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Con la prohibición, los cárteles se afianzan en el negocio del vapeo

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La prohibición total del comercio de vapeadores en México está favoreciendo la consolidación del crimen organizado en ese mercado, de acuerdo con testimonios y especialistas. Un informe de la ONG Defensorxs indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera empresas dedicadas al reempaque de dispositivos de origen asiático, mientras que el Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito, junto con grupos locales en Acapulco, participan en el mercado negro del vapeo y en el contrabando de tabaco.

A comienzos de 2022, cuando el negocio se expandía entre vacíos normativos, dos empleados de una tienda del norte del país fueron privados de la libertad durante horas por integrantes de un cártel. Con los ojos vendados y atados, sirvieron de mensaje para los propietarios: el grupo criminal se quedaba con el negocio. Los dueños —uno de ellos de 27 años— se relacionaron desde Estados Unidos, bajo reserva de identidad, que se les permitió vender únicamente por internet y fuera del estado. “No llegan preguntándote si quieres o no, llegan diciéndote lo que está a punto de ocurrir”, dijo uno de ellos.
El giro regulatorio se aceleró con la entrada en vigor, este mes, de la prohibición absoluta para la venta, importación, distribución y fabricación de vapeadores, aunque su consumo permanezca permitido. Los expertos anticipan que esta medida consolidará el control de los cárteles. Para Zara Snapp, directora del Instituto Ría, “al prohibir estás regalando el mercado a grupos no estatales” en un entorno de alta corrupción y violencia. Alejandro Rosario, abogado de comerciantes del sector, advirtió que el negocio se vuelve estratégico para los cárteles porque genera ingresos para otras actividades ilícitas y, al ser legal en Estados Unidos, tiene “poca visibilidad” para las autoridades de ese país.

El vapeo está regulado en Estados Unidos y Europa, prohibido en al menos ocho países de América Latina y ha sido utilizado por naciones como Japón para reducir el tabaquismo, aunque las restricciones han aumentado por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. En México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —crítico del vapeo— se emitieron alertas tras intoxicaciones registradas en Estados Unidos; en 2021 se prohibió por decreto su importación y, a mediados de 2022, su comercialización. Tras un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la prohibición, el Ejecutivo impulsó una reforma constitucional que se concretó en enero de 2025, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, incorporando a los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo. Abogados calificaron esa equiparación de desproporcionada, citando que, según la evidencia disponible, los cigarrillos electrónicos son menos nocivos que los tradicionales.

Pese a las restricciones, los dispositivos continuaron entrando desde China —principal fabricante— y desde Estados Unidos, y se vendían en establecimientos o en línea ante la ausencia de legislación secundaria que aterrizara la prohibición. Hubo decomisos, como el de 130 mil piezas en el puerto de Lázaro Cárdenas, mientras algunos comerciantes se enfrentan a sanciones. En la Ciudad de México, el dueño de una tienda, Aldo Martínez, recibió una multa equivalente a 38 mil dólares por vender vapeadores; la impugnó y finalmente no la pago.

La situación cambió con la ley aprobada en diciembre pasado, que prohíbe cualquier actividad vinculada al vapeo y prevé penas de hasta ocho años de prisión. Martínez dejó de comercializar de inmediato los dispositivos —dos tercios de sus ingresos— y aseguró que el remanente lo consumirá él o sus amistades. “No me quiero ir a la cárcel”, dijo. También teme que las autoridades le “planten” productos para extorsionarlo, práctica que organizaciones civiles han denunciado como habitual, ahora facilitada por la falta de precisión sobre cuántos vapeadores puede portar una persona para consumo. Juan José Cirión Lee, abogado y presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, advirtió que las ambigüedades “dan armas a una autoridad corrupta” y anunció recursos legales contra las nuevas normas.

