El exgobernador de Puebla y actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rechazó las versiones que apuntan a un presunto daño patrimonial en el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Salud durante el ejercicio fiscal 2024.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, calificó las interpretaciones de «limitadas» y «ambiguas», asegurando que su gestión al frente del Ejecutivo estatal, del 2023 al 2024, actuó siempre bajo la más estricta legalidad y transparencia.
«Niego categóricamente que exista un daño patrimonial», sentenció.

Como principal argumento, el funcionario federal destacó que las Cuentas Públicas de los dos años de su administración ya han sido fiscalizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Afirmó que ambos ejercicios fiscales concluyeron sin registrar observaciones en el uso, aplicación y comprobación de los recursos públicos.

Asimismo, detalló que el proceso de entrega-recepción de la administración saliente, y en específico el del OPD «Servicios de Salud del Estado», se solventó de manera puntual ante los requerimientos de los órganos fiscalizadores, contando con toda la documentación comprobatoria en los expedientes respectivos.

El exgobernador hizo llamado a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que esclarezca y se pronuncie formalmente sobre el estado real que guarda la Cuenta Pública, tanto de su gestión personal como del área de Salud.

Céspedes Peregrina advirtió que la emisión de los Informes Individuales de Resultados por parte de la ASE puede generar observaciones preliminares, pero enfatizó que estas no deben asumirse como sinónimo de culpabilidad ni como un daño patrimonial consumado.

«Es necesario agotar los procesos legales y administrativos correspondientes, así como esperar el desahogo de las mismas para conocer con precisión sus alcances y resultados», explicó.

Finalmente, el titular del INM lamentó que informes con lecturas sesgadas generen desinformación, al mismo tiempo reafirmó, que la transparencia es una responsabilidad institucional y un deber ciudadano que asumió con congruencia.

La supuesta doctora Diana Alejandra Palafox Romero, propietaria de la clínica clandestina “Detox” y señalada por la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, carece de cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. La búsqueda bajo los criterios oficiales arrojó que no existe ningún registro que la acredite formalmente para ejercer la medicina en el país.

El hallazgo confirma que el establecimiento operaba en la ilegalidad sobre la Calzada Zavaleta número 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista. A pesar de no contar con la preparación académica avalada por las autoridades sanitarias, la mujer ofrecía y ejecutaba procedimientos estéticos de alta complejidad y riesgo, ostentándose falsamente como especialista médica ante sus clientes.

Antes de que las plataformas digitales del centro estético fueran dadas de baja tras el escándalo, el negocio promocionaba tratamientos invasivos y no invasivos. Entre su catálogo destacaban procedimientos peligrosos como la eliminación de grasa localizada en el abdomen, atenuación de cicatrices, corrección de flacidez facial y terapias para mejorar el tono de la piel.

La falta de acreditación profesional robustece la hipótesis de una negligencia médica oculta tras el caso de Blanca Adriana, de 37 años. La víctima presuntamente convulsionó el pasado lunes 18 de mayo durante una intervención abdominal por la que pagó 14 mil pesos, tras lo cual la supuesta doctora y sus cómplices la secuestraron inconsciente.

Actualmente, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y una asistente del consultorio son los objetivos prioritarios de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado. Los tres sospechosos huyeron del lugar tras incomunicarse y abandonar sus labores, dejando de responder las llamadas de los familiares y obstruyendo los accesos al tercer piso del edificio.

Las investigaciones ministeriales escalaron tras ejecutarse un cateo en el consultorio “Detox”, donde agentes investigadores recolectaron indicios sobre el funcionamiento del local. Paralelamente, las autoridades lograron localizar el vehículo Mini Cooper, con placas XVD-894-B de Tlaxcala, utilizado por los presuntos charlatanes para trasladar a la víctima, aunque la unidad estaba vacía.

Por su parte, usuarios en redes sociales han inundado de reclamos y advertencias los perfiles digitales que aún quedan de la clínica, los cuales apenas sumaban seis publicaciones desde noviembre de 2025. Colectivos y ciudadanos exigen justicia bajo consignas como “no vayan, desaparecen gente” y demandan la localización inmediata de la madre de familia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla mantiene el estatus de Blanca Adriana como desaparecida bajo la activación del Protocolo Alba, sin precisar si continúa con vida. Los allegados de la víctima exigen el pronto arresto de la falsa médica y su personal, quienes montaron un consultorio improvisado que operó durante tres meses sin supervisión.

El Gobierno de Puebla anunció un programa de inversión por mil millones de pesos para intervenir la infraestructura del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, con obras de ampliación, reconstrucción y nuevos servicios.

Durante una conferencia en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta informó que el proyecto se ejecutará en coordinación con el gobierno federal y la empresa estatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, responsable de la operación de la terminal.
El plan contempla la construcción de una nueva sala de llegadas, ampliaciones en distintas áreas operativas, así como la intervención del estacionamiento y la actualización de los sistemas de manejo de equipaje.

El mandatario estatal indicó que las obras buscan modificar la configuración actual de la terminal y aumentar su capacidad de atención.

También se prevé el desarrollo de un hotel en las inmediaciones del aeropuerto en coordinación con el sector privado, toda vez que aerolíneas como Volaris han planteado la necesidad de contar con hospedaje cercano para la atención de pasajeros ante cancelaciones o retrasos.

La terminal aérea es operada por la empresa estatal bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2023, luego de que el gobierno federal, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, transfiriera la administración desde Aeropuertos y Servicios Auxiliares como parte de una reconfiguración del sistema aeroportuario.

La administración estatal señaló que la inversión busca fortalecer la operación de rutas nacionales e internacionales desde Puebla, incluidas conexiones hacia ciudades como Nueva York, Houston y Los Ángeles.