por sujetos desconocidos que aprovecharon la escasa iluminación de la zona. Las autoridades ya analizan las cámaras de vide vigilancia instaladas en las inmediaciones del Periférico Ecológico para rastrear la ruta de los vehículos sospechosos.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado al anfiteatro metropolitano para la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará con exactitud las causas de la muerte. La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer este nuevo hecho violento que sacude la tranquilidad de la zona conurbada de Puebla.

• Organismos protectores de los derechos humanos emitieron un total de cinco recomendaciones dirigidas de manera directa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, tras documentar graves irregularidades en los protocolos de actuación ministerial.

Las indagatorias defensoriales revelaron que diversas víctimas de delitos presentaron denuncias formales en las que documentaron haber sufrido agresiones extremas que incluyeron prácticas de asfixia y quemaduras durante su estancia bajo custodia.

Los expedientes señalan que estas violaciones graves a los derechos fundamentales involucran directamente a elementos ministeriales y periciales que presuntamente habrían empleado métodos de coacción para la obtención de confesiones.

Ante la gravedad de los señalamientos, las instancias protectoras exigieron a la procuraduría estatal una revisión exhaustiva de sus protocolos internos y el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los servidores públicos implicados.

Asimismo, se solicitó la implementación de medidas integrales de reparación del daño, atención médica especializada y apoyo psicológico para las víctimas que padecieron estas agresiones durante las diligencias oficiales.

Por su parte, las autoridades de la fiscalía manifestaron su disposición institucional para acatar las recomendaciones emitidas, reiterando una política de cero tolerancia hacia cualquier abuso de autoridad en el territorio poblano.