Una investigación periodística señala que la instalación clandestina generaba ganancias estimadas en 4.5 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — Un reciente reporte periodístico elaborado por el columnista Claudio Ochoa y publicado en el diario El Universal ha puesto al descubierto presuntos nexos entre figuras políticas y sindicales con la operación de una granja de criptomonedas ubicada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con la información difundida, entre los señalados se encuentran Miguel Márquez, actual diputado local por el partido Morena, y Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La investigación documenta que la nave industrial utilizada para el minado de activos digitales reportaba ganancias estimadas en aproximadamente 4.5 millones de pesos.

Las investigaciones señalan la existencia de carpetas de investigación abiertas contra los implicados debido al uso no autorizado de la red de suministro eléctrico de la región. Aunque la actividad informática de minar activos digitales es completamente legal en el país, el delito radica en el montaje de tomas clandestinas para extraer volúmenes masivos de corriente eléctrica sin pagar por el consumo, incurriendo en la figura de despojo eléctrico para mantener operando los servidores de manera ininterrumpida.

Este hallazgo en Tlaola se suma a un antecedente similar registrado el año pasado en el municipio vecino de Juan Galindo. La situación reaviva la tensión por el robo de energía en la Sierra Norte, donde la CFE calcula un rezago cercano a las 30 mil cuentas sin cobrar, derivado de la resistencia civil que persiste desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

El flujo costante de recursos millonarios proveniente de este centro no regulado ha despertado serios cuestionamientos sobre el posible destino de las ganancias para el financiamiento de campañas políticas locales, así como el nivel de conocimiento o supervisión que mantenían las autoridades ante las operaciones clandestinas desarrolladas por grupos ligados al sector electricista.

SSP desliga a Miguel Márquez, diputado del PVEM, de minas de criptomonedas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desligó a Miguel Márquez Ríos, diputado local del PVEM y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la mina ilegal de criptomonedas localizada en el municipio de Juan Galindo en enero de 2025. Pese a que dicho centro de cómputo operaba en un inmueble del SME, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, argumentó que las investigaciones tratan el inmueble como una propiedad particular, criterio que también aplican al predio recién asegurado en Tlaola.

Sánchez González aseguró que los peritajes por la granja de criptomonedas hallada a principios de 2025 no arrojan elementos que relacionen al legislador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la red ilícita. Aunque reconoció que en la zona prevalece el delito de robo de energía eléctrica, el funcionario subrayó que hasta el momento la autoridad no ha identificado a las personas que operaban dicho espacio.

En el marco de la renovación dirigencial para el periodo 2026-2032, fuentes internas afirman que dos de las agrupaciones inscritas buscan fragmentar el voto de los trabajadores en la planta de Audi México.

Redacción HMX: De cara al proceso de renovación de la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), surgieron señaalamientos directos contra dos de las cinco planillas contendientes. De acuerdo con fuentes al interior de la armadora en San José Chiapa, los grupos encabezados por Christian Daniel Ruiz Tlapapatl y Jorge Alberto Cárcamo Gutiérrez guardarían una cercanía directa con el actual secretario general, César Orta Briones, quien busca mantenerse en el cargo por un periodo adicional de seis años.

Esta semana quedaron formalmente oficializadas las cinco planillas que buscarán la gestión sindical para el periodo 2026-2032. Sin embargo, trabajadores consultados por e-consulta revelaron que al menos dos de estas opciones tendrían la estrategia de dividir el sufragio entre la plantilla operativa para beneficiar directamente a ‘Re-Evolución Sindical’, la planilla identificada con los colores negro y dorado que lidera el actual dirigente.

Las agrupaciones señaladas de dividir el voto

Entre las agrupaciones señaladas como posibles «planillas esquirol» se encuentra la planilla turquesa ‘Fuerza Sindical Más Unidos, Más Fuertes’, postulada por Christian Daniel Ruiz Tlapapatl. Aunque se ostenta como una alternativa independiente para la secretaría general, trascendió que la mayoría de los integrantes de su equipo han formado parte activa de la administración saliente de Orta Briones.

Un escenario similar ocurre con la planilla ‘Unión y Fuerza Democrática’ (de colores amarillo y plata), encabezada por Jorge Alberto Cárcamo Gutiérrez, en la que varios de sus colaboradores también integraron el equipo de trabajo de la actual dirigencia. La acusación central apunta a que la presencia de ambas fórmulas responde a un intento de dispersar la preferencia de los votantes.

Por otro lado, la contienda incluye dos opciones de oposición: ‘Por ti, Yo’ (identificada con los colores azul y naranja), encabezada por Adrián Portillo Santamaría, y la planilla ‘Fuerza, Compromiso y Unión’ (con distintivos vino y blanco), dirigida por Carlos Arturo Monterrosas Cisneros.

Acusaciones de represalias previas al proceso

El camino hacia la elección no ha estado exento de desacuerdos. César Orta Briones, quien asumió el liderazgo del sindicato tras ganar las elecciones de 2020 —y que previamente integró la comitiva sindical bajo la gestión del primer secretario general, Álvaro López Vázquez—, ha enfrentado críticas por presuntas irregularidades administrativas.

En febrero de 2026, antes de que se publicara la convocatoria oficial en la armadora, al menos tres empleados denunciaron haber sido despedidos tras manifestar su interés en competir en la elección. Según los testimonios, la dirigencia sindical intervino para forzar sus salidas al percibirlos como un riesgo para la permanencia del grupo en el poder.

Uno de los extrabajadores afectados, David Sánchez Rodríguez, expuso tras su salida de la empresa: “es un año de elecciones, en donde hay muchos intereses de por medio, en donde los actuales representantes sindicales no están dispuestos a dejar su cargo así porque sí”.

Calendario del proceso de elección

De acuerdo con las fechas establecidas para la contienda interna en la planta de San José Chiapa:

• Del 21 al 27 de septiembre: Periodo de campañas políticas, donde los cinco aspirantes presentarán sus propuestas a la base trabajadora.
• 1 de octubre: Celebración de la jornada de votación para definir al nuevo Comité Ejecutivo General.
• 2 de noviembre: Toma de protesta formal de quien resulte electo para el periodo 2026-2032.

Ramiro N., expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue liberado tras obtener un amparo federal, pero inmediatamente reaprehendido por agentes de la Fiscalía General del Estado a las afueras del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, donde enfrentará un nuevo proceso penal.

La liberación se dio en cumplimiento a la resolución dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla dentro de la carpeta judicial 23/2026/SERDÁN. El juez federal ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva que pesaban sobre el exedil por los delitos de incumplimiento de un deber legal y falsificación de documentos.

Tras celebrarse la audiencia donde la autoridad local acató el fallo emitiendo el auto de no vinculación a proceso, el exmunícipe abandonó el penal. No obstante, al momento de cruzar los accesos del recinto penitenciario, elementos de la policía ministerial ejecutaron una nueva orden de aprehensión dictada en su contra, esta vez por la probable comisión del delito de abuso de autoridad.

Esta es la segunda ocasión en que el exfuncionario experimenta un procedimiento similar. El pasado 6 de marzo ya había sido puesto en libertad derivado de una resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado y detenido nuevamente de manera inmediata al salir del reclusorio. Ramiro N. quedó a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica respecto a las nuevas imputaciones.