Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció que hasta el momento el nombre del expresidente Felipe Calderón no aparece registrado de manera directa como receptor de recursos o implicado en la trama de lavado de dinero dentro de los expedientes judiciales que investigan a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No obstante, la mandataria acotó que la ausencia de registros financieros en esta indagatoria específica no exime la posibilidad de que el exmandatario tuviera conocimiento político de las actividades ilícitas cometidas durante su administración.

Las declaraciones se producen en el contexto de los procesos internacionales de recuperación de activos desviados por la red de corrupción del exfuncionario federal, de los cuales el Estado mexicano ha logrado repatriar montos significativos destinados a programas sociales. El gobierno federal subrayó que las investigaciones ministeriales sobre corrupción y nexos con la delincuencia organizada se han conducido con estricto apego a las pruebas documentales recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias internacionales.

Por su parte, diversos actores políticos han reaccionado a las precisiones de la titular del Ejecutivo, reavivando el debate nacional sobre los niveles de responsabilidad política que recaen en las altas esferas de gobiernos anteriores durante el desarrollo de la llamada «guerra contra el narcotráfico». Mientras las bancadas opositoras defienden la legalidad de aquellas gestiones, el oficialismo insiste en la necesidad de mantener el escrutinio sobre el uso de recursos públicos y el ejercicio del poder en el pasado.

La revisión de estos expedientes históricos forma parte de la narrativa oficial para enfatizar el combate a la impunidad y la corrupción institucional en México. Las autoridades judiciales continúan analizando los remanentes de las redes financieras asociadas al caso para asegurar que cualquier daño patrimonial al erario sea resarcido conforme a los marcos legales vigentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la presencia y evolución simultánea de las tormentas tropicales Karina y Lowell en aguas del Océano Pacífico. Ambos fenómenos climáticos están siendo monitoreados de cerca por las autoridades federales para determinar su posible impacto en las costas del territorio nacional.

De acuerdo con los reportes técnicos emitidos por la dependencia, las formaciones ciclónicas se desplazan mar adentro, generando nubosidad importante y desprendimientos nubosos que podrían ocasionar lluvias de moderadas a fuertes en los estados del occidente y sur del país. El organismo exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales.

Las capitanías de puerto de las entidades costeras fueron alertadas sobre el incremento en el oleaje y las rachas de viento provocadas por la cercación relativa de estos sistemas. Se recomendó extremar precauciones a la navegación menor y a las embarcaciones turísticas que operan en la franja costera del Pacífico.

Pese a que hasta el momento ninguna de las dos tormentas representa un peligro inminente de impacto directo en tierra firme, el SMN advirtió que la interacción de estos sistemas con canales de baja presión podría propiciar precipitaciones pluviales intensas en diversas regiones del país, con riesgo de encharcamientos e incremento en niveles de ríos.

Las autoridades de protección civil federales y estatales se mantienen en situación de vigilancia permanente para activar los protocolos preventivos en caso de que alguno de los fenómenos modifique drásticamente su trayectoria o adquiera mayor fuerza en los próximos días.

El conglomerado empresarial liderado por el magnate mexicano Carlos Slim, a través de las firmas Operadora Cicsa y FCC Construcción, resultó ganador de una de las licitaciones de infraestructura más importantes del país. El proyecto contempla una inversión superior a los 31 mil millones de pesos destinados a la conectividad, caminos y modernización ferroviaria.

El ambicioso plan de desarrollo incluye la construcción y gestión de más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos dentro de una ruta estratégica nacional, formando parte fundamental del programa federal para la reactivación de los trenes de pasajeros —específicamente en el tramo que comprende la ruta Saltillo-Nuevo Laredo—. Las empresas de Slim obtuvieron la puntuación más alta tras competir con otros gigantes de la construcción.

De acuerdo con el calendario oficial proporcionado por las autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), los trabajos físicos en campo darán inicio a finales del mes de septiembre. La ejecución de esta compleja obra tendrá un plazo estimado de 960 días naturales, movilizando una vasta cadena de suministro y generando miles de empleos directos e indirectos en la región norte de México.

El proceso de adjudicación cumplió con los lineamientos de revisión y transparencia exigidos para obras de gran envergadura, superando los filtros en los que participaron otras compañías de amplia trayectoria en infraestructura urbana y federal. Con este contrato, el corporativo reafirma su papel protagónico en la ejecución de los proyectos prioritarios de conectividad del país.

La obra promete transformar radicalmente el comercio, el tránsito vehicular y el transporte de pasajeros, consolidando corredores logísticos más eficientes y seguros. Las autoridades federales vigilarán el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega y los estándares de calidad establecidos en el contrato multimillonario.