En medio de un nuevo intercambio de señalamientos entre La Habana y Washington, el gobierno cubano activó un llamado público a la ciudadanía para reunirse en la Tribuna Antiimperialista, en la capital del país. La convocatoria ocurre tras la reaparición de acusaciones desde Estados Unidos relacionadas con el exmandatario Raúl Castro, vinculadas al derribo de avionetas ocurrido en 1996, un episodio que sigue generando controversia casi tres décadas después.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó el mensaje en el que llamó a la población a concentrarse como muestra de respaldo a la postura oficial del país. En su pronunciamiento, sostuvo que no se permitirá lo que calificó como ofensas a figuras históricas de la nación y reiteró que Cuba responderá ante lo que considera una nueva provocación por parte de autoridades estadounidenses.
El gobierno cubano enmarca esta reacción dentro de una narrativa de defensa de soberanía y dignidad nacional. Según lo expresado por Díaz-Canel, el país ha enfrentado durante décadas dificultades económicas que atribuye a las sanciones impuestas por Estados Unidos, argumento que forma parte constante del discurso oficial en la isla. Bajo esta lógica, la movilización se plantea como un acto de unidad frente a presiones externas.

El origen del conflicto más reciente se relaciona con declaraciones emitidas en Estados Unidos, donde se retomaron señalamientos sobre la supuesta responsabilidad de altos mandos cubanos en el derribo de aeronaves civiles en 1996. Este hecho ha sido motivo de disputa internacional desde que ocurrió, debido a las versiones encontradas entre ambos gobiernos sobre lo sucedido en el espacio aéreo cubano.

Mientras Washington sostiene que el incidente representó una violación al derecho internacional y a la seguridad de vuelos civiles, el gobierno de Cuba ha defendido que la acción ocurrió como respuesta a incursiones previas en su territorio aéreo, argumentando que se trató de una medida de defensa nacional.

En paralelo a estas tensiones diplomáticas, en redes sociales comenzó a circular un presunto audio atribuido a Raúl Castro, en el que se harían referencias a decisiones relacionadas con aquel episodio militar. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la grabación, pero su difusión ha reactivado el interés público en el caso y ha generado discusión en distintos espacios digitales.

Especialistas en política internacional señalan que estos episodios suelen reavivar conflictos históricos que, aunque ocurrieron hace décadas, siguen influyendo en la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos. En este caso, el contexto actual de fricciones diplomáticas ha facilitado que el tema vuelva a colocarse en la agenda política.

La convocatoria a la Tribuna Antiimperialista también tiene un componente simbólico interno, ya que este espacio ha sido utilizado en otras ocasiones como punto de concentración para manifestaciones políticas en La Habana. El mensaje del gobierno busca reforzar la cohesión social en un momento de presión externa, al tiempo que envía una señal hacia el extranjero sobre su postura frente a las acusaciones.

Los más de 400 miembros de la Global Sumud Flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza fueron trasladados al puerto israelí de Ashdod, luego de ser interceptados y detenidos desde el lunes por buques de Israel.

Los organizadores de la Global Sumud señalaron en su sitio de internet que todos los barcos de su convoy humanitario fueron interceptados después de que buques navales israelíes los rodearan en aguas internacionales, a unas 250 millas náuticas de la costa de Gaza. Informaron que 428 activistas fueron «secuestrados» por Israel.

Alrededor de la medianoche del martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló en un comunicado que los activistas «han sido transferidos a buques israelíes y se dirigen a Israel», y añadió que se les permitiría reunirse con sus representantes consulares.

El ministerio indicó que Israel no permitiría ninguna violación de lo que denominó el bloqueo naval «legal» de Gaza. Calificó a la flotilla como «una estratagema de relaciones públicas al servicio de Hamas».

La flotilla zarpó el jueves desde la costa de Marmaris, en Turquía, en un tercer intento de romper el bloqueo de Israel sobre Gaza y entregar ayuda a los palestinos en el enclave devastado por la guerra.

Una flotilla anterior, compuesta por unos 20 barcos y 175 activistas, fue interceptada por las fuerzas israelíes el 30 de abril cerca de la isla griega de Creta, en el sur del país. Dos de los activistas permanecieron detenidos durante días antes de ser liberados. Decenas de activistas dijeron que fueron maltratados, ultrajados y golpeados por las fuerzas israelíes.

La flotilla, que transporta ayuda y personal médico, tenía como objetivo es atraer la atención internacional hacia las catastróficas condiciones en Gaza, donde la mayor parte del enclave se encuentra en ruinas. Más de 72 mil personas han muerto por fuego israelí y más de 172 mil han resultado heridas desde octubre de 2023, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Gaza.

El Senado de Estados Unidos avanzó este martes un proyecto impulsado por demócratas para debatir una medida que obligaría al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra en Irán oa solicitar autorización del Congreso para continuar con las operaciones militares.

La resolución fue aprobada en una votación preliminar de 50 votos a favor y 47 en contra, lo que permitirá abrir la discusión en las próximas semanas sobre los límites a las facultades bélicas del mandatario en el conflicto con Irán. La medida representa el primer avance legislativo de este tipo, después de varios intentos bloqueados durante meses.
El proyecto recibió el respaldo de un grupo de legisladores republicanos que se sumaron a los demócratas. Entre ellos destacó Bill Cassidy, senador por Luisiana, quien votó a favor de avanzar la resolución pocos días después de perder las primarias republicanas en su estado, tras haber sido criticado por Trump en redes sociales por no ser “leal” a su administración.

La propuesta deberá ser discutida por ambas cámaras del Congreso. En caso de ser aprobada, sería enviada al Despacho Oval, donde Trump tendría la facultad de vetarla.

Desde enero, los legisladores demócratas han buscado limitar el alcance de las decisiones militares del presidente. Primero lo hicieron frente al despliegue del Comando Sur en el Caribe, previo a la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y posteriormente con diversos intentos para restringir sus acciones en el Oriente Medio.

Desde marzo se han registrado siete intentos fallidos para acotar las operaciones de la administración Trump en esa región. A finales de abril, los esfuerzos comprometidos quedaron detenidos después de que el Gobierno prolongara el alto el fuego, lo que evitó una respuesta inmediata a la resolución sobre poderes de guerra, mecanismo que exige autorización legislativa después de 60 días de combate.

En paralelo al debate legislativo, el vicepresidente JD Vance afirmó este martes que considera que Irán busca alcanzar un acuerdo y que se han registrado avances en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Trump, por su parte, informó el lunes que ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra Irán en caso de que las negociaciones fracasen.