El municipio de Zautla realizó la contratación de un crédito por más de 20 millones de pesos, el cual no fue transparentado en tiempo y forma por las autoridades de la demarcación.

La obligación financiera, adquirida durante la actual administración municipal, permaneció fuera del registro oficial durante varios meses, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.

De acuerdo con información del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, el ayuntamiento encabezado por Marco Antonio Alejo Calderón firmó el préstamo el 22 de agosto de 2025 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Sin embargo, su inscripción formal no se realizó sino hasta el 30 de enero de 2026.

El monto asciende a 20 millones 776 mil 998 pesos, pactado a una tasa de interés cercana al 9 por ciento anual y con un plazo de pago de poco más de dos años, cuyo vencimiento está programado para septiembre de 2027.

Como garantía, el gobierno municipal comprometió recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Pese a la magnitud del financiamiento, los informes financieros correspondientes al ejercicio 2025 no reflejan movimientos relacionados con esta deuda.

No se reportan pagos de capital ni de intereses, ni se detalla el estado actual del crédito, lo que incrementa la incertidumbre sobre su administración.

El argumento oficial señala que los recursos fueron destinados a inversión pública productiva, aunque hasta el momento no se han precisado las obras o acciones específicas en las que se habría aplicado el dinero.

Esta omisión ha alimentado dudas entre observadores y especialistas en finanzas públicas.

El retraso en el registro del crédito contraviene los principios de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a los entes públicos a reportar de manera oportuna cualquier endeudamiento.

La falta de transparencia limita la supervisión ciudadana y abre la puerta a posibles irregularidades administrativas.

Persisten señalamientos por opacidad en el manejo financiero

A este escenario se suman cuestionamientos previos sobre la administración de los recursos municipales, particularmente en materia de obra pública, donde habitantes han señalado inconsistencias entre lo reportado oficialmente y el avance real de proyectos en distintas comunidades.

También se ha advertido la falta de desglose en informes financieros sobre el destino de partidas destinadas a infraestructura y programas sociales, lo que dificulta conocer con precisión cómo se ejerce el presupuesto municipal y refuerza las dudas en torno al manejo del crédito recientemente adquirido, de acuerdo a comentarios de pobladores en redes sociales.

Julissa Contreras Zúñiga fue despedida del Poder Judicial (PJ) después de participación en la protesta contra la megarecicladora que busca instalar el Gobierno Federal en San José Chiapa, Puebla.

Este jueves, pobladores de este municipio se trasladaron a la ciudad de Puebla y se reunieron en el zócalo para denunciar los hechos que ocurrieron el pasado 11 de abril durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Jorge Octavio Contreras Espinoza representante de los pueblos de la zona que se oponen al proyecto, tuvieron bloqueos en su intento de buscar un diálogo con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Especificó que a Julissa Contreras Zúñiga personal del Gobierno del Estado le arrebataron una cartulina y posteriormente la jalaron para quitarle una segunda lona.

Después, Julissa Contreras Zuñiga comentó que después de haber participado en esta protesta para defender el pueblo de donde es originaria, comenzó a ser víctima de hostigamiento en redes sociales.

Esto escaló a tal grado de que el día lunes el área de Recursos Humanos del Poder Judicial la mando a llamar y le presentaron una carta de renuncia, a lo cual ella se negó a firmar.

«El día lunes Recursos Humanos del Poder Judicial me llamó a presentarme, porque ya estaba lista mi renuncia (…) claramente yo no iba a firmar una denuncia, porque claramente yo no estaba renunciando», declaró.

Sin embargo, ante su negativa le presentaron un documento de rescisión de contrato y fue así que el día miércoles dejó de laborar en el Poder Judicial.

Lo anterior Julissa Contreras señaló que se trata de una persecución en su contra por participar en esta manifestación, también mencionó que esto la dejaba intranquila por más represalias en su contra, por lo que responsabilizó al Gobierno del Estado si algo le pasa a su persona.

Por otra parte, los pobladores reiteraron su rechazo a la megarecicladora en San José Chiapa, ya que señalaron traerá contaminación a los suelos, agua y aire del municipio, así como problemas a su salud por las toneladas de basura que se llevarán al lugar.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que su administración respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal estatal relacionado con el delito de “ciberasedio”.

No obstante, rechazó que esta determinación represente un revés para su gobierno o para el Congreso local, al sostener que forma parte de la dinámica propia del sistema jurídico mexicano.

Al término de la ceremonia por el 495 Aniversario de la Fundación de Puebla, el mandatario recalcó que el Estado mexicano debe agotar todos los mecanismos legales para garantizar los derechos fundamentales.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y consideramos que el Estado mexicano seguirá buscando, bajo los preceptos constitucionales, el cumplimiento de los derechos”, declaró.

En esa tónica, el morenista, quien recordó su trayectoria de más de dos décadas como legislador, insistió en que las normas no son estáticas.

«Hay leyes que se aprueban, leyes que se derogan, leyes que se perfeccionan y marcos normativos que se construyen; es parte de la dinámica del marco normativo de nuestro país”, expresó tras ser cuestionado sobre si el fallo judicial significaba un retroceso.

La resolución de la Corte, emitida el pasado 14 de abril, determinó la invalidez del delito de “ciberasedio” al considerar que su redacción vulneraba principios constitucionales, lo que obligará al Congreso de Puebla a replantear el marco legal en la materia.

Ante este escenario, Armenta Mier señaló que corresponde al Poder Legislativo actuar con plena autonomía para ajustar la legislación.

A pesar de la anulación del artículo, el gobernador enfatizó que existen diversos ordenamientos vigentes —como la Constitución federal, la estatal y los códigos Penal y Civil— que permiten proteger a la población, particularmente a sectores vulnerables.

“Tenemos que buscar siempre la defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario estatal consideró que la decisión de la SCJN confirma la vigencia de la división de poderes en el país, al rechazar versiones sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en el Judicial.

Señaló que este tipo de resoluciones evidencian “el respeto entre los poderes públicos” en el contexto de la llamada Cuarta Transformación.

De paso, informó que, en la reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se dio seguimiento a la estrategia en materia de seguridad en la entidad, y comentó que habrá especial coordinación con el gobierno federal por el arranque de la Olimpiada Nacional Conade.