El Congreso del Estado de Puebla aprobó un exhorto dirigido a las autoridades correspondientes para vigilar e inspeccionar el cumplimiento estricto de las tarifas autorizadas en el servicio de transporte público, respondiendo a múltiples denuncias ciudadanas sobre cobros excesivos en diversas rutas de la entidad.

Durante la sesión, los legisladores enfatizaron la necesidad de realizar operativos permanentes de supervisión para sancionar a los concesionarios y conductores que incrementen los costos del pasaje sin la debida autorización oficial, afectando de manera directa la economía de las familias poblanas.

La iniciativa contempla que las dependencias encargadas de la movilidad refuercen los mecanismos de queja y atención a los usuarios, garantizando que el cobro del pasaje respete las tarifas vigentes, así como las credenciales de descuento destinadas a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con esta aprobación, el Poder Legislativo busca sentar un precedente de ordenamiento en el sector del transporte, llamando a mantener un equilibrio entre la rentabilidad del servicio para los transportistas y la protección del bolsillo de los usuarios de la entidad.

El presidente municipal de Tlaxcala, Carlos López Suárez, participó en la Mesa de Construcción y Seguridad Región 2, que en esta ocasión tuvo sede en el municipio de Tenancingo, donde se abordaron temas relacionados con la seguridad municipal y la coordinación de acciones para fortalecer la atención a las necesidades de la ciudadanía.

Durante este encuentro se refrendó la importancia de mantener una comunicación y coordinación permanente entre los municipios para fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

Un reporte de inteligencia regional ha encendido las alarmas tras detectar la presencia y proliferación de «cámaras parasitarias» empleadas para el «halconeo digital» en diversas zonas urbanas y periféricas del estado de Puebla, una modalidad que permite a grupos delictivos monitorear estratégicamente a la población y a las fuerzas del orden.

Esta red clandestina de videovigilancia opera mediante la intervención no autorizada de infraestructura pública, como postes de alumbrado o cableado de servicios, así como la colocación oculta de dispositivos en inmuebles privados, con el objetivo de vigilar en tiempo real los desplazamientos policiales y los patrullajes en la región.

El uso de esta tecnología por parte del crimen organizado no solo compromete la efectividad de los operativos de seguridad pública, sino que también vulnera la privacidad e integridad de los vecinos, quienes quedan expuestos al control territorial de estas agrupaciones sin saber que están siendo monitoreados de manera continua.

Frente a esta situación, las corporaciones de seguridad han comenzado a implementar acciones de rastreo y retiro de estos dispositivos apócrifos, al tiempo que exhortan a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier equipo sospechoso instalado en la vía pública para desmantelar estas redes de espionaje.