Mientras avanzaba la prohibición, el crimen organizado fue tomando el control del sector en estados del norte y en grandes ciudades como la capital y Guadalajara. Comerciantes y asesores legales describen un patrón de intimidaciones, extorsiones y agresiones para obligar a ceder negocios, así como la distribución de mercancías con sellos o calcomanías que identifican a los cárteles, una práctica ya vista en el tráfico de pastillas de fentanilo. Rosario aseguró haber perdido alrededor del 40% de su cartera al dejar de representar a clientes que comenzaron a vincularse con grupos criminales. El comerciante del norte que vendió sus tiendas relató que, incluso después de recibir un pago, siguió contactándolo para obtener información del mercado. “Si esas personas te piden algo, se lo vas a dar”, señaló.

Otros actores del sector narraron que sus clientes han sido intimidados por comprar en línea y que proveedores traspasaron su inventario al crimen organizado. Los dispositivos desechables —populares y de bajo costo— son los preferidos de estas redes. Según Rosario, hay grupos que ya se presentan como “proveedores” o “empresas” formales y compran carcasas en Asia para rellenarlas en México, lo que preocupa por la ausencia de control sobre el contenido y el riesgo de adulteraciones.

Tras la entrada en vigor de la prohibición, más de 50 mil vapeadores empaquetados en bolsas transparentes cubrieron el Zócalo capitalino como parte de un decomiso difundido por la jefa de gobierno Clara Brugada, quien defendió la medida por la protección de la juventud, argumento compartido por la presidenta Sheinbaum. Para Cirión Lee, ocurre lo contrario: ahora “el que te va a vender vapeadores es el que vende cocaína, fentanilo, mariguana”.

Los resultados internacionales son dispares. En Brasil, donde el vapeo está prohibido desde 2009, el consumo entre jóvenes se ha expandido; en Estados Unidos, el uso adolescente cayó en 2024 al nivel más bajo en una década en un entorno de mayores controles. Snapp considera que la estrategia mexicana supone un retroceso al eliminar una posible herramienta de reducción de daños frente al tabaquismo, con sus elevados costos sanitarios.

Entre consumidores y vendedores cunde la incertidumbre. Algunos clientes han hecho compras de pánico y piden a sus proveedores que no cierran. Otros intentan permanecer en la sombra: un joven de la frontera norte, que opera sin tienda física ni en línea y gestiona pedidos por teléfono, aspira a pasar inadvertido. En contraste, comerciantes como el del norte que migraron a Estados Unidos están cerrando su operación digital para no tener que elegir entre el narco y las nuevas penas de prisión.

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Qué cubrebocas usar para prevenir contagios de sarampión en México

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Con el aumento de casos de sarampión en varias regiones de México, las autoridades de salud advierten sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención, más allá de la vacunación. Entre ellas, el uso adecuado de cubrebocas se destaca como una herramienta efectiva para limitar la transmisión del virus, especialmente en lugares cerrados o con alta concentración de personas.

¿Qué tipo de cubrebocas usar?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda cubrebocas tricapa o N95, asegurándose de que queden bien ajustados a la nariz y boca. Es importante no bajarlos al hablar, toser o estornudar, y retirarlos únicamente por los elásticos, seguido de un lavado de manos.
El uso del cubrebocas es más relevante durante el periodo de transmisibilidad del sarampión, que comprende cuatro días antes y cuatro días después de que aparezca el exantema, la erupción característica del virus.

¿Quiénes deben usar cubrebocas?
Los especialistas señalan que las mascarillas son particularmente útiles para:

Personas con síntomas o diagnóstico confirmado de sarampión, sobre todo si interactúan con otras personas o salen de su aislamiento.

Cuidadores y familiares que tengan contacto directo con enfermos, especialmente si no cuentan con vacunación completa.

Personal de salud, al atender casos sospechosos o confirmados.

Población general en zonas con alta incidencia de contagios, como medida preventiva adicional.

El IMSS y la Secretaría de Salud recuerdan que el cubrebocas no reemplaza la vacunación, que sigue siendo la estrategia más eficaz para prevenir la enfermedad.

