El presidente Trump regresó visiblemente irritado de su periplo de la semana pasada por el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

No fue solo el ambiente adverso ni las críticas de algunos interlocutores europeos y de Canadá. Fue, sobre todo, la constatación de que su margen político interno es hoy mucho más estrecho de lo que le gustaría admitir.
Cuando se observa con detalle lo que muestran las encuestas recientes, se entiende mejor su actitud, que no tiene que ver únicamente con lo ocurrido en esa reunión.

En su estado de ánimo confluyen varios factores vinculados con el entorno doméstico.

La aprobación de la gestión presidencial ronda apenas el 42.8 por ciento, de acuerdo con el promedio de RealClearPolitics. Algunas mediciones influyentes, como la difundida por The New York Times la semana pasada, la sitúan incluso en 40 por ciento, con una desaprobación que alcanza 56 por ciento.

Este deterioro se refleja también en las preferencias políticas. En el llamado voto genérico para el Congreso, el promedio de las encuestas muestra que los demócratas mantienen una ventaja de alrededor de 4.5 puntos porcentuales. No es una brecha definitiva, pero sí un indicador claro de un clima político cada vez más adverso para la Casa Blanca, que le puede quitar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Más revelador aún es el trasfondo de ese malestar. La encuesta del NYT incluye preguntas sobre lo que se denomina affordability, es decir, la capacidad real de acceso a bienes y servicios básicos.

El 58 por ciento de los estadounidenses considera que no tiene acceso adecuado a educación; el 54 por ciento a vivienda; el 48 por ciento percibe dificultades para formar una familia, y el 47 por ciento afirma no contar con acceso suficiente a servicios de salud.

Con esos datos, el nivel de rechazo a Trump resulta explicable. Al estadounidense promedio le importa poco lo que ocurra con Maduro y Venezuela o las tensiones diplomáticas en Groenlandia. Lo que pesa más es cuánto rinde el ingreso. Y ahí existe una brecha creciente entre los indicadores macroeconómicos y la percepción social. La economía puede crecer y el empleo mantenerse, pero si el costo de la vida aprieta, el respaldo político se erosiona.

Este contexto ayuda a explicar por qué Trump recurre una y otra vez al expediente comercial como herramienta política. Investigaciones del Peterson Institute for International Economics y de académicos diversos han documentado que los aranceles de su primer mandato elevaron costos internos y presionaron precios, afectando sobre todo a los hogares de ingresos medios y bajos. Aun así, el proteccionismo sigue siendo un discurso eficaz para canalizar frustraciones internas y construir un relato de confrontación externa.

Es en este punto donde la impopularidad presidencial se cruza directamente con la próxima negociación del T-MEC. Analistas de instituciones financieras y centros de estudio coinciden en que, cuando un presidente estadounidense enfrenta debilidad política, tiende a endurecer su postura externa.

No necesariamente porque la evidencia económica lo respalde, sino porque necesita enviar señales visibles de firmeza a su base electoral. México, por cercanía, integración productiva y asimetrías políticas, se convierte en un objetivo natural.

El contraste es evidente. El T-MEC ha sido funcional para Estados Unidos: ha fortalecido la inversión manufacturera, ha estabilizado cadenas productivas y ha reducido la dependencia de Asia en sectores estratégicos. Sin embargo, esos beneficios son difíciles de traducir en réditos políticos inmediatos cuando la narrativa dominante gira en torno al encarecimiento de la vida cotidiana.

A ello se suma un factor adicional señalado por la Brookings Institution y el Council on Foreign Relations: la pérdida de capital político reduce los márgenes para construir consensos en el Congreso y empuja a la Casa Blanca a buscar “victorias” en el frente externo.

En ese escenario, la presión sobre México no necesariamente responderá a fallas reales del T-MEC, sino a la necesidad de Trump de exhibir control y dureza ante un electorado inconforme.

Para México, el reto es más complejo de lo que suele asumirse. No solo se trata de preparar expedientes técnicos impecables, sino de anticipar una negociación en la que los tiempos, los gestos y la narrativa pesarán tanto como los contenidos.

Cuando la affordability define el humor social y la popularidad presidencial está bajo presión, la racionalidad económica pierde centralidad. Y cuando eso ocurre, los acuerdos comerciales dejan de evaluarse por sus resultados y empiezan a juzgarse por su utilidad política.

En ese contexto, el T-MEC ya no es solo un tratado: es un instrumento de presión.

No es una buena noticia, pero es la realidad con la que México tendrá que lidiar.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta, anunció el nombramiento de Daniela Stephanie Pérez Calderón como nueva titular de la Secretaría de Finanzas, destacando que durante su paso como oficial mayor en la SEP fue quien documentó y exhibió la entrega irregular de plazas en la gestión de Jorge Estefan Chidiac.

En su mensaje, el mandatario subrayó que la nueva secretaria cuenta con experiencia en auditoría y control financiero, y recordó que las irregularidades detectadas en la SEP derivaron en procesos de fiscalización, entre ellos los relacionados con la gestión del exsecretario Estefan Chidiac.

“Dani es una mujer honesta que no va a permitir ninguna irregularidad que pueda presentarse, y ante cualquier acto de corrupción lo va a señalar, tal como lo hizo cuando descubrió las anomalías en la Secretaría de Educación Pública. Eso nos permitió exponer y denunciar a través de auditorías. Somos un gobierno que se autocalifica y no deja pasar situaciones irregulares”, afirmó Armenta.

El gobernador instruyó a Pérez Calderón a mantener una vigilancia estricta sobre el uso de los recursos públicos en la administración estatal, como parte del compromiso de su gobierno con la política de cero impunidad y cero corrupción.

Durante la presentación, Armenta destacó la trayectoria académica y profesional de la nueva secretaria de Finanzas. Pérez Calderón es licenciada en Ciencia Política, cuenta con una maestría en Gobierno y Educación, así como otra en Gestión de Proyectos, además de experiencia en materia financiera y económica.

Asimismo, se desempeñó durante cinco años como secretaria técnica de la Comisión de Hacienda, periodo en el que Alejandro Armenta presidió dicho órgano legislativo, y también fungió como secretaria técnica del Senado de la República.

El mandatario reiteró que, más allá de su formación académica, Daniela Stephanie Pérez Calderón se distingue por su firmeza y honestidad frente a actos de corrupción, cualidades que consideró esenciales para encabezar la Secretaría de Finanzas.

A pesar de que el plazo oficial para cubrir una deuda fiscal millonaria ya venció, el empresario Ricardo Salinas Pliego no ha realizado el pago correspondiente, mientras Grupo Salinas mantiene conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con versiones periodísticas.

El adeudo, que asciende a 51 mil millones de pesos, debía liquidarse antes del 23 de enero, fecha establecida por el Gobierno federal. Sin embargo, el compromiso no se cumplió y, hasta ahora, no existe una nueva fecha definida para regularizar la situación fiscal.
Reportes señalan que las mesas de negociación continúan activas, lo que habría postergado cualquier resolución inmediata. No obstante, no se han dado a conocer avances concretos, ni se ha informado si el adeudo podría ser sujeto a algún esquema de reducción, como el descuento de hasta 39 por ciento que anteriormente plantearon autoridades fiscales, siempre y cuando el pago se realizara dentro del marco legal.

Hasta el momento, ni Grupo Salinas ni el propio Salinas Pliego han fijado una postura pública sobre estas presuntas negociaciones, por lo que se desconoce si el diálogo con el SAT se extenderá en los próximos días.