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Asesinato de policías en Huixcolotla exhibe abandono de la seguridad municipal en Puebla, alertan expertos

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El asesinato de una comandante y dos elementos de la Policía Municipal de Huixcolotla el pasado domingo evidenció el colapso del Estado a nivel local, el abandono institucional de las fuerzas de seguridad municipales y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la crisis de violencia que atraviesan Puebla y México, coincidieron especialistas.

Tadeo Luna de la Mora, doctor en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y responsable del Laboratorio de Paz con Reconciliación de la Universidad Iberoamericana Puebla, calificó lo sucedido como el “colapso del Estado a nivel local”, esto luego de que toda la corporación renunció tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana.

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Edil de Huixcolotla niega amenazas y solicitud de protección tras homicidio de 3 policías
Consideró “muy lamentable la situación” en la región y urgió a la comunidad a “enfocarse en el tema del apoyo a las familias” de los agentes fallecidos
Según el investigador, el asesinato de los elementos y la renuncia posterior de los agentes evidenciaron que el Estado, representado en este caso por las autoridades municipales, ya no fue capaz de mantener el orden ni responder a la ciudadanía.

Por su parte, Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, coincidió en que el caso muestra los “síntomas de la crisis de violencia” que se vive en el país y Puebla desde hace 15 años.

El catedrático consideró que lo sucedido demostró que, frente a la presencia de grupos criminales en la entidad poblana, no existe una capacidad coordinada de respuesta por parte de los tres niveles de gobierno, especialmente desde el ámbito municipal.

Al respecto, Nancy Angélica Canjura Luna, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadora titular sobre temas de Seguridad Pública y Policías en la organización Causa en Común, aseguró que la impunidad y el escaso reclutamiento de agentes municipales han sido claves para ceder terreno a los grupos criminales que se disputan el territorio, tal como sucedió en Huixcolotla.

Según dijo, la demarcación tenía una cantidad insuficiente de policías municipales, lo que es especialmente grave en un municipio relacionado con delitos como el robo a transporte y combustible, por mencionar algunos. Por lo tanto, consideró que este caso evidenció la exigua atención que le dieron a este lugar las autoridades federales.

Es un efecto colateral de la militarización de la seguridad en México
En entrevista, Luna de la Mora explicó que el asesinato de policías no es nuevo, pues ello ha sido recurrente “desde que inició la supuesta guerra contra el narcotráfico a finales de 2006”. Desde entonces, puntualizó, en el país mueren más de 300 agentes del orden al año.

Lo que resulta relevante en la actualidad es que, en su mayoría, se asesina a policías municipales y no a elementos de otras corporaciones federales, como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

“Son estas corporaciones las que terminan poniendo el cuerpo”, subrayó.

Para el académico, lo ocurrido en Huixcolotla es consecuencia de la estrategia de militarización de la seguridad pública a nivel nacional, pues ello ha dejado en abandono a las instituciones municipales de seguridad pública.

Según precisó, en Puebla y México las corporaciones de seguridad a nivel local son mal pagadas, débiles, no tienen suficiente capacitación ni equipo, ni tampoco cuentan con armas de alto poder ni inteligencia. Esto debido a que los esfuerzos y recursos se han focalizado en el ámbito federal y, en algunos casos, en las policías estatales.

El problema, enfatizó, es que el fortalecimiento de las corporaciones federales ha sido también insuficiente. Por lo tanto, consideró imperativo dar mayor fuerza y atención a las instituciones municipales.

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Apenas a inicio de año los agentes de Huixcolotla recibieron uniformes nuevos. / Foto: Facebook del Ayuntamiento de Huixcolotla
En Puebla hay disputa territorial entre grupos criminales
Luna de la Mora afirmó que lo ocurrido en Huixcolotla tiene que ver con el control de los territorios por parte de grupos criminales.

El académico expuso que, en años pasados, “se intentó disfrazar u ocultar que no había grupos de delincuencia organizada en Puebla”, pero ahora se observa que se están disputando el control de diversas plazas.

El experto recordó que en este municipio existe el huachicol y ahora también el robo a transporte. Por lo tanto, consideró que los grupos delincuenciales se están disputando el control de estas actividades en la región. El problema, dijo, es que “la ciudadanía y los policías quedan en medio”.

Para el investigador, el asesinato de los tres elementos municipales de Huixcolotla tiene como objetivo enviar un mensaje: “Si no se colabora con su grupo, habrá asesinatos; si se colabora con el rival, también, o simplemente es intimidación en un intento de establecer el control”.

Autoridades se niegan a reconocer la problemática
Al respecto, Hernández León cuestionó que las autoridades locales y federales no se han coordinado de forma adecuada, y también criticó que las mismas se nieguen a reconocer la problemática y los “focos rojos” que existen a nivel municipal.

El también investigador de la Ibero Puebla recordó que los tres niveles de gobierno han negado que en Puebla exista una crisis de control territorial por parte de grupos criminales. El problema —subrayó— es que, al no reconocer las circunstancias, el problema no se atiende con la magnitud que merece.

