Por: HC, ML, Val.

como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizan determinaciones que podrían abrir la puerta a la despenalización y legalización de la eutanasia y la muerte médicamente asistida.

La conversación fue reactivada por la iniciativa ciudadana ‘Ley Trasciende’, una propuesta que busca reconocer la eutanasia como un derecho constitucional y que toca fibras sensibles en los ámbitos ético, médico y jurídico bajo una premisa central: ¿quién debe decidir sobre el final de la vida y bajo qué condiciones?

Samara Martínez: El rostro detrás de la iniciativa

Para Samara Martínez, principal impulsora de la ‘Ley Trasciende’, el objetivo es otorgar a los pacientes con enfermedades terminales o discapacitantes la libertad de elegir cuándo y cómo morir, evitando la prolongación de dolores intratables.

“La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final”, sostiene Martínez.

Con 31 años de edad y una trayectoria académica, Martínez es paciente de lupus e insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Tras dos trasplantes de riñón fallidos, hoy depende de una máquina de diálisis a la que debe conectarse diez horas al día para subsistir. A través de plataformas digitales y podcasts, ha viralizado su testimonio para exigir que el acceso a una muerte digna sea una realidad legal en todo el país.

¿Qué propone exactamente la ‘Ley Trasciende’?

El proyecto busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para revertir la prohibición actual de la eutanasia y garantizarla como una opción médica legal y gratuita dentro del sistema público de salud.

Para lograrlo, la propuesta plantea derogar el artículo 166 Bis 21 —el cual prohíbe expresamente la eutanasia, definiéndola como “homicidio por piedad”, así como el suicidio asistido— e incorporar el nuevo Título Octavo Ter, denominado «Eutanasia».

Ejes fundamentales del proyecto de decreto:

• Criterios de elegibilidad: El procedimiento estará limitado a personas mayores de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, con un diagnóstico irreversible, sin posibilidad de cura y confirmado por al menos dos médicos.
• Protocolo de solicitud: El trámite deberá ser libre, informado y formalizarse por escrito ante un notario público. El paciente contará con un periodo de reflexión de cinco días antes de ratificar su decisión.
• Voluntad anticipada por demencia: Regula la previsión para personas que anticipen la pérdida de sus capacidades cognitivas (como en casos de Alzheimer o demencias avanzadas), permitiéndoles designar a un gestor de su voluntad.
• Revocabilidad y cuidados paliativos: El solicitante podrá dar marcha atrás al proceso en cualquier momento sin necesidad de justificarlo. Asimismo, se garantiza que la solicitud de eutanasia no sustituye ni priva al paciente del derecho a recibir cuidados paliativos integrales.
• Objeción de conciencia: Permite que los profesionales de la salud se abstengan de participar por razones éticas o religiosas, pero obliga a las instituciones públicas a contar con personal no objetor y derivar al paciente en un máximo de 48 horas.

Eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada: Las diferencias

Uno de los principales retos en la discusión pública es la confusión conceptual entre los mecanismos de fin de vida, los cuales poseen implicaciones jurídicas radicalmente distintas:

Un tablero de apoyos y resistencias estructurales

A pesar de encontrarse temporalmente congelada en las comisiones del Senado, la ‘Ley Trasciende’ ha polarizado a los diferentes sectores de la sociedad mexicana.

Los respaldos

En el plano legislativo, la iniciativa cuenta con el apoyo transversal de legisladores de distintas bancadas, como Claudia Edith Anaya (PRI), Lilia Margarita Valdez (Morena), Geovanna Bañuelos (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano). En el ámbito civil, colectivos como Muerte Digna, ¡Ya! y la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C. cobijan la propuesta técnica y operan como plataformas de difusión.

Las resistencias

En la acera opuesta, el sector médico especializado ha mostrado reservas. El Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte enfatizó que la prioridad del sistema de salud pública debe ser el fortalecimiento de la medicina del dolor y el acompañamiento antes de legislar cualquier intervención activa de muerte.

Por su parte, organizaciones como Red Familia señalaron que la propuesta debilita la protección jurídica del derecho a la vida. Desde la perspectiva religiosa, la Arquidiócesis Primada de México, a través de su editorial Desde la Fe, rechazó la iniciativa argumentando que la respuesta al sufrimiento humano debe ser el acompañamiento integral y no el fin de la existencia.

La vía judicial: El histórico amparo en la Suprema Corte

Mientras el debate legislativo permanece pausado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una vía jurídica sin precedentes. El Pleno del máximo tribunal acordó atraer el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama.

La quejosa impugnó los artículos de la Ley General de Salud que penalizan el procedimiento, argumentando que violan su derecho a decidir de forma autónoma sobre el cierre de su vida. Aunque la atracción del caso no implica la legalización automática de la eutanasia, el fallo de los ministros sentará el primer precedente constitucional sobre la materia en la historia del país.

Para Samara Martínez, la intervención de la Corte representa un triunfo histórico y un llamado directo a los legisladores: «El derecho a morir con dignidad no debe ser el privilegio de una sola persona mediante un amparo, sino una garantía accesible para todos los mexicanos que lo necesiten», concluyó.