Uso obligatorio en algunos estados
En entidades con mayor número de casos, como Estado de México y Jalisco, las autoridades han decretado el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas y espacios cerrados. Estas medidas se complementan con filtros sanitarios, toma de temperatura y vigilancia de síntomas, para detectar casos oportunamente y reducir brotes locales.

¿Por qué el cubrebocas ayuda a prevenir contagios?
El sarampión se propaga a través de gotículas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar. Una mascarilla bien ajustada puede limitar la dispersión de partículas infectadas, sobre todo en espacios cerrados o con aglomeraciones.

Aunque la vacunación sigue siendo la defensa principal, el uso del cubrebocas —en los escenarios indicados— ayuda a reducir el riesgo de contagio mientras se completa el esquema de inmunización o se atienden casos confirmados.

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Mineros ‘levantados’ en Sinaloa fueron confundidos con ‘Los Mayos’

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Los diez trabajadores mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, al menos cinco de ellos han sido reconocidos entre los cadáveres encontrados en una tumba clandestina en El Verde. Según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, esto se debe a que fueron confundidos con miembros de Los Mayos, basado en las declaraciones iniciales de los cuatro detenidos en relación a este caso.

El secretario de Seguridad aclaró que no se descartan otras líneas de investigación, ya que indicó que esta información proviene de las primeras declaraciones de los cuatro detenidos que están vinculados a Los Chapitos. Ellos manifestaron que confundieron a los empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver con miembros de un grupo criminal rival.

«Se trata de las primeras declaraciones de los arrestados y a medida que se detengan a más personas, obtendremos más datos», declaró el secretario de Seguridad, quien mencionó que no habían recibido denuncias anteriores sobre extorsiones o que los empleados hubieran sido hostigados por algún grupo criminal.

García Harfuch indicó que habrá más arrestos relacionados con este caso, y las fuerzas federales continúan trabajando en la localidad para atrapar a todos los responsables del secuestro y asesinato de al menos cinco de los diez mineros que fueron sacados de un campamento de la empresa minera.

“Las denuncias iniciales son que fueron confundidos con miembros de un grupo rival. Habrá más detenidos al respecto. No hemos tenido quejas previas sobre extorsiones o molestias hacia algún miembro de esta empresa por parte de criminales”, aclaró.

El secretario de Seguridad aseguró que, tras el refuerzo en la zona, principalmente por parte del Ejército, se lograron las primeras detenciones relacionadas con el secuestro de los diez mineros, quienes fueron privados de su libertad el 23 de enero.

Descubrimiento de fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

Durante las operaciones para encontrar a los diez mineros reportados como desaparecidos, las autoridades federales descubrieron el fin de semana una tumba clandestina en El Verde, donde confirmaron la presencia de varios cuerpos. El área fue asegurada para recoger los restos y realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR), que está a cargo de las investigaciones, confirmó que en esa fosa se encontraron los cuerpos de diez personas. De estos, cinco han sido identificados y cinco más están en proceso de identificación, por lo que no se descarta que estos últimos sean otros mineros que aún se consideran desaparecidos.
Ayer por la tarde, la FGR comunicó que, de los diez cuerpos hallados en la fosa, cinco han sido identificados como empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, quienes estaban desaparecidos. Los mineros que han sido reconocidos entre los restos encontrados en un terreno en El Verde son:

José Ángel Hernández Velez, de 38 años, originario de Zacatecas.
Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, también de Zacatecas.
José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años.
Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, procedente de Chihuahua.
José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco.

Durante la investigación sobre el caso de los diez mineros en Concordia, se descubrió una segunda fosa clandestina en El Verde, la cual fue asegurada por las autoridades federales, y todavía no se sabe cuántos cuerpos se han encontrado allí. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal de Derecho de Autor. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros mantiene sus propios derechos.

