PUEBLA, Pue. — Con el propósito de combatir la evasión de responsabilidades de manutención y erradicar la violencia económica, la diputada local Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para suspender la licencia de conducir y permisos de movilidad a quienes se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del estado de Puebla.

La propuesta legislativa contempla modificaciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal, así como la reforma al artículo 503 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Mediante este ajuste, las autoridades del ramo quedarían facultadas para restringir la expedición y vigencia de documentos de tránsito a las personas que incumplan de forma reiterada con sus obligaciones familiares.

Asimismo, el proyecto estipula que los descuentos u órdenes de retención por pensión alimenticia ordenados por un juez deberán aplicarse sobre la totalidad de las percepciones del deudor. Esto incluye tanto los ingresos ordinarios —salario o sueldo fijo— como los extraordinarios, abarcando conceptos de aguinaldo, bonos, gratificaciones, primas vacacionales y reparto de utilidades.

La congresista destacó que la medida busca cerrar los vacíos legales que permiten a los deudores ocultar percepciones suplementarias para disminuir las aportaciones correspondientes. Con ello se pretende garantizar que el cálculo de la pensión responda a la capacidad económica real del obligado y proteja los derechos de la infancia.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su posterior análisis y dictaminación. De ser aprobada por el pleno, Puebla se sumará a las entidades que aplican sanciones administrativas integrales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de niñas, niños y adolescentes.

CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la conclusión satisfactoria de la aplicación del examen de conocimientos del Concurso Público 2026, proceso mediante el cual se busca seleccionar al personal que se incorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el sistema de los Organismos Públicos Locales (OPL). La jornada evaluativa se llevó a cabo el pasado sábado 19 de septiembre de manera simultánea en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Durante esta fase operativa participaron un total de 7 mil 8 personas aspirantes, quienes compiten por una de las 176 plazas vacantes distribuidas en 28 entidades del país. Para garantizar un proceso equitativo, el organismo electoral implementó diversos ajustes razonables y brindó acompañamiento especializado a personas con discapacidad que requirieron asistencia durante la aplicación de la prueba.

La realización del instrumento de evaluación estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), institución que desplegó un contingente de 517 profesionales, entre aplicadores y personal directivo responsable. Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), junto con las Juntas Locales Ejecutivas del INE y los respectivos OPL, coordinó los esquemas de logística, recepción de aspirantes e infraestructura operativa.

El INE expresó su reconocimiento a las distintas instituciones educativas que facilitaron sus instalaciones como sedes del examen, destacando la colaboración de su personal directivo, administrativo y docente. La autoridad electoral subrayó que el Concurso Público se mantiene como el mecanismo primordial de ingreso al SPEN, operando bajo los principios de mérito, igualdad de oportunidades, certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Con la finalización de esta etapa, la autoridad electoral continúa con las fases subsecuentes del certamen. El objetivo institucional consiste en garantizar que quienes ingresen a los órganos locales cuenten con el perfil profesional y las competencias técnicas requeridas para el fortalecimiento de la función electoral en beneficio de la ciudadanía.

Una investigación periodística señala que la instalación clandestina generaba ganancias estimadas en 4.5 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — Un reciente reporte periodístico elaborado por el columnista Claudio Ochoa y publicado en el diario El Universal ha puesto al descubierto presuntos nexos entre figuras políticas y sindicales con la operación de una granja de criptomonedas ubicada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con la información difundida, entre los señalados se encuentran Miguel Márquez, actual diputado local por el partido Morena, y Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La investigación documenta que la nave industrial utilizada para el minado de activos digitales reportaba ganancias estimadas en aproximadamente 4.5 millones de pesos.

Las investigaciones señalan la existencia de carpetas de investigación abiertas contra los implicados debido al uso no autorizado de la red de suministro eléctrico de la región. Aunque la actividad informática de minar activos digitales es completamente legal en el país, el delito radica en el montaje de tomas clandestinas para extraer volúmenes masivos de corriente eléctrica sin pagar por el consumo, incurriendo en la figura de despojo eléctrico para mantener operando los servidores de manera ininterrumpida.

Este hallazgo en Tlaola se suma a un antecedente similar registrado el año pasado en el municipio vecino de Juan Galindo. La situación reaviva la tensión por el robo de energía en la Sierra Norte, donde la CFE calcula un rezago cercano a las 30 mil cuentas sin cobrar, derivado de la resistencia civil que persiste desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

El flujo costante de recursos millonarios proveniente de este centro no regulado ha despertado serios cuestionamientos sobre el posible destino de las ganancias para el financiamiento de campañas políticas locales, así como el nivel de conocimiento o supervisión que mantenían las autoridades ante las operaciones clandestinas desarrolladas por grupos ligados al sector electricista.

SSP desliga a Miguel Márquez, diputado del PVEM, de minas de criptomonedas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desligó a Miguel Márquez Ríos, diputado local del PVEM y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la mina ilegal de criptomonedas localizada en el municipio de Juan Galindo en enero de 2025. Pese a que dicho centro de cómputo operaba en un inmueble del SME, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, argumentó que las investigaciones tratan el inmueble como una propiedad particular, criterio que también aplican al predio recién asegurado en Tlaola.

Sánchez González aseguró que los peritajes por la granja de criptomonedas hallada a principios de 2025 no arrojan elementos que relacionen al legislador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la red ilícita. Aunque reconoció que en la zona prevalece el delito de robo de energía eléctrica, el funcionario subrayó que hasta el momento la autoridad no ha identificado a las personas que operaban dicho espacio.