La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de las Américas Puebla con la finalidad de generar acciones, proyectos y propuestas que permitan atender la problemática del desabasto de agua en el municipio.

Acompañada por autoridades académicas de la institución, la alcaldesa destacó la importancia de sumar esfuerzos con la academia para encontrar soluciones innovadoras en torno al recurso hídrico.

Cuautle Torres señaló que este convenio permitirá no solo contar con el apoyo de especialistas e investigadores para desarrollar propuestas y proyectos enfocados en abatir la falta de agua, sino también brindar a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en problemáticas reales que afectan a la comunidad.

Asimismo, explicó que esta colaboración contempla la realización de talleres, investigaciones y proyectos conjuntos orientados a fortalecer la cultura del cuidado del agua y generar alternativas viables ante la crisis hídrica.

La presidenta municipal subrayó que la problemática relacionada con el recurso hídrico es una situación que preocupa tanto al municipio de San Andrés Cholula como al sector académico, por lo que consideró fundamental trabajar de manera coordinada para impulsar soluciones sostenibles.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el 21 de mayo de 2026 los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2025), con los cuales se completa un ciclo de una década de levantamientos bienales, que cubre el periodo de 2015 al 2025, y que permiten tener un panorama completo de lo que ha ocurrido en ese lapso respecto de la evaluación y grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de diferentes servicios.

Uno de ellos es el servicio que otorgan las policías, respecto de las cuales, el promedio de satisfacción que hay en el país en el periodo señalado, es de apenas 26.4% de la población de 18 años y más, que se dice algo o muy satisfecha con ese servicio.

Es importante decir que la entidad federativa en la que se tiene el mayor promedio en el periodo de referencia es Yucatán, donde apenas 50.9% de la población declara algún nivel de satisfacción con ese servicio. En segundo lugar, muy lejos de ese porcentaje, aparecen los estados de Nayarit y Nuevo León, con 41.7% y 41.3%, respectivamente, y en tercer sitio, aún más lejos todavía, los estados de Aguascalientes, Coahuila y Colima, donde el porcentaje promedio obtenido es de 37.5%, 36.7% y 36%, respectivamente.

San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, los peor evaluados

En el extremo opuesto, las entidades peor evaluadas en este rubro son: San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, con 20.8%; 20.4% y 20.3%, respectivamente; les siguen en orden descendente Quintana Roo. Puebla y Estado de México, con porcentajes de 19.6%, 19.3% y 19% para cada uno de ellos; seguidos con indicadores aún peores de Michoacán, con 17.2%; Tabasco, con 16.2% y Guerrero, con 16.1 por ciento.

Es importante decir que, a nivel nacional, el porcentaje más alto registrado es el de 2023, con 29.7% de satisfacción; seguido de 2025, con 27.9%; mientras que el más bajo se registró en 2017, con 23.8%.

Aún con ello, como se observa, en los últimos 10 años el país no ha llegado siquiera a un 30% de la población satisfecha con los servicios de las policías locales, lo cual es muy serio si se considera que es el primer contacto con la población en los temas de seguridad pública.

Los datos del 2025: Sólo 1 de cada 3 ven que policía contribuya a seguridad

Es interesante observar que, en el más reciente levantamiento, correspondiente a 2025, únicamente 35.3% de la población nacional considera que la policía local contribuye a generar sensación de seguridad, es decir, apenas uno de cada tres; destaca que los estados con más bajos porcentajes son: Baja California, con apenas 26.1%; Guerrero, con 25.8%; Tabasco con 25.1%; Morelos, con 23% y Michoacán, con 21.4 por ciento.

En términos de satisfacción general, los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo Estado de México y Tabasco registran los indicadores más bajos el 2025. 

Las policías municipales son el eslabón más débil en la cadena de la seguridad pública y ciudadana en el país. En todas las encuestas en las que se incluyen temas relacionados con la corrupción, la seguridad y la criminalidad, las policías de tránsito y las policías preventivas aparecen siempre como las peor evaluadas en el país.

No es para menos, diversos diagnósticos muestran que el estado de fuerza, así como el nivel de equipamiento y de entrenamiento, distan mucho de aproximarse a lo óptimo y, en general, son las corporaciones que reciben los más bajos salarios y prestaciones asociadas a su actividad.

Al ser las autoridades con menor capacidad de fuego, nula inteligencia tecnológica y presupuestos asfixiados por la centralización de los recursos de seguridad, las policías municipales quedan atrapadas entre la desconfianza ciudadana y la subordinación de facto ante el despliegue de las fuerzas federales.

En medio de los recientes cambios impulsados al sistema notarial en Puebla, la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Atlixco quedó oficialmente sin auxiliar tras la renuncia de Alfonso González cuya patente fue cancelada por determinación del gobierno estatal.

Esa decisión está asentada en un acuerdo emitido por la Dirección General del Notariado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) documento en el que se establece el cese de funciones del exfuncionario quien argumentó “motivos personales” para dejar el cargo.
La titular de la Notaría Pública número 2, Elvia Graciela Morales Sánchez, notificó formalmente la separación de González hecho que derivó en la intervención del titular del Poder Ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, quien ordenó la cancelación de la patente correspondiente.

De acuerdo con registros del gobierno estatal González desempeñó funciones como notario auxiliar durante los últimos cinco años. Además anteriormente estuvo al frente de la propia Notaría número 2 del Distrito Judicial de Atlixco, uno de los despachos con mayor actividad jurídica en la región.

Aunque el documento oficial no profundiza en las causas específicas de la renuncia, la salida ocurre en un contexto de transformación en el sistema de selección de notarios auxiliares en Puebla luego de la reforma a la Ley del Notariado aprobada en octubre de 2022.

Con dichas modificaciones legales quienes aspiren a ocupar una notaría auxiliar deben someterse a un proceso de evaluación más estricto integrado por un examen teórico y otro práctico. Ambos son calificados por un jurado conformado por representantes de la Consejería Jurídica, titulares de notarías y un presidente designado directamente por el Poder Ejecutivo.

La vacante abierta en Atlixco obligará al gobierno estatal a emitir próximamente una nueva convocatoria para designar al próximo notario auxiliar de la demarcación.

Dentro de la estructura jurídica estatal los notarios auxiliares desempeñan un papel clave: actúan como suplentes de los titulares de las notarías durante ausencias temporales y, durante ese periodo, asumen plenamente las facultades legales y administrativas del despacho.

La salida de González Cruz marca un nuevo movimiento dentro del sistema notarial poblano, un sector que en los últimos años ha enfrentado ajustes legales, revisiones administrativas y mayores controles para el acceso a cargos públicos vinculados con la fe pública.