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Un aspirante serio a la Auditoría Superior de la Federación

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En El Colegio de México el señor Barriga Delgado pertenece a la generación de economistas del equipo técnico financiero de la 4T que ha trabajado desde el gobierno de AMLO, en el entonces Distrito Federal, hasta hoy mismo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a saber: Edgar Amador, actual secretario de Hacienda y exsecretario de finanzas del DF; Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México y exsubsecretaria de egresos de la SHCP y del DF; Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Arturo Herrera, funcionario del Banco Mundial y exsecretario de Hacienda y de Finanzas del Distrito Federal; Gerardo Esquivel, académico y ex subgobernador del Banco de Mexico, entre otros.

Por cierto, todos ellos alumnos de Carlos Urzúa, quien durante mucho tiempo fue el profesional de la economía más importante del proyecto de izquierda, pero lo abandonó en un lamentable acto de traición —tristemente, la traición es algo que ha caracterizado a la política mexicana desde siempre: si no a diario, con excesiva frecuencia vemos a toda clase de personajes defeccionar, una situación que si ya no espanta a nadie, no deja de ser del peor gusto; afortunadamente, no es el caso del resto de economistas de la generación de Barriga aquí mencionados, que permanecen leales al movimiento—.

Emilio Barriga, llegó a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal en 2002 y permaneció ahí hasta 2018. En esta dependencia fue tesorero durante siete años. Al principio de su carrera en el DF tuvo la responsabilidad de que los ingresos que el gobierno federal le transfería al capitalino fueran ministrados en tiempo y forma, esto en un contexto político complicado dada la ríspida relación política, en ese entonces, entre el gobierno local de izquierda y las presidencias del PRI y del PAN.

Un ejemplo de lo anterior: en 2007 el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, interpuso una controversia constitucional contra las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que modificaron los criterios de distribución de las participaciones federales, los cuales afectaron drástica y sensiblemente los ingresos federales del DF. El economista Barriga fue el perito responsable de defender la hacienda pública de la ciudad capital en esta controversia.

Siendo tesorero, Emilio Barriga modernizó la Tesorería al transformarla de presencial a eminentemente digital: pasó de tener poco más de 3 mil puntos de pago en 2012 a más de 9 mil en 2018. Asimismo, se digitalizaron un número considerable de trámites. Un caso emblemático fue la puesta en marcha del sistema de autenticación biométrico de voz, el cual permitió a los adultos mayores acceder a beneficios fiscales, como el descuento significativo en el pago del predial mediante una simple llamada telefónica.

Con estas medidas, la Ciudad de México se convirtió en la entidad federativa con la mayor fortaleza financiera del país, siendo la que menos dependía de las trasferencias federales.

Emilio Barriga se incorporó en 2018 a la Auditoría Superior de la Federación, ocupando el cargo de auditor especial del gasto federalizado, es decir, era el responsable de auditar a las entidades federativas, municipios, instituciones de educación superior estatales y demás entes públicos subnacionales.

Barriga implementó en la ASF un programa de modernización digital en los procesos de auditoría gubernamental. Por ejemplo, en 2020 se reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para darle respaldo legal al mundo de las auditorías digitales, creando la figura del Buzón digital de la ASF y otras herramientas, como la firma electrónica, que permitieron realizar auditorías de manera remota con el uso de algoritmos con inteligencia artificial que analizan grandes repositorios de información (big data).

En el caso de las entidades federativas, Barriga implementó el modelo de la auditoría universal, es decir, a todas las entidades federativas se les auditan todos sus recursos federales, sin excepción. Con esto, se eliminó la discrecionalidad para decidir a quién sí se auditaba y qué se auditaba.

Antes de 2024 en ningún periodo se habían auditado todos las municipios de una entidad federativa al mismo tiempo. Para la revisión de la cuenta pública de ese año, Emilio Barriga dejó su cargo auditando la totalidad de los municipios de 19 estados.

Emilio Barriga tomó la decisión de renunciar a la ASF para, en una lógica de evitar conflicto de intereses, poder participar en el proceso de elección de la nueva persona titular del organismo. Es un buen candidato. Desde luego, surgirán otras candidaturas, buenas y malas: habrá oportunidad de analizarlas.

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