El suministro de tacrolimus, medicamento esencial para evitar el rechazo de órganos en pacientes trasplantados, comenzó a regularizarse en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades San José en Puebla. No obstante, organizaciones de enfermos renales advierten que el problema no ha sido erradicado completamente y mantienen el estado de alerta ante la persistencia de desabastos puntuales.

Pacientes de esta unidad médica señalaron previamente que enfrentaron periodos de hasta tres meses sin recibir el tratamiento inmunosupresor. Ante la falta de fármacos en las farmacias de la institución, diversas personas tuvieron que recurrir al uso de reservas personales, redes de apoyo comunitarias o incluso a la reducción de dosis diarias para prolongar el medicamento, una práctica médicamente desaconsejada por el alto riesgo de perder el órgano.

Para abordar la problemática, representantes de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados Puebla A.C. y otros colectivos sostuvieron una videoconferencia con directivos del IMSS el pasado 13 de agosto. Durante el encuentro, la institución atribuyó las fallas de suministro a retrasos por parte de los proveedores, informando que adquirió 1,993 piezas del fármaco y que 3,192 más se encuentran en tránsito para su pronta entrega.

Como parte de las estrategias planteadas, las autoridades prevén consolidar una reserva estratégica de hasta dos meses de tacrolimus en los estados de Puebla y Jalisco. Asimismo, se acordó avanzar en la elaboración de un censo nominal nacional de pacientes renales para identificar con precisión el número de personas trasplantadas, su ubicación y los requerimientos específicos de su tratamiento cotidiano.

A pesar de las medidas informadas, los colectivos mantuvieron su exigencia de que los esfuerzos no sean temporales ni atiendan casos de manera aislada. Recalcaron que el abasto debe ser constante, oportuno y garantizado en todas las unidades del país para evitar poner en riesgo la vida de los pacientes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puebla anunció el despliegue de sus unidades de atención móvil en los municipios de San Salvador El Verde e Izúcar de Matamoros durante esta semana. La medida forma parte del programa de acercamiento institucional orientado a facilitar la realización de trámites fiscales a contribuyentes que residen en comunidades alejadas de las administraciones desconcentradas de la capital, según el reporte.

Las brigadas de atención móvil estarán compuestas por personal capacitado e infraestructura tecnológica necesaria para realizar trámites clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Entre los servicios disponibles para personas físicas se encuentran la inscripción por primera vez, la expedición y renovación de la firma electrónica avanzada (e.firma), la generación o actualización de contraseña, así como la expedición de la Constancia de Situación Fiscal.

Para ser atendidos en los módulos itinerantes, los usuarios deberán acudir con la documentación oficial indispensable, que incluye identificación oficial vigente con fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y un comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses de antigüedad. Las autoridades precisaron que la atención se brindará mediante fichas asignadas conforme al orden de llegada de los interesados.

La implementación de estas jornadas móviles responde al incremento paulatino en la demanda de regularización fiscal dentro del sector agrícola, comercial y de servicios del interior del estado. Con este tipo de operativos se busca evitar que los pequeños contribuyentes realicen desplazamientos de largas distancias y gastos extraordinarios en transporte para cumplir con sus obligaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las autoridades municipales de San Salvador El Verde e Izúcar de Matamoros coordinarán la logística local disponiendo de espacios en auditorios y presidencias municipales para la instalación del equipo. Asimismo, exhortaron a la población a aprovechar la presencia de la unidad para resolver dudas sobre su situación impositiva y evitar intermediarios o gestores que soliciten cobros por la realización de trámites que son estrictamente gratuitos.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) ha emitido una resolución contundente contra la Clínica Maternidad «Sagrada Familia», ubicada en San Pedro Cholula. Tras una serie de inspecciones detalladas, las autoridades sanitarias han confirmado la suspensión definitiva de sus operaciones, poniendo fin a meses de incertidumbre legal y administrativa.

La medida surge tras el hallazgo de múltiples irregularidades en los protocolos de atención médica y en las condiciones de infraestructura del recinto. Informes preliminares indicaron que el establecimiento no cumplía con los estándares mínimos de seguridad para procedimientos obstétricos, lo que ponía en riesgo directo la salud de las pacientes.

En respuesta a las denuncias ciudadanas, la DPRIS reforzó su vigilancia durante las últimas semanas, encontrando inconsistencias en la documentación del personal médico y en la gestión de residuos biológico-infecciosos. Estas fallas fueron determinantes para que los inspectores optaran por la clausura total del inmueble.

Las autoridades han exhortado a las personas que tenían programadas citas o seguimientos médicos en dicho lugar a que se dirijan a instituciones de salud acreditadas para recibir atención adecuada. Asimismo, se ha iniciado un proceso administrativo para deslindar responsabilidades legales por los riesgos incurridos.

La comunidad médica de la región ha reiterado la importancia de verificar que todos los establecimientos de salud cuenten con los permisos vigentes expedidos por la Secretaría de Salud. Este cierre busca garantizar que se respete el derecho a una atención médica digna y, sobre todo, segura para la población.