En plena reconfiguración del comercio global —con una Unión Europea que busca diversificar socios en medio de nuevas presiones geopolíticas ya las puertas de un 2026 clave para el Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur—, México enfrenta el riesgo de quedar rezagado en su relación económica con el Viejo Continente . El desafío no sería perder terreno ya ganado, sino quedar fuera de la nueva arquitectura comercial que se perfila entre Sudamérica y Europa .
Cifras del Banco de México (enero–noviembre de 2025) sitúan el intercambio México–UE alrededor de 80.2 mil millones de dólares . En cambio, los datos de LLYC estiman que el comercio entre Mercosur y la Unión Europea supera los 110 mil millones de euros anuales; convertido con un tipo de cambio de 1.18 dólares por euro , el flujo asciende a 129.8 mil millones de dólares , muy por encima del volumen que hoy registra México con Europa.
Para concretar la implementación del acuerdo UE–Mercosur , el análisis de LLYC prevé la eliminación o reducción de más del 90% de los aranceles bilaterales . Para las empresas europeas , esto podría traducirse en ahorros superiores a 4 mil millones de euros al año en derechos de importación, además de acceso más estable a materias primas críticas para la transición energética. Para Mercosur , el beneficio radicaría en mayor acceso preferencial al mercado europeo y en la atracción de inversiones vinculadas a tecnología, energía e infraestructura.
El avance del acuerdo, sin embargo, enfrenta resistencias políticas . El Parlamento Europeo decidió recientemente frenar su proceso, ante la oposición de Francia , que advierte impactos directos sobre su sector agrícola por la ampliación del acceso de productos sudamericanos y la presión consecuente sobre productores locales. En sentido contrario, Alemania insiste en mantener el pacto como pieza estratégica en la reconfiguración del bloque, orientada a reducir la dependencia respecto de Estados Unidos.
En este escenario, la disyuntiva para México no pasa solo por defender el marco vigente con la UE, sino por cómo integrarse a tiempo a la nueva arquitectura de reglas, preferencias y cadenas de valor que una eventual entrada en vigor de la UE–Mercosur podría consolidarse en el Atlántico Sur–Europa.
