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Congreso abre proceso para remover al jurídico y secretario general por excederse en sus funciones

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La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla envió al Órgano Interno de Control una denuncia contra los titulares de la Dirección Jurídica y la Secretaria General, en respuesta a la exigencia de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, de remover a Jesús Juárez Lezama y Leopoldo de Lara Valera de sus respectivos cargos, por supuestamente ocultar información y aparentes errores administrativos.

A propuesta del presidente de la Jugocopo y coordinador de la bancada de Morena, Pavel Gaspar Ramírez, la petición de remoción fue turnada para iniciar una investigación, por lo que ambos funcionarios seguirán en su cargo mientras se desahoga el trámite administrativa.

La determinación dividió a la oposición en el Legislativo local. El líder de la bancada panista, Marcos Castro Martínez, y la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, respaldaron que se agote el proceso, mientras que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, señaló que la Jugocopo debió votar de inmediato la destitución, al alegar que los denunciados han excedido sus funciones.
En entrevista, Castro Martínez aseveró que el albizul estará pendiente de la denuncia y que vigilarán un proceso imparcial, pues en distintas ocasiones el propio Gaspar Ramírez ha defendido el desempeño del director jurídico y el secretario general.

El panista evitó señalar posibles excesos de los funciones del Congreso, al señalar que será en Órgano Interno de Control el que definira si ambos se extralimitaron al responder una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), supuestamente sln notificar al Pleno del Congreso.

Cuestiona Delfina Pozos que no se sometiera a la Jugocopo
Por separado, Suriano Corrales declaró que el proceso se tiene que desahogar antes de decidir la permanencia de los funcionarios, pues señaló que Juárez Lezama y De Lara también deberán responder ante los señalamientos de la diputada panista.
Por otra parte, Pozos Vergara cuestionó que el asunto no se sometira a votación de la Jugocopo, pues dijo que el órgano de gobierno tiene la facultad de nombrar y remover al secretario general. Además, señaló que ya hay una denuncia previa del PAN contra ambos funcionarios.
Para la priista, tanto el secretario general como el director jurídico se han excedido en sus atribuciones y asumen facultades que no les corresponde, por lo que respaldó la remoción de ambos.

Riestra Piña achaca a la Dirección Jurídica el revés de la SCJN al Congreso local en la controversia constitucional 217/2025, cuando el Máximo Tribunal anuló distintas disposiciones de la Ley de Transparencia del estado por invadir competencias federales. Además, señaló a la Secretaría General de turnar iniciativa a comisiones equivocadas y subir dictámenes al Pleno con errores.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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