El conglomerado empresarial liderado por el magnate mexicano Carlos Slim, a través de las firmas Operadora Cicsa y FCC Construcción, resultó ganador de una de las licitaciones de infraestructura más importantes del país. El proyecto contempla una inversión superior a los 31 mil millones de pesos destinados a la conectividad, caminos y modernización ferroviaria.

El ambicioso plan de desarrollo incluye la construcción y gestión de más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos dentro de una ruta estratégica nacional, formando parte fundamental del programa federal para la reactivación de los trenes de pasajeros —específicamente en el tramo que comprende la ruta Saltillo-Nuevo Laredo—. Las empresas de Slim obtuvieron la puntuación más alta tras competir con otros gigantes de la construcción.

De acuerdo con el calendario oficial proporcionado por las autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), los trabajos físicos en campo darán inicio a finales del mes de septiembre. La ejecución de esta compleja obra tendrá un plazo estimado de 960 días naturales, movilizando una vasta cadena de suministro y generando miles de empleos directos e indirectos en la región norte de México.

El proceso de adjudicación cumplió con los lineamientos de revisión y transparencia exigidos para obras de gran envergadura, superando los filtros en los que participaron otras compañías de amplia trayectoria en infraestructura urbana y federal. Con este contrato, el corporativo reafirma su papel protagónico en la ejecución de los proyectos prioritarios de conectividad del país.

La obra promete transformar radicalmente el comercio, el tránsito vehicular y el transporte de pasajeros, consolidando corredores logísticos más eficientes y seguros. Las autoridades federales vigilarán el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega y los estándares de calidad establecidos en el contrato multimillonario.

Propone la presidenta Sheinbaum iniciativa para exigir nacionalidad única a aspirantes presidenciales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió formalmente al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional orientada a regular los requisitos para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. El proyecto establece de manera explícita la obligatoriedad de renunciar a cualquier otra nacionalidad en caso de contar con doble ciudadanía.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta presidencial, la medida busca garantizar absoluta lealtad a la nación y evitar posibles conflictos de interés o lealtades divididas en el ejercicio del más alto cargo público del país. La iniciativa plantea modificar diversos artículos constitucionales para blindar los puestos clave de toma de decisiones soberanas.

El documento detalla que las personas que posean doble nacionalidad desde su nacimiento o por naturalización deberán realizar los trámites legales correspondientes de renuncia previa antes de registrarse formalmente como candidatos a la presidencia de la república. Con ello se pretende homologar criterios de elegibilidad bajo un principio estricto de soberanía nacional.

La propuesta generó inmediatas reacciones y debates al interior de las distintas bancadas parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión. Mientras algunos sectores respaldan la medida como un acto de congruencia patriótica, legisladores de oposición han anunciado que analizarán a detalle el impacto de la reforma en los derechos políticos de los ciudadanos.

Se espera que en los próximos días comiencen las discusiones formales en comisiones unidas para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal. El proceso legislativo requerirá de consensos calificados debido a su naturaleza de carácter constitucional.

Derivado de las investigaciones ministeriales en torno a los delitos en materia de hidrocarburos, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Fernando Farías Laguna. Al imputado se le atribuye su presunta participación directa en una red de contrabando de combustible, comúnmente conocida como huachicol fiscal, la cual operaba de manera ilegal evadiendo impuestos y afectando las finanzas del Estado mexicano.

De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), Farías Laguna habría operado como una pieza clave dentro de una estructura dedicada a la introducción ilícita de petrolíferos provenientes del extranjero. Las autoridades federales documentaron diversas irregularidades en la importación de carburantes, los cuales ingresaban al país simulando permisos y eludiendo los aranceles fiscales correspondientes.

Durante la audiencia inicial, los representantes del Ministerio Público federal aportaron los datos de prueba necesarios para convencer al juzgador de la probable responsabilidad del imputado. Entre las evidencias destacan registros aduanales, transferencias bancarias y análisis financieros que apuntan hacia una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculada al tráfico de hidrocarburos.

El juez de control determinó otorgar un plazo razonable para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la defensa y la fiscalía podrán aportar elementos adicionales. Asimismo, se ratificaron las medidas cautelares pertinentes para garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso legal sin riesgo de evasión de la justicia.

Con esta resolución, el gobierno federal reafirma su combate frontal contra el contrabando de combustibles y la corrupción institucional que permite el blanqueo de capitales mediante el llamado huachicol fiscal. Las autoridades continuarán con las indagatorias para deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles cómplices que formen parte de esta red de delincuencia organizada.