Abogados y familiares de presuntos integrantes de cárteles acusaron al gobierno mexicano de violar la ley al enviar a casi un centenar de ciudadanos a Estados Unidos sin órdenes formales de extradición, con lo que —sostienen— se vulneró el debido proceso. El señalamiento se produjo el lunes 26 de enero, a menos de una semana de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum transfirió a 37 detenidos a territorio estadounidense, una medida que observadores interpretaron como respuesta a las crecientes amenazas del presidente Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles.

De acuerdo con los litigantes, desde febrero pasado México ha entregado en tres traslados separados a 92 miembros de organizaciones criminales, a petición del gobierno estadounidense. La estrategia forma parte del plan de seguridad de Sheinbaum y de su esfuerzo por mantener una relación fluida con Washington. Mientras la autoridad mexicana ha defendido que las transferencias se realizaron con sustento legal y bajo el paraguas de la seguridad nacional, la administración Trump ha señalado que los enviados eran reclamados por delitos en Estados Unidos y que muchos contaban con solicitudes de extradición en trámite.
En conferencia de prensa, los defensores alegaron que la remisión de sus clientes ocurrió sin seguir el procedimiento de extradición previsto en la legislación mexicana. “México se encuentra actualmente bajo una intensa presión por parte de Estados Unidos”, dijo Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos de los trasladados. “Esto nos obliga a cuestionar seriamente si estas decisiones se están utilizando para obtener resultados políticos, incluso si se hace a costa del debido proceso o del Estado de derecho”. Los argumentos recuerdan los esgrimidos por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Sánchez Lagunas representa a Itiel Palacios García, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, enviado en febrero, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, señalado como dirigente del Cártel Arellano Félix en el norte del país, trasladado en agosto. Por su parte, Vanesa Guzmán —pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, un mando regional de Los Zetas enviado la semana pasada y acusado de tráfico de armas y drogas— presentó una denuncia penal contra altos funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien atribuye un papel central en la ofensiva gubernamental contra los cárteles. Guzmán acusó a los responsables de “traición” y denunció la falta de recursos dentro de México para impugnar las transferencias una vez que los detenidos han salido del país. “El traslado de mi pareja es nada menos que un exilio”, afirmó. «Hasta hoy, no hemos tenido noticias suyas. Ni siquiera ha hecho la llamada que le corresponde legalmente».

Desde el ámbito de la seguridad, hubo voces que restaron peso a las quejas. Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, demostró positivo “acelerar” un proceso que, a su juicio, suele entrampase durante años por litigios y amparos. Recordó que la Constitución faculta al Ejecutivo a tomar decisiones para proteger la seguridad nacional y sostuvo que, aún encarcelados, algunos capos utilizan las prisiones mexicanas como centros de mando. “Sheinbaum lo hizo para fortalecer la cooperación con el gobierno estadounidense, pero al mismo tiempo entiende que estas personas, si permanecen en prisión, suelen tener acceso a sus organizaciones criminales a través de sus teléfonos”, dijo. “Estas vías rápidas son extremadamente valiosas para garantizar que se enfrenten a la justicia”.

Como parte de la estrategia integral de seguridad implementada en Puebla, autoridades federales, estatales y municipales mantienen trabajos permanentes de coordinación, inteligencia e investigación para inhibir y combatir delitos de alto impacto.

Resultado del monitoreo estratégico realizado desde el Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) y tras un operativo interinstitucional realizado en Amozoc, se logró la detención de José N., presunto líder de un grupo dedicado al robo a transporte de carga, despojo, amenazas y lesiones.
Además, se recuperó una camioneta con reporte de robo en Tlaxcala, por lo que las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales realizan diversas labores táctico-operativas para ubicar y detener a otros posibles cómplices.

Durante la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la oposición lanzó fuertes críticas contra su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, al acusar al organismo de mantenerse distante frente a problemáticas graves como desapariciones forzadas, homicidios y agresiones sexuales.

Ante estos señalamientos, Piedra Ibarra rechazó que la CNDH haya dado la espalda a la sociedad y aseguró que el organismo mantiene atención permanente a las víctimas. Subrayó que no existe un solo caso desatendido y recordó que la función central de la Comisión es emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes.
Durante su intervención, la titular de la CNDH también se refirió a lo que calificó como discursos reiterados que, a su juicio, ignoran no solo el contenido del informe presentado, sino la voz de la ciudadanía. Señaló que estas narrativas no escuchan al pueblo, lo que consideró una omisión aún más grave.

Al concluir la sesión, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso expresó su postura a favor de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que mantenga una actitud crítica frente al poder y que actúe como un contrapeso institucional en la defensa de las garantías fundamentales.