La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso para dos personas por su probable participación en delitos contra la Biodiversidad, en la modalidad de posesión de pulpo maya, especie marina en peligro de extinción y en veda.

En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Control Regional, presentó datos de prueba contundentes para sostener su imputación contra Román «N» y Jorge «N»; el juez de Control, a su vez, fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Las indagatorias iniciaron el 9 de mayo pasado, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el puesto de control Celestún-Mérida, a la altura del kilómetro 67 000 del entronque Chunchucmil, inspeccionaron un vehículo tipo pick up y en la parte trasera localizaron 28 bolsas de nylon negro, cuyo contenido era pulpo.

Al no contar con los documentos para acreditar la legal procedencia del producto marino, los elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a Román «N» y Jorge «N», así como el vehículo y la especie de pulpo en veda.

El dictamen en materia ambiental de la Fiscalía Federal determinó que se trata de 461 kilogramos 20 gramos de pulpo maya (Octopus Maya), los cuales fueron asegurados y a disposición de las autoridades.

La desaparición de la oficina auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Puebla vuelve a poner en el centro del debate la reestructuración de la justicia laboral federal, pues miles de trabajadores y litigantes tendrán que trasladar sus asuntos a Tlaxcala para continuar con sus procesos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó el cierre definitivo de la oficina auxiliar de la JFCA en Puebla, que apenas llevaba nueve meses en operación, decisión que fue oficializada mediante un acuerdo publicado el pasado 22 de junio en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta medida, todos los expedientes que permanecen en trámite serán enviados a la Junta Especial Número 46, con sede en Tlaxcala, donde deberán continuar su curso hasta la emisión de una resolución definitiva.

La oficina poblana había sido instalada en septiembre de 2024 como una solución temporal, luego de las protestas encabezadas por abogados laboralistas tras la desaparición de la Junta Especial Número 33, situación que provocó la redistribución de cerca de 10 mil expedientes a distintas entidades del país.

Aunque la STPS argumenta que el cierre forma parte del nuevo modelo federal de justicia laboral y busca optimizar el funcionamiento de las juntas especiales, la decisión podría representar nuevos retos para trabajadores y litigantes, quienes ahora deberán desplazarse a Tlaxcala para dar seguimiento a sus casos, incrementando costos y tiempos en procesos que, en muchos casos, ya arrastran años de retraso.

La Junta Especial Número 46 en Tlaxcala se perfila así como el nuevo punto de concentración de cientos de asuntos laborales provenientes de Puebla, en medio de cuestionamientos sobre si esta centralización realmente agilizará la impartición de justicia o terminará saturando aún más al sistema laboral federal.

Un hombre identificado como Gabriel N., de 43 años de edad, perdió la vida la tarde-noche de este lunes luego de verse involucrado en un aparatoso accidente entre dos motocicletas sobre la carretera Izúcar de Matamoros–Atencingo, a la altura de la gasolinera Cañaveral, antes de llegar al municipio de Chietla.

De acuerdo con los primeros reportes, Gabriel, originario de la colonia Antorcha Campesina, en Izúcar de Matamoros, circulaba con dirección a este municipio cuando ocurrió el percance.

Versiones preliminares señalan que una de las motocicletas presuntamente salía de la gasolinera, mientras que la unidad en la que viajaba el hoy occiso avanzaba sobre la vialidad, aparentemente sin luces y sin placas, lo que habría influido en la colisión.

Tras el fuerte impacto, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para auxiliar a los involucrados; sin embargo, al valorar a Gabriel confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones que sufrió.

La víctima fue descrita como un hombre de complexión delgada y estatura media-baja; vestía pantalón negro, zapatos tipo mocasín y llevaba consigo una maleta negra. Debido a que portaba casco al momento del accidente, inicialmente no fue posible reconocer su rostro.

En la segunda motocicleta viajaban dos personas. Una de ellas sufrió lesiones de consideración, entre ellas aparentes fracturas, por lo que fue trasladada al Hospital General de Izúcar para recibir atención médica. El otro involucrado presuntamente abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de seguridad y personal ministerial realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer la mecánica del accidente.