El 26 de noviembre de 2019, Amado Marcelino García Cruz, que se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal en Tulcingo de Valle, estaba en su día de descanso, cuando recibió un mensaje presuntamente enviado por un compañero para que se presentara a una reunión convocada en las instalaciones de la alcaldía.

Salió de su domicilio ubicado en el municipio vecino y cercano de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, para dirigirse a dicho evento, pero durante su desplazamiento hacia Tulcingo de Valle, informó a la familia que era necesario su presencia en la ciudad de Puebla, sin precisar en qué punto, pero después, ya no hubo comunicación con su familia y desde esa fecha, al año 2026, desconocen de su paradero, sin avance en las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Al momento de su desaparición ocurrida en la zona urbana de Tulcingo de Valle, tenía 32 años, algunas características físicas son: una cicatriz en la frente, lunar color rojo en la espalda, granos en mano y talón derecho.

En cuanto a vestuario llevaba en esa fecha, una playera color verde pistache, con la palabra “New York”, pantalón de mezclilla color azul y tenis café.

Familiares, amigos y habitantes de ambos municipios, continúan compartiendo su fotografía y la información oficial en redes sociales, convencidos de que cualquier dato podría ser clave para encontrarlo, pero mantienen firme la esperanza que, en cualquier momento, van a tener algún dato que les permita dar con su paradero.

En el año 2022, trascendió que Amado Marcelino fue víctima de homicidio cometido por el entonces comandante, Maurilio Herrera Quiroz alias “El Mawi”, pero esta hipótesis no ha convencido del todo a la familia e insiste en su localización.

Los números telefónicos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), para la aportación de información sobre Amado Marcelino García Cruz son: (2229 2146402, (222) 2146405, correo electrónico: boletín. desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx y whatsapp (221) 2838142.

En la Fiscalía de Investigación Regional de Chiautla de Tapia (FIRCT), se inició la Carpeta de Investigación CDI394/2019/CHIAUTLA.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aplica del 20 al 27 de junio de 2026 su Proceso de Admisión en modalidad digital desde casa, tanto para aspirantes a nivel medio superior como superior, en las fechas y horarios asignados previamente a cada participante.

Los resultados se publicarán el 18 de julio a partir de las 10:00 horas en el portal autoservicios.buap.mx, en el apartado de Admisión 2026, ingresando con el usuario y contraseña generados durante el registro.

El procedimiento es el mismo para ambos niveles.

Los aspirantes a preparatoria o bachillerato presentarán el EXANI-I-BUAP, mientras que quienes buscan ingresar a licenciatura realizarán el EXANI-II-EPIU (Evaluación del Perfil Integral Universitario).

Todo el proceso será monitoreado en tiempo real por la universidad.

Para garantizar la validez del examen, la BUAP exige que los aspirantes cumplan las siguientes condiciones durante toda la evaluación:

Mantener encendidas la cámara y el micrófono en todo momento
Permanecer solos en el espacio asignado
Realizar una grabación de 360 grados del entorno antes de iniciar
Acreditar su identidad al inicio de la prueba

Objetos y conductas prohibidos que pueden cancelar el examen
La BUAP advierte que interrupciones en la visibilidad del aspirante, como salir del encuadre, mala iluminación o accesorios que oculten el rostro, serán motivo de observación o sanción.

Queda estrictamente prohibido apagar la cámara o el micrófono durante la prueba.

Entre los objetos no permitidos dentro del espacio de evaluación se encuentran:

Teléfonos celulares y tabletas
Relojes inteligentes y auriculares
Cámaras adicionales y lentes inteligentes
Monitores duales y materiales de apoyo
La institución señala que compartir reactivos, cambiar de lugar o abandonar el espacio durante el examen son incumplimientos graves.

Las sanciones pueden incluir la cancelación del examen o la suspensión para participar en procesos de admisión de la universidad por hasta tres años.

Quienes resulten aceptados deberán iniciar su proceso de inscripción en agosto de 2026.

Los aspirantes a nivel superior deberán presentar su certificado de estudios legalizado o copia del documento que acredite que está en proceso de legalización.

La convocatoria de inscripción se publicará en admision.buap.mx.

Por rentar sus predios a la empresa Colorado EcoTerra, siete familias de San Gabriel Chilac sufrieron el corte de su toma de agua potable. A través de una asamblea, los Ramales determinaron imponerles una multa de 50 mil pesos por haber arrendado sus terrenos a la compañía; sin embargo, al no poder cubrir el pago, decidieron suspenderles el servicio.

La mañana de este viernes surgió una inconformidad entre habitantes de San Gabriel Chilac. Desde 2025, la empresa Colorado EcoTerra buscó instalar invernaderos en ese municipio y en los límites con Tehuacán, por lo que algunos pobladores rentaron sus predios para dicho proyecto. No obstante, los Ramales consideraron esta acción como una traición, al señalar que la empresa podría afectar el suministro de agua en la comunidad.

Pese a que la compañía no concretó la instalación de los invernaderos en la zona, se llevó a cabo una asamblea comunitaria en la que se determinó sancionar con una multa de 50 mil pesos a quienes rentaron sus tierras. A los involucrados se les otorgó un plazo para cubrir el pago; sin embargo, consideraron excesiva la cantidad y decidieron no liquidarla.

Como respuesta, este viernes, habitantes de la comunidad se concentraron en cada una de las viviendas de las familias sancionadas para realizar el corte del suministro de agua potable, argumentando que la medida fue aprobada conforme a sus usos y costumbres.

Aunque algunos integrantes de los 52 Ramales señalaron que la mayoría estuvo de acuerdo con la sanción, también hubo voces inconformes que consideraron que la multa debió aplicarse a la empresa y no a los habitantes que decidieron arrendar sus predios.

El corte de agua a estas siete familias se suma a casos similares ocurridos en Coxcatlán y San José Miahuatlán. Sin embargo, en esos municipios los afectados recurrieron a organismos de derechos humanos, los cuales ordenaron la reconexión del servicio al considerar que el acceso al agua es un derecho humano que debe garantizarse sin restricciones. (