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Patrullajes en Huixcolotla. / Foto: Facebook del Ayuntamiento de Huixcolotla
Según el académico, lo ocurrido en Huixcolotla demuestra que los grupos criminales en Puebla tienen una capacidad de organización y ataque que representa un desafío a las instituciones del Estado. Por lo tanto, consideró preocupante que las policías municipales estén “abandonadas”.

Lo anterior demostró que hay grupos que deliberadamente, para demostrar su presencia y control en cierto territorio, realizan ataques directos contra alcaldes, agentes de la policía, entre otras autoridades.

Por su parte, Canjura Luna, de Causa en Común, afirmó que el asesinato de tres elementos municipales de Huixcolotla es una crisis y un reto para los tres órdenes de gobierno.

La experta subrayó que lo ocurrido demostró la fragilidad de las instituciones de seguridad pública municipales en Puebla y México. Además, destacó que los policías son gente que tiene necesidades, trabaja por sueldo y, además, arriesga la vida. Todo esto muchas veces sin las condiciones adecuadas.

En ese sentido, Canjura Luna también destacó que la plantilla de la corporación municipal —que ascendía a 20 elementos, según datos oficiales— es escasa frente a las condiciones de inseguridad que atañen a la demarcación, considerada parte del denominado Triángulo Rojo, por los hechos delictivos asociados al robo de combustible y transporte de carga.


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Finalmente, cabe recordar que, tras el triple asesinato ocurrido el pasado domingo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal tomó el control de la seguridad en Huixcolotla, esto luego de que todos los elementos de la corporación presentaron su renuncia tras lo sucedido, según informó el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González.

Apenas este martes, el funcionario estatal declaró que hasta el momento no existe ningún agente municipal detenido o puesto a disposición. Asimismo, puntualizó que son 15 los elementos estatales que se encargan de la seguridad en ese municipio.

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Sellan más de 100 accesos ilegales en autopistas de Puebla

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Puebla es el segundo estado a nivel nacional con más cierres de accesos ilegales, solo detrás de Tabasco.

Las obras incluyen la colocación de muros, defensas metálicas y zanjas en tramos administrados por Capufe.

La SICT despliega un plan nacional de seguridad vehicular con inversión de 360 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — De enero a julio de 2026, las autoridades federales clausuraron 108 accesos irregulares en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) dentro del estado de Puebla, además de concretar la instalación de dos arcos carreteros inteligentes en la autopista México-Puebla, confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva, detalló que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vehicular acordado con el Gabinete de Seguridad, el cual se desarrolla en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatales.

Lucha contra las entradas ilegales en carreteras

Los accesos irregulares —puntos donde vehículos ingresan o salen de la vía federal sin autorización ni control de seguridad— representaron 806 clausuras en todo el país durante los primeros siete meses del año.

Puebla se posicionó como la segunda entidad con mayor incidencia, siendo únicamente superada por Tabasco (233) y colocándose muy por encima de estados como Sonora (84) y Querétaro (78).

Para inhabilitar estas incorporaciones no autorizadas, las brigadas delimitan el derecho de vía mediante la colocación de muros de concreto prefabricados, instalación de barreras y defensas metálicas, construcción de muros de mampostería y apertura de zanjas de inhabilitación.

Arcos inteligentes y tecnología de rastreo

Como parte de la misma estrategia, la SICT avanza en la colocación de 20 arcos carreteros inteligentes a nivel nacional, con una inversión total de 360 millones de pesos.

De los cuatro dispositivos que ya operan en el país, dos se ubican en territorio poblano, específicamente sobre la autopista México-Puebla.

Estos arcos están enlazados a los centros de comando y control (C4) y operan mediante tecnología de última generación para: Lectura de placas: Identificación en tiempo real de matrículas e interconexión con bases de datos de seguridad. Telemetría y velocidad: Detección automática de excesos de velocidad y clasificación vehicular.

Control de carga: Monitoreo de exceso de dimensiones en unidades pesadas.

Autonomía: Antenas de telepeaje e infraestructura impulsada por sistemas fotovoltaicos.

La dependencia prevé concluir en diciembre la instalación del resto de los dispositivos proyectados para tramos estratégicos como Puebla-Córdoba, Querétaro-Irapuato y Aguascalientes-Zacatecas.

Red de Paraderos Seguros para el transporte de carga

Para complementar el blindaje de las vías de comunicación, el proyecto incluye la edificación de 15 Paraderos Seguros para el autotransporte federal, distribuidos en puntos críticos del país como los libramientos de Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Obregón y la autopista México-Querétaro.Estos espacios cerrados contarán con control de acceso, vigilancia perimetral, zonas de descanso y esparcimiento, áreas médicas y áreas de alimentación para los operadores de carga.

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Derechos de las audiencias fortalecen información veraz y libertad de expresión

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El Gobierno del Estado aclara alcances de la nueva regulación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra llamó a participar en la consulta pública para construir los lineamientos de la ley hasta el 21 de agosto.

PUEBLA, Pue.- Los derechos de las audiencias garantizan a las y los usuarios de radio y televisión el acceso a contenidos de calidad, información veraz, oportuna y objetiva, sin limitar la libertad de expresión, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la segunda emisión de Derecho de Réplica, espacio semanal que se transmite por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM).

