Para los trabajadores mexicanos que se encuentran cotizando bajo el régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resulta fundamental mantenerse informados acerca de las condiciones económicas y las tablas actualizadas que determinan el cálculo de su pensión mínima garantizada durante el presente año. Este esquema sigue siendo uno de los más codiciados debido a las condiciones benéficas que ofrece para el retiro laboral.

Los especialistas en materia de seguridad social recuerdan que el monto de la pensión bajo este régimen histórico depende primordialmente de tres factores determinantes: el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas —equivalentes a los últimos cinco años de trabajo activo—, la cantidad total de semanas acumuladas a lo largo de la vida laboral y la edad exacta de retiro al momento de solicitar el trámite.

Asimismo, es importante señalar que la pensión mínima garantizada se actualiza de manera anual conforme al incremento inflacionario y los ajustes dictaminados a la unidad de medida correspondiente. Esto tiene como propósito salvaguardar el poder adquisitivo de los pensionados frente a las variaciones en el costo de la vida y los productos de la canasta básica.

Para maximizar el beneficio económico al amparo de la Ley 73, los expertos aconsejan evaluar la conveniencia de utilizar la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio —conocida popularmente como Modalidad 40— en caso de haberse quedado sin empleo formal en la recta final de la vida laboral, lo que permite incrementar notablemente el salario promedio de cotización.

Finalmente, las autoridades del IMSS recomiendan a los futuros pensionados acudir con la debida anticipación a las subdelegaciones correspondientes para revisar su historial de semanas cotizadas y evitar contratiempos burocráticos. Una planeación financiera adecuada garantiza un retiro digno y estable tras décadas de esfuerzo laboral continuo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) otorgó la aprobación acelerada a Rasonque, un innovador tratamiento oral desarrollado por Revolution Medicines para el cáncer de páncreas metastásico. La decisión regulatoria se fundamenta en los resultados de un ensayo clínico de gran escala que demostró duplicar la tasa de supervivencia en pacientes con la enfermedad en estado avanzado, ofreciendo un avance histórico ante uno de los tumores más agresivos y letales.

Esta píldora de administración diaria está indicada para adultos que han recibido terapias previas o que presentan contraindicaciones para la quimioterapia combinada. Su mecanismo de acción destaca por inhibir de forma dirigida múltiples variantes de la proteína RAS, una mutación genética presente en la gran mayoría de las neoplasias pancreáticas que impulsa el crecimiento descontrolado de las células tumorales.

Revolution Medicines anunció que la terapia ya se encuentra disponible en el mercado estadounidense a un precio de US$ 39.800 por un tratamiento mensual de 30 días, aunque los pacientes con seguro privado calificados podrían pagar un copago final de US$ 0 mediante programas de asistencia financiera.

Tras la presentación de los datos clínicos en abril, la demanda de pacientes llevó a la FDA a otorgar previamente acceso anticipado bajo el programa de uso compasivo. Pacientes beneficiados han reportado una notable reducción de efectos adversos como náuseas y fatiga en comparación con la quimioterapia tradicional. El Dr. Brian Wolpin, del Instituto Oncológico Dana-Farber, calificó la aprobación como un hito esperanzador para las familias afectadas.

El fármaco se benefició del nuevo proceso de revisión acelerada de la FDA, diseñado para reducir los tiempos de evaluación a solo dos meses en terapias prioritarias. Tras el anuncio, la acción de Revolution se mantuvo estable en US$ 211,70, acumulando un alza del 166 % en el año. Analistas de RBC Capital Markets estiman que la empresa alcanzará ventas por US$ 148 millones en el último trimestre de 2026 y proyectan un potencial de ingresos anuales de US$ 11.500 millones a largo plazo.

Las auditorías financieras practicadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) arrojaron resultados alarmantes sobre el manejo de los recursos públicos en el pasado.

Informes oficiales revelaron la existencia de un gasto cuestionado que asciende a los 425 millones de pesos, detectado principalmente en contratos de servicios subrogados, adquisiciones irregulares de medicamentos y obras inconclusas.

Los auditores estatales detallaron que las anomalías comprenden pagos duplicados, sobrecostos injustificados y la falta de comprobantes fiscales que justifiquen el destino final de millonarias partidas presupuestales.

Ante estos hallazgos de presunta corrupción administrativa, las instancias de fiscalización turnaron los expedientes técnicos al área de responsabilidades para iniciar los procedimientos legales en contra de exfuncionarios involucrados.

El saneamiento financiero del instituto se ha convertido en una prioridad para la actual administración gubernamental, la cual busca recuperar los recursos sustraídos y destinarlos a la mejora de la atención médica de los derechohabientes.

Las investigaciones continuarán su curso legal en las próximas semanas, garantizando que se finquen las sanciones administrativas y penales correspondientes a quienes resulten responsables del quebranto financiero institucional.