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Política

Taxis vs Uber: un conflicto sin resolución

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El pleito entre taxistas y plataformas como Uber en México no es, como muchos quieren hacerlo ver, un simple problema de movilidad urbana. Es, en realidad, la consecuencia directa de un Estado que optó por administrar el conflicto en lugar de enfrentarlo y resolverlo.

El escenario es conocido: protestas, bloqueos, enfrentamientos verbales —y a veces físicos—, llamados al diálogo y mesas de trabajo que terminan archivadas. En medio de todo, el usuario queda atrapado, pagando más caro y perdiendo tiempo, mientras la autoridad observa desde la barrera.

Los taxistas tienen argumentos legítimos. Durante años han operado bajo un esquema altamente regulado: concesiones costosas, placas, tarifas controladas, revistas vehiculares, inspecciones constantes. Para muchos de ellos, el taxi no es un ingreso ocasional, sino el patrimonio de toda una vida.

Del otro lado están los conductores de plataformas digitales. Personas que encontraron en las aplicaciones una alternativa inmediata frente a la falta de empleo formal. Autos propios, horarios flexibles y tarifas dinámicas. No son enemigos del sistema; son producto de una economía que empuja a millones a la informalidad.

El punto central es evidente: no están compitiendo con las mismas reglas. Cuando dos modelos distintos operan en el mismo espacio sin un marco claro, el choque es inevitable. Y ese choque se traduce en caos vial, tensión social y deterioro del servicio. Cada bloqueo y cada protesta es una muestra de un problema mal atendido desde el origen. Lo más delicado es que este conflicto persiste porque resulta políticamente conveniente.

Resolverlo implicaría tomar decisiones incómodas: aliviar cargas a los taxistas o imponer mayores obligaciones a las plataformas. Y en un país en permanente clima electoral, pocos están dispuestos a pagar ese costo político. Por eso México tiene 32 versiones del mismo problema. Cada estado legisla a su manera, con parches, excepciones y ocurrencias. No existe un marco nacional que reconozca que la movilidad cambió y que la tecnología no va a retroceder. El debate real no es taxis contra Uber. Es orden contra improvisación. Reglas claras contra conflicto permanente. Mientras el gobierno siga evitando una decisión de fondo, el pleito continuará. Y, como casi siempre, el ciudadano será quien pague la cuenta.

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Política

Defiende Sergio Salomón Autonomía Migratoria de México ante Amenazas Arancelarias

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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que el Gobierno de México mantiene firme su estrategia de atención y control sobre las caravanas migrantes, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre duplicar los aranceles a productos mexicanos.

Durante una entrevista realizada en Puebla tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Universidad del Deporte, el funcionario federal explicó que existe comunicación diaria con autoridades de Estados Unidos para coordinar acciones en la materia.

No obstante, Céspedes Peregrina enfatizó que las decisiones implementadas dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a la soberanía mexicana y se ejecutan bajo estricto apego al respeto de los derechos humanos.

En otro orden de ideas, el exgobernador poblano aseguró que el INM brinda seguimiento institucional a las denuncias de extorsión que pudieran sufrir los connacionales durante su retorno al país, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, defendió el esquema de inversión privada con el que se edificó la Central Camionera del Sur de Puebla, precisando que el terreno sigue siendo propiedad estatal y que las observaciones técnicas de la obra fueron solventadas en tiempo y forma.

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San Pedro Cholula Refuerza Estrategias de Seguridad en Juntas Auxiliares

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Con el propósito de consolidar la paz social y brindar atención oportuna a las demandas de cada comunidad, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una mesa de trabajo interinstitucional enfocada en el fortalecimiento de la seguridad pública.

En la sesión participaron titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), la Secretaría de Gobernación municipal, representantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y los presidentes de las diversas juntas auxiliares de la demarcación.

Durante el encuentro asistieron autoridades auxiliares de San Matías Cocoyotla, Santa María Acuexcomac, San Sebastián Tepalcatepec, Santa Bárbara Almoloya, San Cosme Texintla, San Gregorio Zacapechpan, San Agustín Calvario, San Juan Tlautla, San Cristóbal Tepontla y Santiago Momoxpan.

Las autoridades evaluaron el cumplimiento de los acuerdos establecidos previamente y escucharon de primera mano las inquietudes vecinales para diseñar esquemas de prevención y respuesta policial más eficientes en cada localidad.

La alcaldesa agradeció la disposición de los representantes comunitarios y anunció que estas mesas de coordinación se realizarán de forma periódica para mantener una comunicación permanente entre los distintos órdenes de gobierno y garantizar el bienestar de las familias cholultecas.

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Política

UIF Permite Acceso a Recursos de Pensiones a Rubén Rocha Moya

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que permitirá al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, disponer de los recursos correspondientes a sus pensiones, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acatara una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Esta determinación judicial habilita únicamente el acceso a los pagos derivados de su retiro laboral, mientras que el resto de las cuentas bancarias e instrumentos financieros del mandatario con licencia permanecerán sujetos a bloqueo preventivo.

Las restricciones financieras en su contra se originaron desde el pasado mes de mayo, cuando la UIF incorporó a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses en su Lista de Personas Bloqueadas tras señalamientos realizados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con los datos asentados en su Declaración Patrimonial y de Intereses presentada en 2026, el político percibe un ingreso anual de 1 millón 538 mil 375 pesos por concepto de tres pensiones distintas en instituciones como Banamex, Banorte y Scotiabank.

Dicho monto se integra por 731 mil 647 pesos anuales de su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 490 mil 626 pesos por cesantía en edad avanzada del IMSS y 316 mil 102 pesos correspondientes a una pensión por viudez otorgada por el ISSSTE.

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