Afirmó que los derechos de las audiencias comprenden las garantías que tienen las personas frente a los concesionarios de medios de comunicación, mientras que el derecho de réplica permite a toda persona física o moral aclarar o corregir información falsa, inexacta o que le cause algún perjuicio.

Ambos conceptos tienen sustento en el artículo sexto constitucional y cuentan con antecedentes en la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

García Parra señaló que, en 2017, una propuesta de contrarreforma buscó eliminar derechos y mecanismos de cumplimiento, incluso con intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabezaba la entonces ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En contraste, expuso que la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recupera y fortalece los derechos de las audiencias y establece un plazo de un año para la emisión de los lineamientos por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Ante la narrativa de una supuesta “Ley Censura”, el coordinador de Gabinete puntualizó que no existe una disposición para cerrar estaciones por emitir opiniones contrarias al Gobierno.

Las sanciones previstas se relacionan con tres supuestos: incumplir el código de ética, no informar quién es el defensor de las audiencias y no atender las quejas de las personas usuarias.

Precisó que los lineamientos no aplican a redes sociales ni a la prensa escrita, sino a radio y televisión. Tampoco prohíben las opiniones de conductoras, conductores o comentaristas; únicamente establecen la necesidad de distinguir entre información confirmada y opiniones, con el propósito de evitar que datos falsos se presenten como hechos.

Entre los derechos que contempla el nuevo marco se encuentran recibir información veraz, oportuna y objetiva; acceder a contenidos que respeten los derechos humanos; conocer el código de ética de cada estación de radio y televisión; y contar con una persona defensora de las audiencias ante quien puedan presentarse quejas.

García Parra señaló que estas medidas tienen referentes internacionales: en la Unión Europea existen reglas para distinguir la publicidad del contenido editorial; Argentina cuenta con una Defensoría del Público; Brasil reconoce el derecho de respuesta, y Canadá establece una separación clara entre opinión editorial e información noticiosa.

“Informar con veracidad no es prohibir opiniones: es evitar que un video o dato falso se difunda como si fuera confirmado”, explicó García Parra, al señalar que en la última semana la narrativa que acusa al Gobierno de la Cuarta Transformación de promover una supuesta “Ley Censura” registró mil 107 menciones, 610 autores distintos y un alcance de 954 mil reacciones.

El coordinador de Gabinete recordó que en 2012, durante un gobierno estatal emanado del PAN, se promovió en Puebla un decreto conocido como “Ley Mordaza”, que facultaba a la Dirección de Comunicación Social para presentar recursos legales contra periodistas a nombre del Ejecutivo.

En ese periodo, dijo, se presentaron dos denuncias contra reporteros, además de que terceros implicados podían promover denuncias, hechos que calificó como un antecedente de censura y presión contra el periodismo y los medios de comunicación.

García Parra destacó que la construcción de los lineamientos permanece abierta a la participación ciudadana mediante una consulta pública hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas, por lo que invitó a periodistas, medios de comunicación, especialistas y sociedad en general a conocer la propuesta y aportar sus opiniones a través del portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Finalmente, subrayó que como parte de esta nueva etapa, el SICOM ha transformado su operación como organismo público descentralizado, no sólo para ampliar su cobertura, sino para fortalecer la atención directa a la población mediante sus oficinas en las microrregiones.

Actualmente, se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. La siguiente fase contempla definir a su defensor de las audiencias, elaborar una propuesta a través de la plataforma del Gobierno Federal para contribuir a la construcción de los lineamientos y promover, desde sus estaciones y sedes regionales, la consulta pública, a fin de que las audiencias conozcan el proceso y participen con sus aportaciones.

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Investigaciones sobre el Museo Barroco y Acciones Sociales del Ayuntamiento

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En el ámbito de la rendición de cuentas y la gestión gubernamental, las instancias de fiscalización del estado han puesto bajo la lupa diversas obras emblemáticas heredadas de administraciones pasadas. Organismos encargados del combate a la corrupción informaron sobre el inicio de indagatorias exhaustivas enfocadas en detectar presuntos sobrecostos, irregularidades financieras y anomalías contractuales relacionadas con la construcción y operación del Museo Internacional del Barroco, así como en otros proyectos de infraestructura mayor ejecutados en el estado de Puebla. Estas acciones legales y auditorías pretenden esclarecer el uso del erario y determinar responsabilidades administrativas si fuera el caso.

En contraste con las controversias financieras del pasado, la administración municipal encabezada por el alcalde Pepe Chedraui ha mantenido una agenda enfocada en el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a los sectores más vulnerables de la capital poblana. Recientemente, el Ayuntamiento llevó a cabo la entrega formal de los donativos económicos recaudados durante la segunda edición de la carrera deportiva denominada «Mujeres Imparables».

Los recursos obtenidos gracias a la participación ciudadana fueron canalizados directamente hacia asociaciones y programas de asistencia social, consolidando la colaboración entre el gobierno local y la sociedad civil en beneficio de la comunidad.

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