La prohibición total del comercio de vapeadores en México está favoreciendo la consolidación del crimen organizado en ese mercado, de acuerdo con testimonios y especialistas. Un informe de la ONG Defensorxs indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera empresas dedicadas al reempaque de dispositivos de origen asiático, mientras que el Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito, junto con grupos locales en Acapulco, participan en el mercado negro del vapeo y en el contrabando de tabaco.

A comienzos de 2022, cuando el negocio se expandía entre vacíos normativos, dos empleados de una tienda del norte del país fueron privados de la libertad durante horas por integrantes de un cártel. Con los ojos vendados y atados, sirvieron de mensaje para los propietarios: el grupo criminal se quedaba con el negocio. Los dueños —uno de ellos de 27 años— se relacionaron desde Estados Unidos, bajo reserva de identidad, que se les permitió vender únicamente por internet y fuera del estado. “No llegan preguntándote si quieres o no, llegan diciéndote lo que está a punto de ocurrir”, dijo uno de ellos.
El giro regulatorio se aceleró con la entrada en vigor, este mes, de la prohibición absoluta para la venta, importación, distribución y fabricación de vapeadores, aunque su consumo permanezca permitido. Los expertos anticipan que esta medida consolidará el control de los cárteles. Para Zara Snapp, directora del Instituto Ría, “al prohibir estás regalando el mercado a grupos no estatales” en un entorno de alta corrupción y violencia. Alejandro Rosario, abogado de comerciantes del sector, advirtió que el negocio se vuelve estratégico para los cárteles porque genera ingresos para otras actividades ilícitas y, al ser legal en Estados Unidos, tiene “poca visibilidad” para las autoridades de ese país.

El vapeo está regulado en Estados Unidos y Europa, prohibido en al menos ocho países de América Latina y ha sido utilizado por naciones como Japón para reducir el tabaquismo, aunque las restricciones han aumentado por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. En México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —crítico del vapeo— se emitieron alertas tras intoxicaciones registradas en Estados Unidos; en 2021 se prohibió por decreto su importación y, a mediados de 2022, su comercialización. Tras un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la prohibición, el Ejecutivo impulsó una reforma constitucional que se concretó en enero de 2025, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, incorporando a los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo. Abogados calificaron esa equiparación de desproporcionada, citando que, según la evidencia disponible, los cigarrillos electrónicos son menos nocivos que los tradicionales.

Pese a las restricciones, los dispositivos continuaron entrando desde China —principal fabricante— y desde Estados Unidos, y se vendían en establecimientos o en línea ante la ausencia de legislación secundaria que aterrizara la prohibición. Hubo decomisos, como el de 130 mil piezas en el puerto de Lázaro Cárdenas, mientras algunos comerciantes se enfrentan a sanciones. En la Ciudad de México, el dueño de una tienda, Aldo Martínez, recibió una multa equivalente a 38 mil dólares por vender vapeadores; la impugnó y finalmente no la pago.

La situación cambió con la ley aprobada en diciembre pasado, que prohíbe cualquier actividad vinculada al vapeo y prevé penas de hasta ocho años de prisión. Martínez dejó de comercializar de inmediato los dispositivos —dos tercios de sus ingresos— y aseguró que el remanente lo consumirá él o sus amistades. “No me quiero ir a la cárcel”, dijo. También teme que las autoridades le “planten” productos para extorsionarlo, práctica que organizaciones civiles han denunciado como habitual, ahora facilitada por la falta de precisión sobre cuántos vapeadores puede portar una persona para consumo. Juan José Cirión Lee, abogado y presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, advirtió que las ambigüedades “dan armas a una autoridad corrupta” y anunció recursos legales contra las nuevas normas.

Mientras avanzaba la prohibición, el crimen organizado fue tomando el control del sector en estados del norte y en grandes ciudades como la capital y Guadalajara. Comerciantes y asesores legales describen un patrón de intimidaciones, extorsiones y agresiones para obligar a ceder negocios, así como la distribución de mercancías con sellos o calcomanías que identifican a los cárteles, una práctica ya vista en el tráfico de pastillas de fentanilo. Rosario aseguró haber perdido alrededor del 40% de su cartera al dejar de representar a clientes que comenzaron a vincularse con grupos criminales. El comerciante del norte que vendió sus tiendas relató que, incluso después de recibir un pago, siguió contactándolo para obtener información del mercado. “Si esas personas te piden algo, se lo vas a dar”, señaló.

Otros actores del sector narraron que sus clientes han sido intimidados por comprar en línea y que proveedores traspasaron su inventario al crimen organizado. Los dispositivos desechables —populares y de bajo costo— son los preferidos de estas redes. Según Rosario, hay grupos que ya se presentan como “proveedores” o “empresas” formales y compran carcasas en Asia para rellenarlas en México, lo que preocupa por la ausencia de control sobre el contenido y el riesgo de adulteraciones.

Tras la entrada en vigor de la prohibición, más de 50 mil vapeadores empaquetados en bolsas transparentes cubrieron el Zócalo capitalino como parte de un decomiso difundido por la jefa de gobierno Clara Brugada, quien defendió la medida por la protección de la juventud, argumento compartido por la presidenta Sheinbaum. Para Cirión Lee, ocurre lo contrario: ahora “el que te va a vender vapeadores es el que vende cocaína, fentanilo, mariguana”.

Los resultados internacionales son dispares. En Brasil, donde el vapeo está prohibido desde 2009, el consumo entre jóvenes se ha expandido; en Estados Unidos, el uso adolescente cayó en 2024 al nivel más bajo en una década en un entorno de mayores controles. Snapp considera que la estrategia mexicana supone un retroceso al eliminar una posible herramienta de reducción de daños frente al tabaquismo, con sus elevados costos sanitarios.

Entre consumidores y vendedores cunde la incertidumbre. Algunos clientes han hecho compras de pánico y piden a sus proveedores que no cierran. Otros intentan permanecer en la sombra: un joven de la frontera norte, que opera sin tienda física ni en línea y gestiona pedidos por teléfono, aspira a pasar inadvertido. En contraste, comerciantes como el del norte que migraron a Estados Unidos están cerrando su operación digital para no tener que elegir entre el narco y las nuevas penas de prisión.