El municipio de Atlixco será sede de la sexta edición de la competencia de downhill urbano, albergando la segunda fecha del serial nacional de esta diciplina de ciclismo de montaña.

El evento se realizará el 14 y 15 de marzo en el circuito habitual, que desciende de la ermita del cerro de San Miguel hasta la avenida Hidalgo, a un costado del zócalo.

El recorrido incluye callejones, zona rocosa, escaleras y rampas instaladas en la demarcación para la competencia.

Víctor Zapata, coordinador del evento, informó que la edición del 2026 contará con dos rutas; una para expertos, donde se colocará la infraestructura temporal, y otra para principiantes.

Carlos Alfonso, competidor originario de la ciudad de Puebla, señaló que únicamente ha faltado a una edición de downhill urbano en Atlixco.

Indicó que comenzó a practicar ciclismo a los 30 años, tras interesarse en el descenso de montaña por recomendación de una tienda especializada.

Posteriormente, decidió participar en circuitos urbanos y competencias como Popobike, además de entrenar en el circuito OVNI, en Metepec.

El competidor reconoció que el riesgo es inherente en cualquier disciplina deportiva, en especial en el descenso.

Asimismo, señaló que la práctica constante y la precaución son fundamentales para evitar lesiones.

Durante la presentación oficial del evento deportivo, autoridades locales informaron que se espera la participación de más de 250 competidores y la asistencia aproximada de mil personas.

Además, indicaron que se espera una derrama económica cercana a los 500 mil pesos, impactado principalmente en hoteles y restaurantes.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este jueves un alarmante patrón de ataques, amenazas y agresiones contra periodistas que informaban sobre los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal.

La organización internacional detalló que al menos ocho periodistas fueron agredidos o despojados de su equipo por presuntos miembros de organizaciones criminales mientras documentaban narcobloqueos, enfrentamientos y disturbios en varios estados del país el pasado 22 de febrero.

Entre las agresiones registradas se encuentran disparos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles, retenciones forzosas y amenazas graves, según el informe de RSF.

Los incidentes abarcan diversas entidades federativas, como Jalisco, donde un reportero de Azteca Noticias denunció que su vehículo fue alcanzado por disparos y una periodista fue obligada a descender de su automóvil bajo amenaza con arma de fuego.

En Sinaloa, corresponsales del periódico Noroeste fueron golpeados y despojados de su equipo, mientras en Tamaulipas, un reportero fue retenido brevemente por sujetos armados que amenazaron también a su familia.

En Guanajuato y Michoacán periodistas enfrentaron amenazas de suspender la cobertura o intimidaciones anónimas.

El director de RSF para América Latina, Arturo Romeu, advirtió que estos ataques confirman la “alarmante normalización” de la violencia contra la prensa en México y demandó investigaciones eficaces y medidas urgentes para proteger a los periodistas frente a contextos de inseguridad extrema.

La violencia contra la prensa en México no es un fenómeno nuevo: diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que el ejercicio periodístico en el país enfrenta riesgos sistémicos, con agresiones frecuentes por parte de grupos delictivos y altos niveles de impunidad en crímenes contra comunicadores.

Trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios en el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunciaron que iniciarán un paro total de labores a partir del 1 de marzo, en protesta por la falta de certeza laboral y presuntos retrasos en procesos administrativos que afectan sus condiciones de trabajo.

A través de un posicionamiento difundido este jueves, el personal señaló que la medida responde a la ausencia de contratos formalizados para el presente ejercicio fiscal, así como a la falta de claridad sobre pagos y continuidad de proyectos estratégicos vinculados a la producción, preservación y promoción cinematográfica.

Los inconformes indicaron que el esquema de honorarios ha generado condiciones de vulnerabilidad laboral, al no contar con prestaciones ni estabilidad, pese a desempeñar funciones sustantivas dentro del instituto. Añadieron que la incertidumbre impacta directamente en la operación de convocatorias, apoyos a creadores y actividades de difusión del cine nacional.

El Imcine, organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura, es responsable de instrumentar políticas públicas para el fomento de la industria cinematográfica mexicana, incluyendo estímulos a la producción, distribución y exhibición.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades culturales y al Gobierno de México para establecer una mesa de diálogo urgente que permita regularizar su situación contractual y garantizar la continuidad operativa de la institución.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las demandas planteadas ni sobre las posibles afectaciones que el paro podría generar en los programas y convocatorias en curso.